A partir del martes podría la Comisión Instructora dictaminar el retiro de Abarca Velázquez: Flores Majul

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso, Omar Flores Majul, informó que el martes próximo, a partir de las pruebas que presentaron la regidora de Iguala, Sofía Mendoza Martínez, y el alcalde José Luis Abarca Velazquez, los diputados podrían dictaminar “otorgar suspensión” al presidente municipal para que se separe del cargo en tanto se le investiga.
El presidente municipal perredista de Iguala es señalado por su correligionaria de ser el autor intelectual del asesinato del dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, y dos dirigentes más que fueron desaparecidos el 30 de mayo con otras cuatro personas.
Sofía Mendoza solicitó al Congreso local abrir un procedimiento de revocación de mandato contra el alcalde de Iguala, pues argumentó también hostigamiento contra los dirigentes de la UP.
El jueves fue el último día que tuvieron las partes (el alcalde y la regidora) para presentar pruebas a favor y en contra, respectivamente; ese día Sofía Mendoza también solicitó a la Comisión Instructora que la recibieran el lunes.
La audiencia fue solicitada para realizar una ampliación de pruebas y sea escuchada por el pleno de la Comisión, y el alcalde solicitó de manera verbal también un encuentro con los diputados que llevan el procedimiento de revocación de mandato, pero será el martes.
El presidente de la Comisión Instructora afirmó que a partir de las audiencias, la comisión ya podría otorgar una suspensión al alcalde, como lo establece el artículo 95 de la Ley Orgánica del municipio libre del estado.
Ese artículo señala que “el Congreso del estado por mayoría de sus miembros podrá suspender o revocar el cargo o el mandato a los miembros del Ayuntamiento”, esto en caso de que incurrieran en irregularidades.
Esas irregularidades pueden ser el abandono de sus funciones sin causa justificada por un periodo de más de quince días; inasistencia consecutiva a tres sesiones de cabildo sin causa justificada; un delito doloso en el cual se haya dictado auto de formal prisión, o la omisión reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones.
También por usurpación o uso indebido y sistemático de atribuciones, incapacidad física o legal, por adoptar conductas sistemáticas y graves que afecten al buen gobierno y administración del municipio, o incurrir en responsabilidad por infracciones administrativas reiteradas y graves.
Así como por llevar a cabo conductas ilícitas en contra del ayuntamiento y por existir un impedimento de hecho o de derecho que le obstaculice cumplir con su función.
También establece que cualquier ciudadano, incluidos los miembros de los ayuntamientos, podrá denunciar a un edil cuando incurra en cualquiera de las irregularidades
Establece que el denunciante tendrá un plazo de 5 días naturales para rendir las pruebas y hacer los alegatos necesarios, y que la Comisión Instructora dispondrá de por lo menos un día natural para presentar su dictamen al Congreso.
Apunta que el Poder Legislativo debe resolver en un plazo no mayor de tres días naturales si hay o no motivos para ordenar la suspensión o revocación, “pudiendo desechar las pruebas que con motivo de su desahogo pudiesen propiciar una dilación que afecte el buen gobierno y la eficiente administración del municipio”.
Por último se apunta que la suspensión no podrá tener una duración de más de 180 días naturales y cesará en cuanto “recaiga resolución inatacable” de desafuero o en el juicio político, cualquiera que sea el caso.
El priista Omar Jalil Flores afirmó que “si vemos que hay y existen elementos, automáticamente solicitamos una suspensión del alcalde”, lo que significa que el presidente municipal tendría que separarse de sus funciones mientras se le investiga por las acusaciones en su contra, para que la Comisión Instructora pueda dictaminar el caso.

Bernardo Ortega no se excusará de conocer el caso

A pesar de las reiteradas solicitudes de la regidora para que el diputado presidente de la Comisión de Gobierno y vocal de la Comisión Instructora, Bernardo Ortega Jiménez, se excuse de conocer el procedimiento de revocación de mandato de Abarca Velázquez, éste anunció que no lo hará.
Flores Majul afirmó que los argumentos que presentó la regidora son de poco peso para que Ortega Jiménez se excuse de conocer el caso.
La regidora argumenta que Bernardo Ortega es integrante de la coordinación política estatal de Nueva Izquierda (NI), corriente perredista en la que milita José Luis Abarca Velázquez, y que el diputado podría ser parcial al interior de la Comisión.
Omar Flores dijo que Sofía Mendoza debe presentar pruebas contundentes para demostrar que “existe una tendencia directa a favor del alcalde”.