Los militares no están retenidos, “sólo no podían salir”, dijo el gobernador

*Amagó la mañana de ayer con desalojar por la fuerza los bloqueos de la CRAC en Tixtla y Tierras Prietas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Tras los bloqueos de carreteras y la retención de unos 100 militares por miembros de la UPOEG, el gobernador Ángel Aguirre Rivero afirmó que ni su gobierno ni el Ejército caerán en “confrontaciones estériles” y que seguirán “privilegiando” el diálogo.
Sin embargo, advirtió que “de ser necesario procederemos al desalojo”, pero se refirió a los bloqueos que realizó la Coordinadora Regional de Autoridades Comuni-tarias (CRAC) en Tixtla y en Ayutla en demanda del cumplimiento a los acuerdos firmados en los que se estableció que no se les detendría ni desarmaría.
El gobernador fue entrevistado la mañana de ayer durante un recorrido en el Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla e informó que mantenía el diálogo con el dirigente de la UPOEG, Bruno Plá-cido Valerio, cuando todavía no se había logrado que los militares salieran de El Pericón.
Afirmó que los militares no estaban retenidos y que “sólo no podían salir de El Pericón”, y explicó que el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, ya estaba avanzando en las negociaciones con la UPOEG.
Pero insistió en que el bloqueo que realizó la CRAC en la entrada de Tixtla, frente al camino hacia la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y la del libramiento de Tierras Prietas-Tixtla, no tenía razón de ser.
Advirtió que si no se retiraba el bloqueo, “que encabeza el señor de nombre Gonzalo Molina (González, promotor de la CRAC)”, entonces el gobierno estatal está obligado a hacer cumplir la ley y “de ser necesario procederemos al desalojo”.
Afirmó que su gobierno privilegia el diálogo pero advirtió que “no podemos permitir que se cometan actos al margen de la ley”, e insistió que deberían retirarse los bloqueos en Tixtla y en Ayutla, y llamó a no utilizar “elementos de presión” y a que “privilegien el diálogo”.
Afirmó que estaba en constante comunicación con el comandante de la Novena Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, “y coincide en que no es sano llegar a confrontaciones estériles” y que no caerán en ninguna provocación.
Desplazados piden armas

Por otra parte, Aguirre informó que los habitantes desplazados de una comunidad de He-liodoro Castillo solicitaron al al-calde perredista Mario Alberto Chávez Carbajal que pidiera al gobierno estatal que los dotara de armas.
Desde el lunes 29 de julio por lo menos 13 comunidades de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan salieron de sus comunidades y se refugiaron en Tlacotepec y Huautla, huyendo de la violencia generada por un grupo de la delincuencia organizada, que identifican como La Familia Michoacana.
Ayer el gobernador dijo en la entrevista que el alcalde le confirmó que desplazados de “una comunidad” le solicitaron armas para “coadyuvar en la tarea de vigilancia y persecución de este grupo delictivo”, pero dijo que el gobierno estatal no se colocará al margen de la ley y que todo tiene que “remitirse al Estado de derecho”, en el que debe darse cualquier participación de la comunidad.
Del caso del asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolu-cionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, en Coyuca de Benítez, sólo dijo que se enteró la madrugada del martes y que la Procu-raduría General de Justica ya había iniciado una investigación.