Se unen UPOEG y CRAC para impedir el desarme de sus policías

*En El Pericón retienen durante tres horas a Martínez Garnelo, Iñaki Blanco, Ernesto Aguirre, Salvador Anaya y Juan Salgado Brito

*Al final los funcionarios  consiguen que salgan los soldados retenidos más de 34 horas sin que éstos hayan devuelto las armas que decomisaron a cinco policías ciudadanos

*Después de las movilizaciones coordinadas, ambas organizaciones consiguen una reunión por separado con el gobernador

*Por la mañana Aguirre había declarado que mantenía el diálogo con la UPOEG y al mismo tiempo amenazó con desalojar los bloqueos de la CRAC

*Toman miembros del Sistema de Seguridad Ciudadana el Palacio Municipal de Tierra Colorada y exigen la salida de la alcaldesa panista

 

La Comunitaria cierra carreteras en Tixtla, Ayutla y La Montaña

Bloquea la Policía Comunitaria las carreteras en Tixtla;  pide que pare el hostigamiento del Ejército y la Marina

*Acuerdan una mesa de trabajo con el gobernador Aguirre. La CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso también bloqueó en Ayutla, Olinalá, Huamuxtitlán, Tlapa y Tlatlauquitepec. Los cierres de las vías fueron permanentes durante siete horas y continuaron intermitentes desde las 8 de la noche

