Funcionarios de Aguirre ven complicaciones por el crimen organizado

* Comparecen ante diputados el se-cretario de Fomento Turístico y el di-rector general de Transporte

* Vio-lencia y bloqueos, el principal obstáculo para el turismo, dice Javier Aluni

* En todas las reuniones y entrevistas en EU les preguntaban a él y al gobernador por la inseguridad en Guerrero, subraya

* En 2008 llegaron 110 cruceros y este año sólo “hemos recibido un par de ellos”, ejemplifica

*Opera la delincuencia en el transporte del estado, acepta Larequi

Las autoridades firman los permisos porque las amenazan, denuncian choferes y ha-blan de Chilpancingo y de la ruta Tla-pa-San Luis Acatlán

Violencia y bloqueos, el principal obstáculo para el turismo, dice Javier Aluni a diputados

*En su comparecencia en el Congreso, el secretario del ramo dice que en todas las reuniones y entrevistas en EU les preguntaban a él y al gobernador por la inseguridad. En 2008 llegaron 110 cruceros y este año sólo “hemos recibido un par de ellos”, ejemplifica

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La violencia, la inseguridad y los movimientos sociales y de autodefensa son las causas que han provocado el declive del turismo en el estado, coincidieron diputados locales y funcionarios de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).
Ayer, el titular de la dependencia, Javier Aluni Montes, compareció ante la Comisión de Turismo del Congreso local, a solicitud de los diputados.
La comparecencia fue en la sala José Francisco Ruiz Massieu, donde el secretario dijo que su principal trabajo es cambiar la percepción de inseguridad que hay en el estado pero que los hechos violentos escapan de su competencia.
Reprochó que todo el trabajo de la dependencia lo “tiran a la basura esos hechos”, y sostuvo que la violencia en el estado es generada por la presencia de grupos delincuenciales, manifestaciones de sectores como el magisterio y movimientos de autodefensa.
La reunión duró cinco horas, de las cuales aproximadamente una hora y 40 minutos los utilizó el titular de la dependencia para leer un abultado informe apoyado por diapositivas, en las que mostró graficas, imágenes y recuadros con información, porcentajes y fechas.
La comisión está integrada por el presidente Oliver Quiroz Vélez, Karen Castrejón Trujillo, Ana Lilia Jiménez Rumbo y Rodolfo Escobar Ávila, pero también estuvieron los diputados Arturo Álvarez Angli, Omar Flores Majul, Amador Campos Aburto, Valentín Rafaela Solís y Alejandro Carabias Icaza.
Aluni Montes presentó una cronología de los hechos que afectaron el turismo en el estado; habló de la alerta sanitaria que se presentó en el país por la propagación de la influenza H1N1, de la pérdida de los spring breakers en 2010, de la alerta decretada en varios países, principalmente en estados de Estados Unidos, para visitar Acapulco y zonas específicas de Guerrero, y de “la caída” de las visitas de cruceros de 2010 a 2013.
Habló de “los problemas de inseguridad” que se han registrado en el estado, de la pérdida del Tianguis Turístico que representaba el “0.50 por ciento de la ocupación anual”, y dijo que Guerrero “se está quedando obsoleto en muchas cosas”, por eso justificó la obra del Acabús y el macrotúnel en Acapulco.
En el caso de los spring breakers, comentó que de los 26 mil 800 que llegaron a Acapulco en 2007, la cantidad se fue reduciendo año con año, y el año pasado llegaron sólo 128, según las gráficas que mostró, pero no especificó la pérdida económica.
Sobre los cruceros, comparó que en 2008 hubo 110 y este año sólo “hemos recibido un par de ellos”.
Habló de servicios turísticos, capacitación a prestadores de servicio, campañas en medios de comunicación, impresiones en la Lotería Nacional, el Festival Acuérdate de Acapulco, entre otras publicaciones y eventos, con lo que dijo se ha logrado al cierre del trimestre 48.8 por ciento de ocupación hotelera.
El secretario de Turismo anunció que ya tiene lista una propuesta de reforma a la ley estatal de turismo, y explicó que plantea regular la oferta extra hotelera, la cual entregarán al secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para que la envíe al Poder Legislativo.
