El caso del ex subprocurador liberado confirma la impunidad en el caso Ayotzinapa, advierten

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente del Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Solano Ramírez, recordó que ningún funcionario involucrado en el desalojo a balazos de estudiantes el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, ha sido castigado, y la libertad absoluta del ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente ratifica que no hay condiciones que garanticen justicia por las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron ese día.
Insistió en que desde el principio, la comunidad estudiantil denunció que la escena del crimen donde fueron ejecutados extrajudicialmente Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, fue alterada y las averiguaciones previas mal integradas, incluso distorsionadas, y las cosas siguen igual, “como si no hubiera pasado nada”.
Mientras, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, consideró que la liberación del ex funcionario fue por un acuerdo político entre el gobierno estatal y el federal, pues hasta pidió su reivindicación, así como hicieron con el entonces procurador, Alberto López Rosas, que regresó al gabinete estatal como secretario del Trabajo y Previsión Social.
Hernández Paz y Puente no fue procesado por ninguna de las violaciones graves a los derechos humanos —tortura, tratos crueles y degradantes, y la privación de la vida de dos estudiantes— cometidos por elementos de distintas corporaciones policiacas, entre ellos ministeriales bajo su responsabilidad. Fue señalado por la liberación de 24 normalistas detenidos tras el desalojo violento.
Según Hernández Paz y Puente, liberado el viernes tras un año de prisión, el auto de libertad absoluta confirma que su actuación fue la adecuada y que no es responsable de los delitos de evasión de la justicia imputados por la federación, y hasta agradeció al gobernador Ángel Aguirre Rivero por la confianza que le dio cuando le otorgó el nombramiento de subprocurador.
En consulta telefónica, Solano Ramírez señaló que los deudos han demandando justicia por dos años sin resultados, y “nos queda claro que todos los casos van a quedar impunes en el país”, y confirmó que con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como ya habían anunciado.
Insistió en que las autoridades no han realizado una sola actuación que conduzca a la verdad de los hechos, cometidos por el mismo Estado.
Por separado, Olivares Hernández recordó que la detención de los estudiantes tuvo la intención de criminalizar a los jóvenes de Ayotzinapa, para inculparlos incluso de la muerte de sus compañeros.
De acuerdo con los criterios de la liberación de Hernández Paz y Puente, el defensor de derechos humanos señaló que no queda duda de que los jóvenes no debieron ser detenidos, y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debió consignar a los policías que dispararon contra los estudiantes durante el desalojo.
Consideró que se cierra otro caso en torno al 12 de diciembre sin responsables, y coincidió en que la ejecución extrajudicial de dos normalistas va a terminar en la impunidad.
Sin embargo, señaló que también los pone en alerta porque las autoridades podrían reactivar las averiguaciones previas en el fuero común y federal contra los estudiantes
Explicó que los representantes legales de los alumnos no se involucraron en el caso Hernández Paz y Puente, porque tenía la intención de criminalizar a los estudiantes que se manifestaron en la Autopista del Sol, después de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero les canceló en tres ocasiones una audiencia.
Recordó que si el ex subprocurador dejó en libertad a los estudiantes “fue por una presión social muy fuerte que se estaba generando después de la ejecución de Jorge Alexis y Gabriel, “para evitar que el movimiento entrara a otros niveles”.
Recriminó que en lugar de investigar y dar con los responsables por los jóvenes muertos, los funcionarios de la PGJE optaron por detener a los muchachos, “y en una salida política los dejaron en libertad”.
Cuestionó que si Hernández Paz y Puente fue exonerado por dejar a los estudiantes en libertad, la Procuraduría General de la República (PGR) debió integrar otro proceso por la mala actuación de las autoridades locales.
Pero fueron las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las que ubicaron a los policías que asesinaron a dos jóvenes en la manifestación, y evidenció la actuación ineficiente que en muchas ocasiones ha tenido el Estado, dijo.
Sólo falta que en el Congreso local deseche la demanda de juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, o los exonere “para cerrar el marco de impunidad y las malas actuaciones de la PGJE”, concluyó.