Lourdes Chávez

Tixtla

Integrantes de la Policía Comunitaria de la zona Centro y Montaña pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso del municipio de Ayutla, bloquearon por siete horas de forma permanente la carretera de cuota Tierras Prietas-Tixtla y el libramiento a Chilpancingo, para exigir respeto a los acuerdos pactados con el gobierno estatal y con los mandos castrenses a la institución de seguridad y justicia comunitaria.
Después de las 3 de la tarde la protesta se volvió intermitente porque se acordó vía telefónica una mesa de trabajo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que convocaría a mandos del Ejército y la Marina para discutir los desarmes que han hecho a los grupos de la Policía Comunitaria en sus territorios, informó el coordinador  de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González.
El dirigente de la institución de seguridad y justicia indicó que acudirían a la cita todos los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso que se manifestaron con bloqueos en Costa Chica, así como en Tlapa, Huamuxtitlán, Tixtla, Olinalá y el crucero de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac de la región Montaña.
A las 8 de la noche, una comisión de representantes de Policías Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ingresó a la residencia oficial de Casa Guerrero, para comenzar una mesa de trabajo con el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero.
Mientras en las regiones continuaban los bloqueos de manera intermitente que instalaron en la mañana para exigir una mesa de trabajo para discutir sus demandas con autoridades federales y estatales.
A las 10 de la noche aún no había información sobre el encuentro y no se confirmó si fueron atendidos por el Ejecutivo, como se acordó vía telefónica con los dirigentes, ni si llegaron llegaron los mandos del Ejército y la Marina que solicitaron los representantes de la Policía Comunitaria, para discutir sus demandas para tener libre tránsito en los territorios de influencia, sin ser detenidos por los soldados en los retenes que están distribuidos en todo el estado.
Por lo menos, a esa hora  continuaban el bloqueo de forma intermitente en el libramiento a Tixtla que comenzó a las 7:30 de la mañana y que se indicó continuarían durante el encuentro con las autoridades en Casa Guerrero.
Gonzalo Molina puntualizó que en el encuentro sólo estarán representantes de la Policía Comunitaria incorporada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y no del Sistema de Seguridad Ciudadana vinculados a la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) que también se manifestó ayer por el desarme el lunes de sus policías en el retén de El Pericón, del municipio de Tecopanapa.
Advirtió que en función de los acuerdos con las autoridades determinarían si se levantan de manera definitiva los bloqueos que colocaron en las vías de comunicación, pero como muestra de buena voluntad permitieron el paso de forma intermitente por la tarde-noche.
Desde las 7:30 de la mañana, integrantes de la Policía Comunitaria de los municipios de la Montaña, cerraron el paso del libramiento a Tixtla a unos metros del acceso a la cabecera municipal, y sólo permitieron el paso al traslado de enfermos y ambulancias.
Asimismo, cerraron el paso en el libramiento de cuota a la altura del entronque a Apango, Tixtla y Chilapa, y durante las primeras siete horas, muchos de los automovilistas regresaron por la vía de cuota porque no había ningún señalamiento ni agentes de tránsito que advirtiera de la movilización en el acceso en Tierras Prietas.
En tanto, los transeúntes optaron por cruzar a pie el bloqueo porque al otro lado había transporte esperando para continuar con el servicio a Chilpancingo, Tixtla o a otros municipios de la Montaña.
En el bloqueo de la cabecera municipal, el coordinador de la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, Miguel Vitrago Reyes, explicó que la protesta fue por el acoso constante de soldados de la Marina y del Ejército que detienen a sus compañeros y les quitan sus armas.
Recordó que se habían tenido reuniones con altos mandos castreses y el gobierno estatal para respetar sus usos y costumbres y el trabajo por la seguridad de las comunidades, “pero los acuerdos que se han tomado, los han echado a la basura, no los han tomado en cuenta”, denunció.
Por eso, argumentó que ayer protestaron también con bloqueos en Tlapa, Huamuxtitlán, Tixtla, Olinalá y en todos los lugares del territorio comunitario, “para que el gobierno entienda que nosotros lo único que que buscamos es darle tranquilidad y seguridad a los pueblos”.
Aclaró que en ningún momento la Policía Comunitaria  está en contra de las autoridades que trabaja honradamente, ni de la ciudadanía que se dedica a su trabajo, pero consideraron que era necesario manifestarse de esta manera para ratificar los acuerdos con las autoridades estatales  federales que los funcionario no han respetado.
Incluso, señaló que estas acciones también eran en respaldo a la UPOEG que ha sido desarmada por el Ejército como la CRAC en anteriores ocasiones, y recordó que cuando ellos se reunieron con el gobernador para hablar de las formas de organización de los pueblos para auto protegerse, la Policía Comunitaria fue invitada a las mesas de trabajo.
Sin embargo, recordó la propuesta que llevó el gobernador a esas reuniones fue la creación de la Policía Rural en lugar de las autodefensas que fue rechazada por los pueblos “porque estamos seguros que si se da esta integración, va a ser la misma actuación de las corporaciones”.
El gobierno del estado ha dicho que la CRAC va a continuar operando como lo hace 17 años, bajo la ley 701 que establece el reconocimiento de los Derechos y Culturas de los Pueblos Indígenas en Guerrero, sin embargo también ha señalado que los grupos que surgieron en los últimos años, al calor de la violencia, se someterían al proyecto estatal de Policía Rural.
Vitrago Reyes aclaró que la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, creada el 2 de julio de 2012, no tiene intención de ser parte de una Policía Rural, “nosotros nos conformamos por el pueblo y nos debemos al pueblo, no nos debemos al gobierno y seguiremos trabajando de la misma manera como se establece en nuestras normas”, aseguró.
Denunció que el gobierno estatal y federal están jugando con los pueblos porque había acuerdos y envían a los soldados a detenerlos, pero no resuelven los problemas de inseguridad y violencia que padecen en las comunidades.
Por lo tanto, demandó que pare el hostigamiento de los soldados y se permitan a la Policía Comunitaria salir de sus comunidades para ayudar a sus compañeros de otras localidades en problemas.
Recordó que hace unos meses secuestraron a un integrante de la PC de Tixtla y el grupo de Huamuxtitlán fueron a apoyarlos pero fueron detenidos en el camino por soldados de un retén.
Subrayó que si las policías comunitarias se están conformando es porque los tres gobiernos protege a los pueblos, y “el Ejército lo único que hace seguir hostigando  a la Policía Comunitaria para evitar que siga creciendo, sólo andan en las carreteas obstruyendo el trabajo que nosotros estamos haciendo”.

