Tlachinollan

Resistir desde la raíz

Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan

Los movimientos sociales más emblemáticos de Guerrero mantienen la fuerza y la consistencia de su lucha porque cuentan con raíces profundas que están nutridas por la cultura de la comunitariedad. No son invenciones del gobierno, ni hechuras de partidos políticos o de líderes trepadores. Son creaciones inéditas de los pueblos que se organizan para enfrentar a los grupos de poder que andan en busca de tesoros inexplorados. Nacen con la misión clara de defender el patrimonio comunitario, de no permitir más expoliaciones ni dejar que personajes políticos disfrazados de emisarios del desarrollo capitalista impongan proyectos que atentan contra los derechos de la colectividad.
Un movimiento ejemplar fue el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas de Guerrero (CPNAB) que nació el 21 octubre de 1990 en San Agustín Oapan, municipio de Tepecoacuilco, con la participación de 22 autoridades comunitarias de varios municipios de las regiones Centro y Norte del estado. Surge como respuesta a las amenazas del gobierno federal de construir la presa hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo, sin tomar en cuenta el parecer de las poblaciones que serían afectadas. Desde 1959 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició los estudios de factibilidad sobre el río Balsas, realizando varios trabajos de gabinete y de campo sin informar a las autoridades comunitarias, mucho menos para pedirles permiso.
Fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se vive el momento más álgido de la lucha del CPNAB, que también tuvo que lidiar con el gobernador José Francisco Ruiz Massieu, quien además de su actitud despótica, siempre los despreció y discriminó. Las órdenes presidenciales estaban dadas y por lo mismo tenían que cumplirse al pie de la letra, sin embargo, los nuevos tecnócratas del poder nunca imaginaron la capacidad organizativa de los pueblos del Alto Balsas que con diversas acciones de protesta impedirían la construcción de la hidroeléctrica.
Por esos años aún no se manejaban los instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin embargo, lo inédito fue que el CPNAB se reivindicó como pueblo indígena y pugnó por su derecho a la libre determinación. Desde esa identidad y perspectiva política urdió su lucha que alcanzó una gran solidaridad internacional, al grado que obligó a Salinas de Gortari a cancelar la construcción de la megapresa.
La lucha del CPNAB fue ardua, se organizaron para bloquear la carretera federal; para impedir los trabajos del puente Solidaridad. Realizaron una huelga de hambre en la ciudad de México. En diferentes lugares realizaban mítines, plantones, marchas y una denuncia persistente a nivel internacional. El primero de octubre de 1992 participaron en la marcha por la dignidad y la resistencia indígena, auspiciada por el Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia y que duró 11 días. El 12 de octubre entraron al Zócalo y con una gran afluencia de organizaciones hicieron público su rechazo a las celebraciones del V centenario, denominado como el Encuentro de los Dos Mundos. En ese marco protestaron contra la construcción de la presa hidroeléctrica y evidenciaron la embestida neoliberal emprendida con el salinato, que quiso mostrar su ponch político con los pueblos nahuas del Alto Balsas de Guerrero. Se topó con la dignidad de acero de quienes están asentados en una de las regiones más prolíficas a nivel cultural y que con gran orgullo han sabido honrar a sus antepasados.
El CPNAB logró su objetivo y llegó a Los Pinos para reunirse con el presidente Salinas y el gobernador José Francisco Ruiz Massieu y firmar la cancelación del proyecto hidroeléctrico de San Juan Tetelcingo, el 13 de octubre de 1992.
Otra experiencia que ha dado grandes lecciones al estado y al país es la que iniciaron varias comunidades del municipio de Acapulco, quienes desde hace 10 años conformaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop). Se trata de un movimiento de ejidos y comunidades campesinas de raigambre indígena que se encuentran asentadas en las márgenes del río Papagayo y que están adscritas a los municipios de Acapulco, San Marcos y Juan R. Escudero.
La construcción de la hidroeléctrica se planeó desde 1976, cuando se realizaron los primeros estudios técnicos. Entre 1983 y 1984 realizaron el estudio socio-ambiental y en 1988 realizaron la investigación sobre la viabilidad geológica del proyecto. Todos estos estudios fueron actualizados en 1993 y 1994, y para el 2002, ya contaban también con el estudio de viabilidad económica y se iniciaban los trabajos de pre-construcción para concluir con el diseño de la obra. Durante todo este tiempo, a ninguna autoridad se le ocurrió informar, mucho menos consultar a los pobladores sobre la construcción de la hidroeléctrica y todas sus implicaciones, sociales, ambientales, culturales y económicas. Se les excluyó de cualquier tipo de participación, remarcando no sólo el trato discriminatorio, sino violentando sus derechos fundamentales como dueños de estos territorios. En el 2003 la Comisión Federal de Electricidad, como siempre lo ha hecho, entró a la zona donde se construiría la cortina, metió maquinaria pesada, cavó varios túneles para iniciar los trabajos de la represa.
