Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

De Calderón a Peña, violencia y pobreza

En el combate al crimen organizado el gobierno federal privilegia “el uso de la inteligencia por encima del uso de la fuerza”, dijo el martes pasado el presidente Enrique Peña Nieto. Esa declaración se originó en el desconcierto que el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet causó en el gobierno, pero también tuvo el propósito de acentuar las diferencias que existen entre la gestión del PRI y la anterior del panista Felipe Calderón. Ese mismo día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el número de homicidios acumulados a lo largo del sexenio de Calderón, una cifra por encima de todas las estimaciones previas: 121 mil muertes violentas.
Pero no se percibe por ningún lado ni la inteligencia ni la coordinación en las acciones federales contra el narcotráfico, y lo confirma la ejecución misma de Salazar Ramonet, según las autoridades ocurrida por un descuido del propio vicealmirante y no por una acción planeada de la delincuencia de Michoacán. Al contrario de la pretensión de Peña Nieto, la fuerza parece desatada en el país tanto como sucedía durante el mandato de Calderón. El sábado, por ejemplo, hubo grandes brotes de violencia en Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas, y en Michoacán y Guerrero continúa el estado permanente de guerra. No hay en todo ello nada que muestre una diferencia con el pasado reciente, y aun cuando el nuevo gobierno sostiene que este año ha empezado a disminuir el derramamiento de sangre, lo cierto es que las cosas siguen igual, y hasta la desesperación gubernamental recuerda los arrebatos y palos de ciego calderonistas.
El caso del vicealmirante y el inconfundible descenso de Michoacán hacia la ingobernabilidad, con territorios en poder del crimen, llevaron a las autoridades federales a anunciar hace una semana que “el gobierno de la República entrará en pleno a Michoacán”. Si las palabras empleadas por el secretario de Gobernación significan lo que significan, esa decisión supone la desaparición de poderes en ese estado, que por otro lado hace mucho que en los hechos dejaron de funcionar. Asimismo, la congruencia tendría que conducir al gobierno de Peña Nieto a proceder de la misma forma en Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa, por mencionar solamente aquellos estados en los que el crimen organizado ejerce un control generalizado, pues no es preciso esperar a que en estos lugares caigan abatidos jefes de la Marina o el Ejército para que el Estado se sienta herido.
En Guerrero, es evidente que el gobierno de Ángel Aguirre está rebasado por la fuerza del narcotráfico, el cual gobierna toda la sierra y produjo ya una emergencia humanitaria al obligar a miles de personas a abandonar sus comunidades. Ni siquiera puede decirse sorprendido el gobierno del estado por el crecimiento del crimen organizado en esa amplia región, pues este fenómeno es consecuencia de la pasividad de Aguirre Rivero. Hace dos años, el entonces procurador Alberto López Rosas advirtió que en esa zona el narcotráfico ejercía abiertamente su predominio, pero nadie hizo nada. Ni ahí ni en ningún otro lado. Excepto las policías comunitarias y ciudadanas, el único freno real que existe en Guerrero frente a las bandas criminales.
Si la “entrada” del gobierno federal a Michoacán no es un desplante publicitario como los de Calderón, las autoridades deberán realizar algo más que proclamar el empleo de la inteligencia, generar resultados visibles y trasladar esa estrategia a las otras zonas del país que padecen el mismo suplicio.
El saldo heredado por Calderón en el combate al narcotráfico se parece mucho a los resultados negativos que dejó en el combate a la pobreza. También en esta materia los datos del Coneval son peores de lo que se sabía o se creía, pues en 2012 hubo medio millón más de pobres que en 2010, y sumaron 53.3 millones al terminar el gobierno de Calderón. No ofrece mucho consuelo el hecho de que en ese lapso el número de personas en pobreza extrema se haya reducido de 13 millones a 11.5 millones, pues no son tantos y de todos modos siguen pobres.
Resulta difícil conciliar la imagen que Calderón pretende forjarse como un buen presidente y la imagen que proyectan los datos y las estadísticas de su gobierno. Por increíble que parezca, sus apologistas sostienen que México disfruta hoy los logros del gobierno calderonista “en seguridad, economía, combate a la pobreza, en vivienda, en salud”, como dijo hace dos meses el responsable de los spots en la campaña de Calderón en 2006, el publicista español Antonio Solá, artífice del spot con el que el PAN descalificó a Andrés Manuel López Obrador por ser “un peligro para México”.
La divulgación de las estadísticas negativas –detrás de las cuales hay personas de carne y hueso expuestas a una variedad de sufrimientos cotidianos– demuestra la incompetencia o negligencia de los gobernantes, o de eso más su corrupción. Pero a la sociedad no le es permitido ejercer su derecho a imponer un castigo, pues la frase ceremonial “que la nación me lo demande” carece de concreción. Se alegará que ese castigo se produce en las elecciones, pero entonces o ya se olvidó quién hizo qué, o entra en acción el aparato de partido que manipula y compra las conciencias. El hecho es que pese al desastre que dejó en el país, Felipe Calderón cobra todavía como ex presidente y goza de impunidad como Carlos y Raúl Salinas de Gortari,

Guerrero: entre la pobreza y la violencia

El informe del Coneval confirmó que Guerrero permanece como el segundo estado más pobre del país, después de Chiapas. Pero lo noticiosos es que el tercero ya no es Oaxaca, sino Puebla. Oaxaca es ahora el cuarto. Y el informe del Inegi confirmó que Guerrero comparte con Chihuahua el primer lugar por su elevado índice de homicidios por cada cien mil habitantes: 77, 12 más alto que el que le atribuyó hace tres meses el Plan Nacional de Desarrollo, de 65. El gobernador Ángel Aguirre dijo entonces que ese dato era mentira.

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