Retiene UPOEG tres horas a cinco funcionarios; libera a militares y tendrá audiencia con Aguirre

*Martínez Garnelo, Iñaki Blanco, Ernesto Aguirre, Salvador Anaya y Juan Salgado Brito acuden a El Pericón y consiguen que salgan los efectivos del Ejército retenidos más de 34 horas sin que éstos hayan devuelto las armas que decomisaron a policías ciudadanos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Funcionarios federales y estatales que acudieron a la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, a negociar la liberación de militares retenidos por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de varios municipios de la región de la Montaña y Costa Chica, también fueron retenidos por aproximadamente tres horas en esa localidad.
Sin embargo, finalmente, los funcionarios, al final no solamente lograron negociar su libertad, sino también la de los militares con el compromiso de que este miércoles los dirigentes de la organización serán recibidos en audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien atenderá sus demandas.
El grupo de funcionarios lo integraban el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el procurador general de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera; el operador del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre; el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Salvador Anaya del Carmen y el de Gobernación federal, Juan Salgado Brito.
Los funcionarios llegaron en un helicóptero a las cercanías de la comunidad de El Pericón en donde se encontraban cientos de miembros de la UPOEG encabezados por el dirigente Bruno Plácido Valerio, luego de que desde la mañana del lunes mantenían retenidos a unos 50 militares en respuesta a que éstos decomisaron cinco armas a elementos de la Policía Ciudadana, además de que eran acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada.
Al llegar, los funcionarios fueron retenidos por miembros de esa organización que amenazaron con mantenerlos también allí hasta que los militares les entregaran las armas a los policías ciudadanos.
Los funcionarios permanecieron en el campamento de los miembros de la UPOEG desde las 17:30 de la tarde hasta a las 20:50, cuando abandonaron la comunidad, igual que los militares que estaban retenidos por los integrantes de esta organización desde las 10 de la mañana del lunes pasado.
Aunque los funcionarios no podían salir hasta que firmaran una minuta de acuerdos, la dirigencia de la UPOEG negó que los funcionarios hayan sido privados de su libertad, pues según el promotor Gonzalo Torres Valencia, se mantuvieron todo ese tiempo dialogando, “pero no estuvieron retenidos los señores”, dijo.
Al final, los funcionarios pudieron abandonar la comunidad, luego de que se comprometieron a que este miércoles se reunirán con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, para atender sus demandas.
Mientras tanto, funcionarios y dirigentes de la UPOEG, convinieron en que el asunto de las armas que les fueron decomisadas por elementos del Ejército a cinco de los integrantes de la Policía Ciudadana, será tratado en otra reunión en la Secretaría de Gobernación, para ello será el gobernador quien gestionará el encuentro.
Tras estos acuerdos también los militares que decomisaron las cinco armas y acusados de vínculos con la delincuencia fueron liberados, sin que entregaran las armas motivo de su retención y de un bloqueo a la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande desde las 10 de la mañana del lunes hasta a las 9:15 de ayer.

Los militares no están retenidos, “sólo no podían salir”, dijo el gobernador

*Amagó la mañana de ayer con desalojar por la fuerza los bloqueos de la CRAC en Tixtla y Tierras Prietas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Tras los bloqueos de carreteras y la retención de unos 100 militares por miembros de la UPOEG, el gobernador Ángel Aguirre Rivero afirmó que ni su gobierno ni el Ejército caerán en “confrontaciones estériles” y que seguirán “privilegiando” el diálogo.
Sin embargo, advirtió que “de ser necesario procederemos al desalojo”, pero se refirió a los bloqueos que realizó la Coordinadora Regional de Autoridades Comuni-tarias (CRAC) en Tixtla y en Ayutla en demanda del cumplimiento a los acuerdos firmados en los que se estableció que no se les detendría ni desarmaría.
El gobernador fue entrevistado la mañana de ayer durante un recorrido en el Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla e informó que mantenía el diálogo con el dirigente de la UPOEG, Bruno Plá-cido Valerio, cuando todavía no se había logrado que los militares salieran de El Pericón.
Afirmó que los militares no estaban retenidos y que “sólo no podían salir de El Pericón”, y explicó que el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, ya estaba avanzando en las negociaciones con la UPOEG.
Pero insistió en que el bloqueo que realizó la CRAC en la entrada de Tixtla, frente al camino hacia la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y la del libramiento de Tierras Prietas-Tixtla, no tenía razón de ser.
Advirtió que si no se retiraba el bloqueo, “que encabeza el señor de nombre Gonzalo Molina (González, promotor de la CRAC)”, entonces el gobierno estatal está obligado a hacer cumplir la ley y “de ser necesario procederemos al desalojo”.
Afirmó que su gobierno privilegia el diálogo pero advirtió que “no podemos permitir que se cometan actos al margen de la ley”, e insistió que deberían retirarse los bloqueos en Tixtla y en Ayutla, y llamó a no utilizar “elementos de presión” y a que “privilegien el diálogo”.
Afirmó que estaba en constante comunicación con el comandante de la Novena Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, “y coincide en que no es sano llegar a confrontaciones estériles” y que no caerán en ninguna provocación.
Desplazados piden armas