Ante esta actitud pendenciera de las autoridades federales y estatales, el Cecop se erigió como el baluarte de los derechos de los pueblos y asumió la defensa de su territorio. No se arredró, por el contrario tuvo que mostrar su fuerza y su decisión de parar los trabajos. Sacó a los ingenieros y demás trabajadores y retuvo la maquinaria. Con los machetes desenfundados y exponiendo el físico el Cecop inició las primeras batallas, que serían muy densas y desproporcionadas, por la forma tan burda como el gobernador Zeferino Toreblanca y su secuaz Alberto López Rosas utilizaron a los policías, estatales, ministeriales y municipales para impedir la participación de los miembros del Cecop en las asambleas amañadas que fueron organizadas por personal de la Procuraduría Agraria.
La estrategia belicosa del gobierno zeferinista buscó colocar al Cecop fuera de la legalidad; los persiguió y se empeñó en dividir a las comunidades y  encarcelar a sus líderes. Puso operadores políticos que se aprovecharon de su desconocimiento sobre lo que han representado las luchas campesinas en el estado. Esta falencia del déspota acapulqueño fue una gran oportunidad para que los liderzuelos pudieran lucrar con su obsesión enfermiza de querer resultados inmediatos, con el fin de satisfacer su ego y  poner la primera piedra para la construcción de la presa.
Los líderes históricos supieron sortear todas estas acciones ilegales que buscaron diezmar su fuerza, pero sobre todo su legitimidad. Lograron diseñar una estrategia organizativa que no sólo se circunscribió al ámbito de la lucha frontal para impedir las asambleas espurias, sino que se trabajó en el campo legal para impugnar las actas de asamblea y fundamentar la ilegalidad de estas acciones realizadas por los mismos funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la ley en el campo agrario.
Junto a este trabajo fino se complementó una campaña nacional e internacional centrada en los derechos de los pueblos a poseer sus territorios y a tener que ser informados y consultados, apegándose a los principios internacionales del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Esta lucha local logró escalar a nivel internacional al presentar el caso La Parota ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que lo retomó en su cuarto informe periódico sobre México en mayo de 2006. La visita de los relatores de la ONU, Rodolfo Stavenhagen y Miloon Kothari a la región del Papagayo colocó el tema de la hidroeléctrica como un caso de preocupación internacional por las violaciones a los derechos humanos que se consumarían contra la población que sería afectada por esta obra. Esto mismo hizo el Tribunal Internacional del Agua, que es un tribunal de conciencia que está presidido por personalidades de alto prestigio internacional, quienes emitieron un veredicto contra las autoridades mexicanas por permitir que se construyan obras sin tomar en cuenta la opinión de las poblaciones que serán afectadas y porque además son proyectos inviables, económica, social y ambientalmente.
Toda esta lucha de diez años es una enseñanza para las nuevas generaciones que ya viven en carne propia las políticas excluyentes que les impiden acceder a las instituciones educativas, por falta de espacios y de recursos económicos. No sólo a los jóvenes se les expulsa de los espacios educativos, sino a los trabajadores se les están conculcando sus derechos laborales como pasa con los maestros y maestras.
Esto mismo enfrentan los pueblos campesinos e indígenas que están siendo expulsados de sus territorios para que puedan entrar las empresas mineras con el fin de realizar trabajos de exploración y explotación de los minerales como el oro y la plata.
El extractivismo neoliberal promovido por los gobiernos de cualquier cuño partidista no tiene otra intención que seguir colonizando los territorios sagrados de los pueblos originarios, quienes han sabido preservar los bienes naturales y han respetado a la madre naturaleza porque saben que también tiene derechos que están íntimamente ligados con los derechos comunitarios, con las raíces de nuestra identidad.
Los diez años del Cecop representan la lucha larga pero exitosa de un movimiento que no ha sucumbido ante el poder, que ha sabido sacar la casta ante los gobernadores que amedrentan, engañan y traicionan a sus líderes y a todo el movimiento. Ha costado encarcelamientos, asesinatos, amenazas, hostigamientos, divisionismos, campañas de desprestigio, precariedad económica y abandono de los gobiernos, su osadía de ser un movimiento independiente, que se entiende desde el sentir de los pueblos y que por definición se  opone al proyecto millonario que sólo hará más ricos a los que gozan de todos los privilegios del poder.
Esta celebración sólo tiene sentido si seguimos luchando para construir un mundo donde los indígenas y campesinos sean reconocidos y respetados por los gobiernos y los nuevos poderes de las multinacionales, como constructores de una sociedad basada en la justicia, la equidad, la diversidad y la igualdad social y económica. Resistir desde la raíz es la mejor manera para reconstruir desde abajo a nuestro país.