No han sido sancionados los responsables del asesinato de los normalistas: CNDH

*El organismo nacional entregó al Congreso local sus conclusiones en el juicio político contra López Rosas y Ramón Almonte

*En Guerrero se vive una alta inseguridad y desconfianza en las autoridades, subraya el oficio

*El diputado Flores Majul  ve “cierta parcialidad” en las recomendaciones del organismo porque sólo acusa a policías y autoridades estatales

*Lamenta que el ombudsman no haya comparecido ante la Comisión Instructora

CNDH: los responsables del asesinato de los normalistas no han sido sancionados

*El organismo nacional entregó al Congreso un oficio con sus conclusiones en el juicio político contra López Rosas y Ramón Almonte. Hay “cierta parcialidad” en las recomendaciones del ombudsman porque sólo acusa a policías y autoridades estatales, afirma el diputado Flores Majul

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de los estudiantes normalistas el 12 de diciembre de 2011 no han sido “sancionados penal y administrativamente”, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un oficio que entregó ayer al Congreso local.
El organismo nacional informó a los diputados a través de un oficio que todas las pruebas que tiene ya las incluyó en el expediente que con anterioridad envió al Congreso.
El 16 de julio pasado la Comisión Instructora del Congreso envió al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, un citatorio para que asistiera ayer ante los diputados a explicar los motivos por los cuales recomendó al Poder Legislativo realizar un juicio político contra dos ex funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, por acciones u omisiones en el caso del asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La comparecencia fue citada para ayer a las 10 de la mañana en la sala José Francisco Ruiz Massieu, a la que el presidente de la CNDH envió a la Directora General de Asuntos Jurídicos, Yolanda Leticia Escandón Carrillo.
También llegaron sólo dos de los cinco integrantes de la Comisión Instructora, el presidente, el priista Omar Jalil Flores Majul, y la secretaria, la perredista Luisa Ayala Mondragón.
La Directora General de Asuntos Jurídicos de la CNDH entregó un documentos firmado por el presidente del organismo y una copia certificada de la recomendación 1VG/2012, que envió al Congreso local el 27 de marzo del 2012, en el que afirma que se detalla la investigación del hecho donde “agentes del Estado mexicano encargados de hacer cumplir la ley, ejecutaron extrajudicialmente a dos estudiantes”.
En el documento la CNDH apunta que el 12 de diciembre de 2011, además del asesinato de los jóvenes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, se violaron los derechos humanos de aproximadamente a 300 estudiantes.
La CNDH envió a la Mesa Directiva del Congreso local dos recomendaciones para someter a juicio político a los ex funcionarios, que el órgano nacional las tiene “calificadas en estatus de no cumplimiento”.
También afirma en el oficio que a partir de la recomendación a las dependencias involucradas, como la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, el gobierno del estado y el Congreso local, el expediente respectivo tiene ya 13 mil 948 fojas en los que las partes integraron oficios, aportaciones y evidencias.
Pero aclara que en ninguna de ellas “se reportó que los responsables materiales e intelectuales de las dos ejecuciones extrajudiciales, de los actos de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, así como de la víctima que resultó afectada en su integridad corporal al proferírsele una lesión de proyectil de arma de fuego, fueran sancionados penal y administrativamente por tales conductas”.
La CNDH sostiene que el uso de la fuerza pública en las manifestaciones tiene límites y no debe llegar al extremo de la represión, ni servir como excusa para realizar persecución penal, porque se viola la garantía del derecho a la protesta, pues “la manifestación pacífica es una vía para acceder a los mecanismos de justicia y hacer efectivos otros derechos”.
El presidente de la CNDH no acudió a la comparecencia a la que la Comisión Instructora lo había citado, pero en el oficio que envió afirma que ya entregó al Congreso local los elementos suficientes que evidencian violaciones graves a la libertad de reunión, a la vida, seguridad e integridad personal, legalidad y trato indigno, entre otras.
El documento insiste en que alcanza al entonces director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez, por sus acciones y omisiones “consistentes en la tolerancia o anuencia, anuencia o incumplimiento del deber ciudadano para que 23 de 73 elementos de esa corporación que participaron armados en los hechos”, por lo que considera que se debe investigar y ejercer contra él sanciones administrativas, políticas y penales.

Hay en Guerrero alta inseguridad y desconfianza en las autoridades

En el mismo escrito, el presidente de la CNDH afirma que los hechos “deben sumarse” a la problemática social del estado, que apunta se refleja en una alta inseguridad para la población y la falta de confianza en las autoridades.
Señala que lo anterior ha propiciado que en comunidades y municipios surjan movimientos de autodefensa, “situación que debe alertar a las instituciones del estado” y ejercer sus funciones y cumplir con su deber de proveer seguridad pública.
Y recordó al Poder Legislativo de Guerrero que tiene “alta responsabilidad” de evaluar el desempeño de la función en seguridad.
De la misma manera afirma que el Congreso “debe advertir el abandono en la materia” que orilló a los ciudadanos a tomar la justicia y seguridad por propia mano a partir de la omisión de los servidores públicos.

Desafortunada, la decisión de Plascencia de no asistir: Jalil

El presidente de la Comisión Instructora consideró desafortunada la decisión del presidente de la CNDH de no asistir a la comparecencia, porque algunas de las preguntas que los diputados tenían planteadas van dirigidas al por qué no emitieron recomendaciones contra funcionarios federales, sólo estatales.
Flores Majul afirmó “con profunda preocupación” que era necesario plantear algunas preguntas al presidente de la CNDH y que aclarara por qué no “se hicieron señalamientos a las autoridades federales, porque aparentemente se prevé cierta parcialidad”.
Dijo que algunas de esas preguntas son “¿qué le permite afirmar que sólo las fuerzas estatales son responsables de las acciones u omisiones del 12 de diciembre?, ¿a su juicio quiénes de las fuerzas policiacas que se encontraban en el lugar de los hechos realizaron el uso de fuerza letal contra manifestantes desarmados?, ¿sabía usted que hubo detenciones en vehículos sin placas y sin identificación oficial protegidas por la fuerza federal que operaba después de los primeros disparos letales? Y ¿sabe usted si se presentó el ministerio público federal al lugar de los hechos?”