Dijo que también proponen modificar la ley estatal para que la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) obligue a todos los hoteles y prestadores de servicios a pagar impuestos.
Dijo que también propondrá crear un padrón oficial y único para que se conozca quiénes son los empresarios que nunca han pagado impuestos.
Otra de las propuestas es crear el Fideicomiso Turístico de Chilpancingo, en Iguala, La Unión y Coyuca de Benítez.
El titular de la dependencia insistió en que las empresas que se han retirado de Acapulco o del estado en los últimos años regresarán hasta cuando cambie la percepción de inseguridad en el estado.
La diputada del PVEM, Karen Castrejón, preguntó al secretario “en qué nos abona traer celebridades” a Acapulco y cuáles son los beneficios concretos en empleo y derrama económica, “además de sus números y graficas”.
El secretario afirmó que no se pueden exigir resultados extraordinarios porque hay problemas, a los “que no somos ajenos”, y que no tiene nada que ver con la Sefotur, “es un problema grave que va tirándonos todo a la basura”, en referencia a la inseguridad y los problemas sociales que originan bloqueos carreteros.
Afirmó que eso “no nos permite tener mejor ocupación”, por eso dijo que hasta julio de 2009 no se ha podido rebasar el porcentaje de ocupación hotelera.
De las “visitas” de “celebridades” afirmó que son precisamente para mejorar la percepción, y sin eso dijo que “no hubiéramos logrado ni siquiera esa ocupación”, pues la mala imagen del estado y de Acapulco al exterior es lo que más daña al sector turístico.
“Podemos salir, cantar, gritar y anunciar un Acapulco, pero sabemos de todos los hechos que ocurren a diario”, afirmó, y explicó que lo que pretende es que las personas crean que en Guerrero hay un clima de paz y que por eso “las celebridades”, porque dijo que “la gente se mueve por ellos”.
Diputados como Omar Flores, Karen Castrejón y Ana Lilia Jiménez Rumbo preguntaron cuánto costó al gobierno del estado traer a las “celebridades” al estado.
El titular de la Sefotur afirmó que las empresas televisoras pagan a los artistas porque la dependencia no tiene dinero para hacerlo, y dijo que el convenio firmado este año con Televisa, que organiza el Fes-tival Acpulco, es de 50 millones de pesos.
La perredista Ana Lilia Jiménez preguntó cuándo se vería reflejada en el estado la promoción turística que realizó en junio por Estados Unidos con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque dijo que pareciera que fue un viaje de placer.
Aluni contestó que el viaje no fue de placer, y leyó el itinerario de las reuniones en el país vecino; dijo que en todas las reuniones y entrevistas les preguntaban de la violencia que hay en Guerrero.
El funcionario subrayó que no puede hacer mucho para mejorar la situación del turismo en el estado, porque hay un “clima incierto, ese es mi temor, el problema son las condiciones”, e insistió en que gran parte de su trabajo “se va abajo” con los hechos violentos que ocurren con frecuencia en el estado.
El priista Flores Majul preguntó cuáles son los proyectos institucionales para los que están etiquetados 50 millones de pesos.
El diputado consideró que la promoción “no va a bastar en ningún destino si no hay un manejo de crisis”, si no se resuelve el problema de inseguridad, porque dijo que no hay coordinación entre las dependencias estatales.
Criticó que el gobernador promueva a las “policías comunitarias”, y dijo que “mientras usted trata de matizar la violencia y el problema de inseguridad en el estado para mejorar la percepción, también se le dota de equipos de telecomunicaciones, uniformes y armas” a los grupos de autodefensa.
La respuesta del funcionario fue que tiene que salir a promover el turismo, y que no lo dejará de hacer sólo porque “están ocurriendo hechos de violencia todos los días, porque nos vamos a morir, pero eso no me corresponde”, e insistió en que está enfocado en mejorar la percepción del estado.