Por otra parte, Aguirre informó que los habitantes desplazados de una comunidad de He-liodoro Castillo solicitaron al al-calde perredista Mario Alberto Chávez Carbajal que pidiera al gobierno estatal que los dotara de armas.
Desde el lunes 29 de julio por lo menos 13 comunidades de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan salieron de sus comunidades y se refugiaron en Tlacotepec y Huautla, huyendo de la violencia generada por un grupo de la delincuencia organizada, que identifican como La Familia Michoacana.
Ayer el gobernador dijo en la entrevista que el alcalde le confirmó que desplazados de “una comunidad” le solicitaron armas para “coadyuvar en la tarea de vigilancia y persecución de este grupo delictivo”, pero dijo que el gobierno estatal no se colocará al margen de la ley y que todo tiene que “remitirse al Estado de derecho”, en el que debe darse cualquier participación de la comunidad.
Del caso del asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolu-cionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, en Coyuca de Benítez, sólo dijo que se enteró la madrugada del martes y que la Procu-raduría General de Justica ya había iniciado una investigación.

Tras un día de bloqueo, liberan las carreterasy a un grupo de militares; otro siguió retenido

Zacarías Cervantes

Pericón/Tecoanapa

Tras el desarme de cinco elementos de la Policía Ciudadana, que depende del Sistema de Seguridad Pública Ciudadano, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que respalda a este sistema cambió de planes; canceló una audiencia que tendría ayer con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y decidió instalarse en asamblea en esta localidad.
En esta asamblea que comenzó ayer y que se pretende que continúe este miércoles, se reiteró el acuerdo de que la Policía Ciudadana no se va a incorporar a la Policía Rural, como lo propone el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que los militares que desarmaron a los policías ciudadanos respondan ante la asamblea de las acusaciones en su contra por parte de los ciudadanos de que tienen vínculos con la delincuencia.
El objetivo, explicó el promotor de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio era esperar a que los efectivos del Ejército que la mañana del lunes desarmaron a cinco de los elementos de la Policía Ciudadana devolvieran las armas decomisadas, por eso la asamblea se instaló frente a las unidades con los militares retenidos desde la mañana del lunes a la entrada de esta población.
Como consecuencia, el grupo de aproximadamente 50 elementos, a bordo de cuatro camionetas Pick up y tres Hummer permanecían retenidos hasta la tarde de ayer por cientos de miembros de la UPOEG y de la Policía Ciudadana.
Sin embargo, quedaba solamente la tropa, pues el jefe del grupo que hasta a las 8 de la mañana del lunes mantenía el retén, de quien solamente se supo es el capitán Broum, por la mañana abandonó la comunidad a bordo de un helicóptero que aterrizó cerca de donde están los soldados retenidos. Con él también abandonaron la localidad otros dos oficiales.
El medio día de ayer más de 50 militares que permanecían a bordo de dos camiones y un tanque blindado, a la entrada de esta comunidad, pero entrando de Cruz Grande, también abandonaron la localidad y salieron rumbo a Cruz Grande. Este grupo de soldados, encabezados por el mayor Mauro González del 48 Batallón de Infantería, había llegado la mañana del lunes para rescatar a los militares retenidos tras el decomiso de las cinco armas a los elementos de la Policía Ciudadana y que se mantenían al otro extremo de la localidad en la entrada por Tierra Colorada.
Este grupo de militares fueron retenidos, desde la mañana del lunes por cientos de habitantes de El Pericón que después fueron respaldados por miembros de la UPOEG de comunidades de varios municipios de la región. Además del decomiso de las cinco armas, los militares fueron acusados por los habitantes de que protegían a un grupo de integrantes de la delincuencia organizada, a quienes, incluso, dijeron los vecinos, pretendían entregar a los cinco miembros de la Policía Ciudadana, pero fueron descubiertos a tiempo.
