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Reitera la regidora Sofía Mendoza que Bernardo Ortega no debe intervenir en el caso del alcalde de Iguala

*Rechaza que busque “politizar” la solicitud de destitución de José Luis Abarca Velázquez tras el asesinato de Arturo Hernández Cardona

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La regidora Sofía Mendoza Martínez demandó al Congreso local que legisle para que, de alguna manera, las autoridades sean más tolerantes a las formas de lucha de las organizaciones sociales, para evitar actos de barbarie como el homicidio de tres dirigentes de Unidad Popular, a principios de junio.
Señaló que como funcionarios y representantes en puestos de elección popular, saben que van a encontrar oposición y críticas de diferentes actores sociales y políticos, “pero no es justificación para que los discriminen, ni violenten sus derechos humanos”.
En el caso del activista y militante del PRD, Arturo Hernández Cardona, así como Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, ejecutados luego de su  desaparición forzada cuando terminaron un bloqueo en la autopista, “fue una barbarie”, dijo.
En consulta telefónica, la regidora de Iguala aclaró que este será el último llamado que hará a los diputados locales en su exigencia de justicia, después que solicitó un juicio político contra el alcalde José Luis Abarca Velázquez, a quien señala como presunto responsable del asesinato de los dirigentes de UP.
Insistió en que el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, no se involucre en la demanda de juicio político contra el alcalde de Iguala, porque son compañeros de la misma corriente política, Nueva Izquierda (NI), y que encabezó la defensa del presidente municipal cuando fue señalado por representantes sociales y dirigentes nacionales del grupo Izquierda Democrática Nacional (IDN).
Tras la petición de la regidora de Iguala, Ortega Jiménez respondió el jueves pasado que no se va a excusar de intervenir en el caso, como integrante de la Comisión Instructora, porque Mendoza Martínez quiere “politizar” el procedimiento.
Sin embargo, la regidora aseguró que ella no busca politizar el tema, pues si fuera así estaría llamando a otras corrientes del PRD, pero la demanda la presentó ella en su calidad de regidora ante el Congreso.
Reconoció que sólo tiene el respaldo de IDN porque es simpatizante, pero sólo como integrante del grupo al interior del PRD.
“Yo sólo pido justicia, pero la decisión está en la mayoría del Congreso local”, señaló resignada, porque dijo que ya no puede hacer más y no va a exponerse ella y a sus compañeros a una nueva campaña de hostigamiento.
Confió en que la mayoría de los diputados tome la decisión que convenga para mejorar la política del estado.
Por otra parte, denunció que las investigaciones del triple asesinato están trabadas y los deudos están en espera de que las autoridades correspondientes los llamen para notificarles sobre sus avances, “nosotros ya los hemos buscado mucho”.
Ratificó que el hostigamiento que denunciaron luego de las agresiones a los dirigentes de UP, se redujo, pero aún tienen temor de que se atente contra ellos.
De su incorporación a las actividades del cabildo, indicó que continúa en aparente normalidad, aunque después del homicidio de sus compañeros nada puede ser igual.

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