Silvia Castillo

Los desplazados, invisibles para el gobierno de Guerrero

Tlacotepec ha sido desde hace años un lugar de paso temporal para los desplazados forzados, que vienen de las diferentes comunidades del municipio de Heliodoro Castillo. Estos desplazamientos se han dado en operación hormiga, sin que las autoridades municipales y estatales se den por enteradas, y son las familias y amistades quienes dan apoyo y cobijo a quienes dejan su casa, sus tierras de siembra y sus pertenencias abandonadas. En algunos casos logran vender sus propiedades o sacar sus pertenencias,  otras las dejan en total abandono sin poner denuncia alguna ante las autoridades por la falta de confianza en éstas, por miedo y por su propia seguridad.
Ante la indiferencia y abandono de las autoridades municipales y estatales, las familias y las comunidades han asumido su propia seguridad y han aprendido a sobrevivir a salto de mata muchas de ellas, con la perdida de integrantes de su familia, sin que se inicie alguna denuncia al respecto, debido a la lejanía de las comunidades y por la complicidad e indiferencia del Ministerio Público adscrito a ese municipio, el cual ha permanecido por varios años inerme y solo conteniendo a los pobladores para que se abstengan de denunciar; ahí queda todo, como un secreto a voces.
No es desconocido que la violencia en la sierra de Tlacotepec ha sido muy alta desde hace más de veinte años, y una clara muestra fue la masacre de 23 personas el 9 de febrero de 1993 precisamente en Huautla, entre las cuales murieron varios menores de edad. Este acontecimiento al parecer no enseñó nada a las autoridades, la atención a este atroz acontecimiento se resolvió estableciendo una unidad habitacional llamada Viudas de Huautla en la ciudad de Chilpancingo, y con ello se olvidó todo.
A veinte años de ese acontecimiento,  nuevamente la gravedad de la situación en que viven las y los habitantes de la sierra del municipio General Heliodoro Castillo, sale a luz pública, con el desplazamiento de más de mil 500 personas de diferentes comunidades a la cabecera municipal Tlacotepec. El éxodo de desplazados inició el día 24 de julio, y fueron las familias y amigos quienes instalaron los primeros albergues en sus casas particulares, con apoyo de la ciudadanía, y de acuerdo a sus posibilidades, entre ellos se apoyaron para acompañarse a sus comunidades a recoger su ganado y pertenencias, mientras las autoridades permanecían inmóviles y ajenas al problema que cada día se agudiza más. Hasta que el día 29 de julio un grupo de personas de la comunidad de Tetela del Río llegó directamente al Ayuntamiento para pedir ayuda, es que las autoridades municipales se involucraron y habilitaron la Casa de Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec donde empezaron a llegar los saludos de solidaridad de políticos y funcionarios, más que el apoyo real.
La respuesta que hasta ahora se ha dado es paliativa: discursos, promesas, saludos, pero ningún compromiso que realmente garantice los derechos de las personas desplazadas; no hay conciencia, conocimientos, ni voluntad de las autoridades municipales y estatales responsables de atender y garantizar la protección de estas personas. A pesar de que el desplazamiento forzado en Guerrero es un problema real, no se está reconociendo, pues no hay ni políticas públicas, protocolos o algún programa que se encargue de atender esta situación.
Este acontecimiento en el municipio de Heliodoro Castillo es un llamado a las autoridades de todos los niveles, para que vuelvan su mirada a la realidad de miles de familias en la sierra. Es el momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y garanticen los derechos a los desplazados,  es una alerta para prevenir una masacre como la del 9 de febrero de 1993 en la comunidad de Huautla de ese municipio.

* Instituto Guerrerense de Derechos Humanos AC.