Opera el crimen organizado en el transporte  del estado, acepta en su comparecencia Larequi

*En la ruta Tlapa-San Luis Acatlán y en Chilpancingo hay unidades del servicio público de la delincuencia y tienen que pagar cuotas pero ninguna autoridad ha intervenido, se quejan choferes. Las autoridades firman los permisos porque los amenazan, denuncian. En la capital del estado el problema es de seguridad, afirma el funcionario

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Transportistas de La Montaña y Chilpancingo denunciaron que el transporte público está supeditado al crimen organizado, utiliza las unidades para operar y las autoridades no han hecho nada al respecto, lo cual aceptó el director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del estado, Juan María Larequi Radilla durante su comparecencia en el Congreso.
Al respecto no hubo cuestionamientos ni propuestas de los diputados de la Comisión de Transportes que preside el de Movimiento Ciudadano, Evencio Romero Sotelo, por lo que los transportistas se retiraron molestos ante la falta de compromisos de las autoridades.
Larequi Radilla se deslindó de la problemática y aseguró que esto ya lo sabe la Secretaría de Seguridad Pública del estado, pues él lo ha denunciado, y que de ahí no tiene más qué hacer al respecto.
Los choferes informaron que las zonas en donde operan integrantes del crimen organizado son Chilpancingo y la ruta de Tlapa a San Luis Acatlán.
Al funcionario se le mencionó que ha habido protestas en el Palacio de Gobierno, en las oficinas de la Comisión Técnica y diferentes denuncias de los transportistas porque en la dependencia se otorgan permisos y concesiones sin que se realicen los estudios socioeconómicos ni las depuraciones correspondientes, y Larequi Radilla contestó que está pendiente de cada asunto, pero no abundo en ningún problema.
Durante más de dos horas, se comprometió a realizar estudios técnicos socioeconómicos en aquellos municipios donde le solicitaban concesiones, para determinar si realmente se necesitan más unidades del transporte público o existe saturación.
Aseguró ante los presentes que todos están siendo atendidos y que los permisos han sido suspendido de manera inmediata por la manera irregular en que se entregaron, por lo que realizará estudios en cada una de las regiones a partir de agosto y septiembre.
Los transportistas tenían la opción de cuestionar al funcionario estatal o plantearle nuevos casos que no se tenían contemplados a la hora de realizarse esta comparecencia pública.
Choferes de taxis de la Montaña y de la zona Centro denunciaron ante los diputados locales que hay unidades del servicio público propiedad de la delincuencia organizada y ninguna autoridad ha intervenido en esta situación.
Durante la que parecía una reunión de trabajo, porque no hubo señalamientos de los diputados, se expusieron 26 casos que presentaron los transportistas ante esta comisión para que Larequi Radilla diera una explicación de cada uno y en su caso las alternativas para darles solución, en su mayoría se trataba de permisos temporales o concesiones irregulares.
Nicolás Diego Herrera, dirigente de COTIG en la Montaña tomó la palabra para denunciar públicamente que en la ruta Tlapa-San Luis Acatlán han detectado a ocho unidades que trabajan de manera irregular, que no cuentan con placas ni una concesión y además son propiedad del crimen organizado.
En la misma tónica la dirigente de Urvans de la UPECH de la capital de la ruta San Mateo- Jacarandas, Cira Rodríguez García denunció que hay dos combis que no pertenecen a la ruta pero los choferes que las manejan aseguran haber pagado una cuota para entrar.
Al término de su intervención el líder transportista Nicolás Diego Herrera explicó que estas ocho unidades al servicio de grupos delictivos llevan trabajando en esta ruta cerca de ocho meses, y a pesar de que no cuentan con los papeles que se necesitan para ofrecer el servicio ninguna autoridad ha metido las manos, pues temen sufrir represalias.
“Están trabajando otras personas sin placas, con unidades rotuladas y concretamente cuando el delegado hace operativos nos infraccionan a los ya establecidos, y a los que no tienen nada que ver en la ruta no, y le preguntamos qué es lo que pasa y sólo nos responde que no quiere tener problemas porque les hacen llamadas”, enfatizó.
Mencionó que ha recibido llamadas telefónicas en las que lo han amenazado por hacer pública la denuncia, incluso que todos los transportistas que trabajan la ruta Tlapa-San Luis Acatlán deben pagar una cuota de mil 500 pesos al año a la delincuencia para que les permitan circular.
Señaló que denunciaron ante las autoridades de su región y al mismo director Transportes el problema al que se enfrentaban desde hace ocho meses, pero no fueron ayudados.
“El gobierno está siendo rebasado, por eso es que las policías comunitarias están tomando la fuerza que corresponde porque son los que reciben  los problemas y tratan de resolverlo”, agregó.
Comentó que dirigió un documento a la Policía Comunitaria de San Luis de Acatlán, quienes pidieron a los transportistas que hagan los señalamientos para que los vehículos que están trabajando puedan ser detenidos, aunque reiteraron que esperan que Transportes los convoque a todos.
Dijo que hace dos meses pidieron ayuda a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, justo después de que se informó a las autoridades sobre los hechos, quienes hicieron caso omiso.

