Envía la CNDH recomendación al gobierno de Aguirre por los 22 michoacanos levantados

*Ni las autoridades estatales ni la PGR han investigado el caso ocurrido en diciembre de 2010, denuncia el organismo nacional. Los turistas llegaron a Acapulco para divertirse y fueron plagiados en Costa Azul

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) incluyó en su informe semestral una recomendación que envió a la Procuraduría General de la República y al gobierno del estado, respecto al grupo de 22 michoacanos que fueron levantados en el 2010 en Acapulco, a donde llegaron de vacaciones, y cuyo caso hasta ahora no ha sido esclarecido por las autoridades federales y estatales.
El informe de la CNDH, que preside Raúl Plascencia Villanueva, corresponde al primer semestre del año y en él registró 4 mil 803 expedientes de queja, lo que representa un promedio mensual de 800.
En el documento se señala que los principales hechos violatorios presentados del 1 de enero al 30 de junio de 2013, fueron prestar indebidamente el servicio público (mil 158 quejas); faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones (861); omitir proporcionar atención médica (721) y detención arbitraria (688).
Asimismo, trato cruel, inhumano o degradante (590); omitir fundar el acto de autoridad (378); omitir motivar el acto de autoridad (355); obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad a que se tiene derecho (318); omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho (303); negligencia médica (273); incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo (267); prestar indebidamente el servicio de educación (263), y omitir prestar el servicio en materia de electricidad (238).
El organismo informó, asimismo, que hubo dos recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); dos a la Secretaría de Marina (Semar), dos al gobierno de Sinaloa; igual número al gobierno de Veracruz; una al Instituto Nacional de Antropología e Historia; una a la Procuraduría General de la República y otra al gobierno del estado de Guerrero.
La recomendación que va dirigida al gobernador Ángel Aguirre Rivero está relacionada con los 22 michoacanos que llegaron en diciembre de 2010 al puerto de Acapulco, en donde fueron levantados por un grupo de hombres armados.
El documento de la CNDH recuerda que las víctimas, de 22 a los 58 años, procedentes del estado de Michoacán, llegaron a bordo de cuatro vehículos con placas de esa entidad federativa a la ciudad de Acapulco con el objetivo de vacacionar.
“Las víctimas se dirigieron concretamente a la colonia Costa Azul, para buscar un lugar dónde hospedarse durante su estancia en dicho puerto; al estacionar sus vehículos, V21 y V22 se separaron del grupo para buscar información de hospedaje y comprar cigarros, cuando un grupo de personas armadas se acercó a los automóviles estacionados, amagando y privando de su libertad a las personas que se encontraban en su interior”, señala el documento.
Añade que por lo anterior, V21 y V22 (denominaciones que la CNDH emplea para proteger la identidad de los testigos) acudieron a la Agencia del Ministerio Público del fuero común en Atención al Turista del Distrito Judicial de Tabares en Acapulco, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, con la finalidad de presentar la denuncia de hechos correspondiente.
“Sin embargo, de acuerdo al dicho de Q1, las víctimas fueron ignoradas por los servidores públicos que los atendieron; situación que se repitió con posterioridad con otros familiares, debido a que tales servidores públicos les negaron información respecto el estado que guardaban las indagatorias iniciadas”, indica.
La recomendación, que también es enviada al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, recomienda a los gobiernos estatal y federal que se concluyan las investigaciones correspondientes, a fin de que esclarecer los hechos y se aplique la ley a los responsables de la privación de la libertad de los 22 ciudadanos de Michoacán.
El organismo de derechos humanos concluye que tanto la PGR como el gobierno de Guerrero no han realizado las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables de la privación de la libertad de los 22 ciudadanos que llegaron al puerto de Acapulco con intenciones de divertirse.