Vecinos del lugar, denunciaron que, incluso, cuando llegaron para evitar que los cinco policías ciudadanos fueran detenidos alcanzaron a ver a tres hombres vestidos de negro que corrieron entre las milpas.
Esto complicó la situación, pues los militares fueron retenidos precisamente cuando a bordo de las cuatro Pick up y tres Hummer pretendían abandonar la comunidad para ser relevados por otro grupo.
El medio día del mismo lunes también fueron retenidos militares que llegaban a esta comunidad proveniente de Cruz Grande. Estos fueron retenidos al otro extremo de El Pericón, precisamente en el entronque hacia la comunidad de Las Ánimas, municipio de Tecoanapa.
Además de la retención de los dos grupos de militares los miembros de la UPOEG y la Policía Ciudadana realizaron bloqueos en los principales accesos del tramo carretero que comienza en Tierra Colorada y desemboca en Cruz Grande.
Los bloqueos se mantuvieron desde las 10 de la mañana  del lunes hasta a las 9 con 15 minutos de ayer martes, cuando la dirigencia de la UPOEG determinó liberar la carretera, con ello también liberó al grupo de militares que estaban retenidos en la desviación hacia Las Ánimas.
Sin embargo mantuvieron replegados al grupo de militares en la entrada de El Pericón llegando por Tierra Colorada, que fueron los que desarmaron a los policías comunitarios.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, entrevistado por la mañana de ayer declaró que decidieron liberar la carretera “por un cambio de estrategia”, que consistió, además, en cancelar una reunión que tenían programada con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para ayer y acordaron, mejor, instalarse en asamblea permanente en esta localidad y esperar hasta que las autoridades militares les entregaran las armas que les decomisaron a los policías ciudadanos.
Sin embargo, la asamblea no se instaló formalmente, pues los aproximadamente 2 mil miembros de la UPOEG y de la Policía Ciudadana que llegaron a esta localidad de los 42 municipios en donde tiene presencia la organización, solamente se mantuvieron concentrados en el campamento que instalaron frente a donde se encontraban replegados los militares.
Después de las 4 de la tarde, cuando finalmente, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio comenzaba a hablar, a manera de instalación de la asamblea, comenzó un fuerte aguacero que obligó a suspender lo que sería la asamblea y replegó a la mayoría de los miembros de la UPOEG para protegerse de la lluvia.
El dirigente de la agrupación dijo que la UPOEG debe replantear su relación con los gobiernos estatal y federal, para coadyuvar en la solución no solamente de la inseguridad, sino también los problemas de pobreza que viven los indígenas, el abandono y la desarticulación social en que se encuentran.
Dijo que en adelante son los habitantes de las comunidades indígenas, o la gente en general, los que tienen que decidir sobre su desarrollo.
Explicó que decidieron liberar las vías de comunicación para ser flexibles ante las autoridades, pero también demandó de los gobiernos estatal y federal respeto a las costumbres indígenas.
Y en ese sentido planteó una nueva relación de las comunidades indígenas con los gobiernos estatal y federal, además de sostener nuevos acuerdos para la solución de sus problemas.
Explicó que la organización promoverá la aceleración de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que si es necesario “hacer a un lado a Bruno como interlocutor o vocero”, él admitiría la decisión.
Asimismo, volvió a reiterar el acuerdo de la UPOEG de rechazar incorporarse a la Policía Rural, como lo propone el gobernador para normativizar a la Policía Ciudadana. Agregó que los pueblos acordaron el 3 de agosto normar a la Policía Ciudadana, pero que debe ser mediante un acuerdo de éstos con el gobierno, y no una imposición como se pretende.
En cuanto a los militares que mantenían retenidos, dijo que estos continuarían hasta que entregaran las armas que decomisaron a los policías ciudadanos. Además dijo que los soldados son acusados por los ciudadanos de tener vínculos con las bandas del crimen organizado y que éstos deben responder ante la asamblea de estos señalamientos.