Las Urvan de Chilpancingo

“No es la primera vez que nos ha pasado esto, tiene muchos años  que se sufren las anomalías, se han metido camionetas irregulares”, denunció en la comparecencia la dirigente transportista de Chilpancingo, Cira Rodríguez García. Dijo que se metieron combis con una orden de pago que no especifica ruta,  “sólo dice pago y ampliación de ruta”.
Explicó que el delegado de Chilpancingo otorga el documento, pero dice que lo firma porque “lo tienen amenazado”. “El ciudadanos tiene miedo, su servidora tiene miedo, tengo familia, detrás de mi tengo  22 compañeros  que tiene miedo pero  quieren que se aplique la ley y las autoridades no lo están haciendo”, señaló.
Relató que en una ocasión habló con uno de los choferes que había entrado, quien temblaba suplicando que lo dejara trabajar porque dijo que había pagado mucho dinero para trabajar en la ruta.
Comentó que en ese momento el chofer no contaba con ningún documento, pero para la segunda vez ya tenía un documento firmado por el delegado de Chilpancingo, Eurípides Navarrete Vázquez, quien aseguró que está bajo amenaza.
“A mí el delegado me comentó que está rebasado el gobierno por la delincuencia, él me dice: yo quiero renunciar, pero no me dejan”, agregó.
Señaló que las autoridades no quieren “echarse” el compromiso de enfrentar a quienes meten a las Urvans, y que incluso le dijeran que ella fuera quien las enfrentara y parara la circulación.
“Nos están dejando a nosotros solos, las autoridades no quieren participar, me he dado   a la tarea para que tránsito intervenga y me han dicho ellos mismos que tienen miedo”, denunció.
Tras escuchar los testimonios, Larequi Radilla se deslindó de esta situación y dijo que al tratarse de la participación de grupos de la delincuencia organizada es un problema que le compete a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado.
“Yo creo que en el pasado me han preguntado por qué circulan taxis, es algo que se ha trabajado con Seguridad Pública”, agregó.
Reiteró el posicionamiento de la Comisión Técnica de Transportes, que ya había dicho que en Chilpancingo el transporte es un “asunto de seguridad que le compete al estado y no a la Comisión”, aunque no se ha visto que se haga algo al respecto, y el mismo alcalde Mario Moreno Arcos se ha deslindado.
Ninguno de los diputados presentes hizo un posicionamiento al respecto, ni llamó la atención de la Dirección de Transportes, situación que lamentaron los transportistas, pues esperaban encontrar el respaldo de los legisladores, quienes prefirieron evadir el tema.