Asesinatos y pobreza demuestran que las autoridades son el problema, dice Tlachinollan

*Los datos del Inegi, prueba de que los gobiernos estatal y  federal no han podido resolver los problemas, dice Abel Barrera. La violencia tiene su origen en la pobreza y el desempleo, señala el párroco Jesús Mendoza Zaragoza

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo ayer que los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), que ubican a Guerrero como una de las entidades de mayor índice de homicidios y de pobreza alimentaria, “son el mejor examen para reprobar a las autoridades estatales y federales porque no han podido resolver de fondo estos dos problemas que afectan a los ciudadanos”.
Mientras tanto, el padre Jesús Mendoza Zaragoza opinó que estos resultados demuestran que la violencia tiene su origen en factores económicos y que se genera principalmente por el desempleo, por lo que sugirió descubrir esa relación que existe entre la violencia y la pobreza para resolver de fondo estos problemas que aquejan a la sociedad.
Según los datos del Inegi, Guerrero ocupó el tercer lugar en número total de asesinatos en 2012 con 2 mil 684, sólo abajo de Chihuahua y el estado de México. También reveló que cuatro de cada 10 guerrerenses no cuenta con una adecuada alimentación.
Consultado vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que los resultados del Inegi constatan de manera oficial lo que para la población ha sido una tragedia.
Agregó, además, que no deben desligarse estos datos de la situación de ingobernabilidad que se vive en el estado y que afecta a las comunidades, sobre todo de lugares como Acapulco y de regiones como Costa Grande y Costa Chica.
Agregó que los resultados demuestran, asimismo, que la forma como se ejerce el poder en Guerrero, “caciquil y desde las mafias”, más que resolver sus problemas daña al pueblo.
Agregó que son “el mejor examen para reprobar a las autoridades estatales y federales, porque evidencian que no han podido resolver de fondo los problemas por los que llegaron al poder”, y se comprueba que “son las autoridades el problema”.
Barrera Hernández añadió que, afortunadamente, “si algo ha sucedido en Guerrero, es que la sociedad se ha sabido organizar, puesto que, por ejemplo, el problema de la violencia y la inseguridad se ha podido resolver desde la base comunitaria, nombrando como sus policías a personas honorables y de prestigio”.
Dijo que esas comunidades organizadas han podido demostrar que el problema de la inseguridad no se resuelve con mayor inversión militar, sino mediante la organización comunitaria y tomando en cuenta las formas de desarrollo comunitario.
Añadió que eso implica, también, repensar las formas como deben ejercerse los recursos y trasladarlos a la organización comunitaria.
Dijo que los resultados del Inegi demuestran que con dinero no se resuelve la pobreza, sobre todo cuando se “individualiza el recurso y se utiliza para generar clientela política”, y citó los casos de los programas Oportunidades, el del Fertilizante y el de Pesa.
Mientras tanto, el padre Jesús Mendoza explicó que estos resultados deben servir para analizar el vínculo que existe entre la pobreza y la violencia, “y descubrirse en qué sentido la situación de pobreza incide en la delincuencia”, pues, explicó, “la violencia tiene su origen en factores económicos”.
Por lo tanto opinó que tiene que descubrirse esa relación para resolver de fondo esos os problemas.
Explicó que los gobiernos han pretendido dar una respuesta a partir del desarrollo social, pero dijo que la pobreza no se resuelve con asistencia social, sino que tiene que atenderse más de fondo y de manera estructural y distribuir la riqueza de una manera mejor y de forma más equitativa.