Primera coordinación de CRAC y UPOEG en el bloqueo a la carretera contra el Ejército en Ayutla

*La coincidencia se debe a que las policías de las dos organizaciones están siendo desarmadas por militares, señala Prócoro Valente. La situación está muy difícil y las organizaciones tienen que dar la lucha juntas, dice Bruno Plácido

Zacarías Cervantes

Ayutla

A pesar de sus diferencias, elementos de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), e integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que creó a la Policía Ciudadana, realizaron ayer acciones coordinadas en contra del desarme de sus elementos por parte del Ejército mexicano.
Al respecto, el promotor de la Policía Comunitaria en Tecoanapa, Prócoro Valente Gil declaró ayer, aquí mientras se realizaba el bloqueo que esta acción fue en solidaridad con las bases de la UPOEG que también están siendo desarmadas por los militares, como lo están haciendo con la Policía Comunitaria. Mientras tanto, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, entrevistado sobre esta solidaridad de la CRAC, dijo que de la UPOEG nunca ha habido diferencias con la CRAC y añadió que actualmente la situación está muy difícil y que las organizaciones tienen que dar la lucha juntas, independientemente de filiaciones.
Luego de que los miembros de la UPOEG y su Policía Ciudadana, retuvieron desde  la mañana del lunes en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa,  a más de 100 militares y bloquearon la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, en respuesta al desarme de la Policía Ciudadana de la UPOEG, la CRAC también realizó bloqueos ayer, uno de ellos en esta cabecera municipal, a la salida a Cruz Grande.
Ésta acción formó parte de otras similares que se realizaron en la región de la Montaña y en Tixtla, en la zona Centro del estado.
En Ayutla, incluso, la Policía Comunitaria de la CRAC y la Policía Ciudadana de la UPOEG, coordinaron sus acciones por un caso circunstancial. Al filo de las 12 del día, cuando comenzaba el bloqueo frente a la gasolinera, a la salida a Cruz Grande, llegó una mujer llorando y solicitó auxilio a los policías comunitarios pues dijo que su trabajadora doméstica le había robado a su hijo de año y medio de edad.
Los policías comunitarios no quisieron actuar debido a que la cabecera municipal, Ayutla, no pertenece a su territorio comunitario. Allí el control es de la Policía Ciudadana.
Al lugar llegó una camioneta llena de elementos de la Policía Ciudadana e integrantes de la UPOEG, para evitar el paso de un convoy de militares que venía de Cruz Grande y pretendía llegar hasta El Pericón, municipio de Tecoanapa, en donde la gente de la UPOEG mantenía retenidos a un grupo de soldados en respuesta a que éstos desarmaron el lunes a cinco policías ciudadanos.
Fue entonces que hubo el acuerdo entre los dos grupos de que los policías ciudadanos atenderían la petición de buscar en la cabecera municipal al hijo de la mujer que había sido robado, y los policías comunitarios impedirían el paso de los militares que pretendían llegar a El Pericón.
Al final unos 200 militares a bordo de cuatro camiones ya no llegaron hasta el retén pues un kilómetro antes dieron la vuelta y regresaron a Cruz Grande.
Consultado con respecto a la solidaridad entre ambas agrupaciones que se ha establecido en contra el desarme a sus elementos, Valente Gil explicó que la unidad y solidaridad se está dando entre las bases de la UPOEG, “porque son los mismos que nos están hostigando y desarmando para proteger a las bandas del crimen”, dijo.
Agregó que estas acciones coordinadas se van a seguir dando de ser necesarias. Mientras tanto, el dirigente de la UPOEG, dijo que de parte de esta organización no existe ninguna diferencia, aunque añadió que hay discrepancias de criterios en algunas cosas.

