Aclarar la muerte del jurista Rogelio Lozano, exige el Colegio de Abogados a Aguirre

Karla Galarce Sosa

A un año del asesinato del abogado Rogelio Lozano Herrera, los integrantes del Colegio de abogados Mariano Otero, organización que fundó, exigieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero el esclarecimiento del crimen, pues aseguraron que cualquier hecho semejante que se vincula con el crimen organizado no se investiga y se olvida.
El presidente del colegio, Ventura Castro Arévalo, dijo que el manejo político que se da al tema de los grupos de autodefensa y las policías comunitarias no ofrece una solución al problema, pues aseguró que se mantienen al margen de la ley.
En conferencia de prensa, el vicepresidente del colegio, Jesús Antonio Lemus Beltrán, dijo que el retraso en la adopción del sistema adversario acusatorio promueve la falta de justicia en los asesinatos y la proliferación de grupos de autodefensa.
“Hacemos una llamado al gobernador, a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que haya resultados en el esclarecimiento del homicidio de Rogelio Lozano Herrera (…), así como él han muerto otros abogados y tampoco se ha hecho una investigación y ahora, con el único propósito de no hacerlo, se indica que fue la delincuencia organizada”, señaló Ventura Castro.
Argumentó que ningún ciudadano tiene justicia. “Nosotros como colegio de abogados exigimos el cumplimiento de la ley, que no sea pretexto el que son delitos del alto impacto y que por esa razón no tienen los medios de investigación necesarios. Debe haber un cambio en esta administración, con el nuevo procurador, los errores en los que ha incurrido la PGJE son resultado de tantos cambios, no termina de ajustarse uno cuando vienen otros que rediseñan. Debe haber la intención de solucionar los hechos delictuosos, trátese de quien se trate”.
Acusó que la presencia de “pseudo grupos de autodefensa, así les llamo yo, están al margen de la ley y se dan el lujo de retener al propio Ejército. Pedimos que el gobernador se ocupe en resolver estos males sociales porque es el principio de una sublevación en el estado, nosotros hemos dicho que estos grupos de autodefensa sólo buscan su beneficio personal, posiciones políticas (…) esto se va a ver en las próximas elecciones, esto se maneja de una manera política que no va a dar el resultado que quisiéramos. Que el gobernador eche mano de los juristas que tiene en su gobierno para sacar por la vía legal la situación, no nos queda más que ajustarnos a la ley”.
Agregó que el gobernador tiene un “grave problema por resolver y debe hacerlo con la ley en la mano, tiene la facultad, el poder y debe tener cuando menos la voluntad de solucionarlos”.
Ventura Castro dijo que muchos homicidios sólo tienen registro en las páginas de los periódicos y ya no se les da seguimiento, lo que consideró como grave, al darles “un cariz de delincuencia organizada y ahí queda el asunto. Quién va a regular, a regir a los grupos de autodefensa si no quieren depender de las policías comunitarias, tiene que haber un orden, por eso tenemos la constitución”.
Dijo que al permitir a los grupos de autodefensa que retengan a los soldados del Ejército se socava el Estado de derecho.
“El mensaje es que el gobernador le está dando demasiado juego político, esto es político, no es tanto de seguridad, porque es cierto, ha bajado la inseguridad en Acapulco, no se han registrado homicidios con la misma frecuencia que antes (…) le hemos dicho al gobernador que someta al orden a esta gente, cómo podemos deliberar ‘gente armada’ cuando la constitución misma lo prohíbe, sin embargo esto lo hacen, de seguir en éstos pasos la gente de la autodefensa, al rato no va a respetar a nadie, si ya hizo alarde al retener al mismo Ejército, ¿al rato qué nos esperamos?”, finalizó.
En su participación, Lemus Beltrán dijo que esa organización tiene cinco años de retraso en sus sistemas de justicia.
“Si se hubiera instalado el nuevo sistema adversatorio acusatorio los grupos de autodefensa ya se hubieran regulado, con el hecho de que dentro de ese sistema se privilegian la conciliación e intermediación, que es algo similar que se maneja en el sistema de justicia comunitario”, argumentó.