Carlos Pérez Aguirre

Necesario aclarar,  que la duda queda

Los titulares de dos de los tres poderes de la entidad han sido cuestionados en la prensa por su posible relación familiar cercana con la delincuencia organizada; es el caso del titular del poder ejecutivo que fue señalado en la revista de circulación nacional Proceso y el caso también del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local.
Si a ello añadimos que el titular del poder judicial, hoy demuestra su nula independencia del ejecutivo e incluso se presta como su subordinado, tenemos en los tres poderes –ejecutivo, legislativo y judicial– un panorama sumamente delicado en cuanto a la contención y control de la delincuencia en el ámbito estatal, pues debemos resaltar que no obstante las observaciones reseñadas en los medios no ha existido ningún desmentido rotundo de parte de los señalados, lo cual entraña o un gran desdén para con sus gobernados –que merecen un desmentido contundente de esa información– o bien un silencio de oprobio.
Todo ello merece a mi modo de ver una necesaria e inmediata atención, tanto de los ciudadanos como. sobretodo, de las autoridades en cuestión, y ello lo señalo por que se pueden desprender lecturas inadecuadas de ese hecho.
Baste señalar que a partir de que el nuevo gobierno tomó posesión se disparó la violencia en la entidad. Hoy el secuestro, los asesinatos, la extorsión y el robo en todas sus formas crecen a niveles insoportables para una sociedad expoliada por la problemática cotidiana. Así, a los centros turísticos que venían disminuyendo la atracción de turismo por la falta de modernización y diversificación de sus servicios, se añadió la delincuencia que prácticamente dejó sin turismo extranjero o de alto nivel de gasto a los destinos, ello independientemente de las agresiones constantes a los habitantes de estos centros.
Pero en otras ciudades y pueblos de la entidad guerrerense las cosas no marchan mejor, muy por el contrario. En toda la entidad el ciudadano se enfrenta a esos delitos ya apuntados (el secuestro, los asesinatos, la extorsión, el robo en todas sus formas) y la falta de seguridad en general que hace peligrosa cualquier zona o colonia de la entidad. Esta situación ha propiciado la necesidad de contar en algunos poblados con policías comunitarios, figura que existía antes de que la espiral delincuencial explotara y que es una figura a la que, según todo parece indicar, la población les tiene confianza.
Así también han surgido los llamados grupos de autodefensa cuyas características en algunos casos aun no quedan muy claras. Ante estas figuras el gobierno estatal y la dirigencia del congreso del estado han tenido posiciones ambiguas, según sea su interés, el cual no han trasparentado a la sociedad. En estos momentos de agudo conflicto y de parálisis de la autoridad estatal y crisis institucional, es necesario no solo para la convivencia social sino para la literal sobrevivencia e integridad del ciudadano, que se sepa, se conozca y se diga, con mucha claridad y transparencia de que lado están actuando las autoridades y los “representantes” populares.

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