Toma la UPOEG el Palacio Municipal de Tierra Colorada y exige la destitución de la alcaldesa

*La ocupación se realizó después de que levantaron el bloqueo en las carreteras a Ayutla y a Chilpancingo. Participan unos 200 vecinos en el movimiento, que es también de rechazo a las acciones del Ejército contra las policías ciudadanas

Luis  Blancas

Chilpancingo

Ciudadanos e integrantes de la Unión de  Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Juan R. Escudero (Tierra  Colorada) tomaron el Ayuntamiento y dijeron desconocer a la alcaldesa del PAN, Elizabeth Gutiérrez Paz.
Además, mantienen el control de la seguridad y de las dependencias municipales.
Un grupo de 200 personas tomó a las 10 de la mañana la alcaldía, luego de desbloquear la carretera Ayutla-Tierra Colorada en el punto conocido los Arcos, y la carretera Tierra Colorada-Chilpancingo en apoyo a los cinco policías del Sistema de Seguridad Ciudadanos (SSC) detenidos por militares el lunes en El Pericón, Tecoanapa.
Los inconformes colocaron pancartas en las que se leía “Fuera la presidenta, no más desvíos públicos”, “Fuera la presidenta con todo su gabinete”.
También bloquearon la calle Juan R. Escudero enfrente del ayuntamiento, en el centro de la población.
Diez policías municipales resguardaron el ayuntamiento en los dos pisos del edificio.
En el inmueble se encontraban 20 trabajadores al  momento de que los inconformes lo tomaron; dejaron salir a las personas que se encontraban al interior, pero ya no dejaron entrar al personal y ciudadanía para realizar alguna documentación.
El palacio municipal de Tierra Colorada tiene dos pisos y fachada color azul; al interior se encuentran las oficinas de las regidurías, la dirección de agua potable, desarrollo social, urbano, DIF municipal, la juez civil, la tesorería y obras públicas.
Al mediodía los inconformes realizaron un mitin afuera del ayuntamiento, y en su participación la promotora de la UPOEG en Tierra Colorada, Patricia Méndez Martínez, señaló que la movilización es por el hartazgo de la ciudadanía que vive en la inseguridad.
Dijo que no confían en la policía municipal, estatal, federal y los militares, “el pueblo tiene la capacidad de defenderse y hoy (ayer) la seguridad estará a cargo de la ciudadanía y la policía ciudadana”.
Denunció la falta de apoyo de la alcaldesa panista Elizabeth Gutiérrez Paz para resolver los  problemas sociales de los habitantes, en cuestión de seguridad, obra pública, salud y desarrollo social para mejorar  sus condiciones de vida.
Dijo desconocer a la alcaldesa panista y el cabildo por no  desempeñar el papel como funcionarios públicos, “ante estos casos la ciudadanía tomará la riendas del ayuntamiento mientras nos atiende el  gobierno estatal”.
Méndez Martínez durante el mitin informó que una comisión de mujeres realizará el cobró a los negocios ambulantes en el mercado, y otra comisión se hará cargo de las oficinas de tránsito municipal y la dirección de agua potable, “porque el gobierno municipal desvía el impuesto  de nosotros para beneficio personal”.
Dijo que los regidores del PRI, Lucio Abarca; del PRD, Israel Hernández  Espinoza; del  Verde Ecologista, Yonuat Ávila, y de Nueva Alianza, Marcelino Leyva, apoyan al movimiento.
Al término del mitin los inconformes querían desarmar a la fuerza a los policías municipales que se encontraban resguardando el inmueble, quienes incluso cortaron cartucho en contra de ellos.
Los  uniformados se encerraron dentro del ayuntamiento para evitar que los habitantes les quitaran sus pertenencias.
Después, a las 3 de la tarde, fueron desarmados los 10 policías municipales por parte de la ciudadanía de manera pacífica, luego de  realizar una reunión en la que entregaron las llaves de las patrullas, radios y chalecos; quien dio fe de la actividad fue la representación del juez de paz del municipio, Rosa Isela Luna.
Por su parte el vecino de Tierra Colorada, Inocencio Alvarado Rodríguez, exigió al Ejército no reprimir a los policías del Sistema de Seguridad y Justicia  Ciudadana de Tierra  Colorada,  “luego que el gobernador Ángel Aguirre Rivero dijera que no afectaría las corporaciones para  realizar  sus trabajos de  seguridad”.
Comentó que las comunidades que participan en el movimiento son San Juan del Reparo, Palo Gordo, Las Piñas, La Palma, Garrapatas y las colonias de Tierra  Colorada: San José, San Isidro, Ruffo Figueroa, San Antonio y San Agustín.
Alvarado Rodríguez dijo que la policía del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de Tierra Colorada resguardará a la ciudadanía que está participando en la movilización, para evitar que ocurra un atentado en contra de la integridad física de los ciudadanos.
Exigió a funcionarios del gobierno del estado que acudan a Tierra Colorada para realizar un diálogo y dar solución a sus demandas; sin embargó dijo que en caso de no tener respuesta mantendrán su movimiento en el ayuntamiento.
Consultada por teléfono la promotora de la UPOEG, Patricia Méndez Martínez, informó que una comisión de inconformes se trasladó El Pericón, en Tecoanapa, en la que sostuvieron una reunión con funcionarios de gobierno del estado.
Informó que les propusieron ser atendidos hoy en Chilpancingo para abordar el tema de la destitución de la alcaldesa panista Gutiérrez Paz, sin embargo no aceptaron y exigirán que la reunión se realice en Tierra Colorada.
Advirtió que en caso de no tener respuesta  favorable, mantendrán en movimiento en Tierra Colorada.

Responsabiliza el PAN al gobierno si algo le pasa a la alcaldesa

Fernando Hernández

Chilpancingo

El Consejo Estatal del PAN responsabilizó ayer al gabinete de seguridad de Ángel Aguirre de lo que pudiera suceder a la alcaldesa de Juan R Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz, porque desde el lu-nes solicitaron al mandatario el envío de policías estatales para resguardar el Palacio Municipal, sin que se haya concretado.
El consejo emitió un comunicado después de que integrantes del Sistema de Seguridad Ciu-dadana (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ocuparon el Ayuntamiento.
En el boletín se informa que la dirigencia panista y la alcaldesa lamentan que los encargados de la “política interna” del estado “no estén brindando las condiciones de seguridad ante la toma del ayuntamiento por parte de integrantes de la” UPOEG.
En el texto, la alcaldesa se queja de que a pesar de que se comunicó con el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Gránelo, “para informarle de la situación que está viviendo Tierra Colorada”, no se ha enviado a “ningún elemento de seguridad para apoyar al municipio”.
Y en el texto se indica que el dirigente estatal Andrés  Bahena Montero “informó que en reiteradas ocasiones han solicitado el apoyo del secretario general de Gobierno del estado para que brinde la seguridad necesaria a este municipio de extracción panista, respuesta que hasta el momento no ha sido atendida”.
A la presidenta se le intentó llamar en varias ocasiones ayer  y alrededor de las 7 de la noche contestó su celular, pero después de unos segundos de establecer comunicación colgó el teléfono diciendo que no podía escuchar bien la conversación.
De nuevo se le volvió a llamar y alrededor de las 7 y media de la noche contestó su celular una voz de hombre, quien dijo que era su “escolta personal”.
Consultado por teléfono el dirigente panistaBahena Montero aseguró que tras las protestas de la autodefensa hay “tintes políticos y que están siendo promovidas” por personas vinculadas al PRD.
A pregunta expresa de quiénes eran los actores políticos implicados en la toma del palacio,  el dirigente del PAN identificó al ex alcalde Porfirio Leyva Muñoz, ac-tual secretario de Movimiento Sociales de la dirigencia estatal del PRD e integrante de la co-rriente Grupo Guerrero.
A la pregunta de por qué no le plantearon al gobernador la situación de inestabilidad política que impera en ese municipio en la reunión que tuvieron la mañana del lunes, mencionó que en la agenda estaban otro tipo de temas.
En cuanto a que los integrantes de la UPOEG que tomaron el palacio municipal han denunciado en reiteradas ocasiones que la alcaldesa tiene vínculos con la delincuencia organizada, la defendió al señalar que cuando tuvieron la oportunidad de presentar denuncias penales no lo hicieron.