Humberto Musacchio

Mota, mito y matanza

Los extremos se juntan: el señor Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis de México, declaró que sería “irresponsable” legalizar la mariguana; Andrés Manuel López Obrador, por su parte, llamó a no entrar al debate sobre el cáñamo porque es –afirma– una cortina de humo para ocultar quién sabe qué planes maquiavélicos del gobierno federal priista.
Desde la religión o desde el dogma político se invita a cerrar los ojos ante la realidad, porque lo “responsable”, en la lógica del señor Valdemar, es continuar con la carnicería que ya ha costado la vida a una cantidad de personas que oscila entre 60 y cien mil y hasta 140 mil según diversas fuentes. Igualmente responsable es mantener las cárceles repletas de narcotraficantes reales o presuntos y destinar inmensas partidas presupuestales a la violencia, no a la solución del desempleo y el hambre.
En medio de los extremos se acomodan diversos beneficiarios del prohibicionismo, en primerísimo lugar los narcodelincuentes, que con la despenalización perderían un negocio de proporciones fantásticas; luego se alinean los jefes policiacos, los fiscales y jueces a los que salpica generosamente la corrupción asociada a las drogas ilegales; agréguese a los dirigentes de las ONG que reciben subsidios extranjeros por oponerse a la legalización y métase en el mismo saco a quienes encabezan centros de integración juvenil y otros membretes públicos y privados.
Lamentable también es lo que algunos personajes dicen por ignorancia, como aquello de que “la legalización de la mariguana no reduce la violencia” y que quien “piense que el que se legalice una droga va a hacer que no haya muertos, está totalmente equivocado”, según palabras de Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (!) y Procuración de Justicia del Distrito Federal.
Por supuesto, nadie ha dicho que con la despenalización de la cannabis dejará de haber muertos, pues la gente se muere de pulmonía, cáncer y otras enfermedades, por manejar en estado de ebriedad o por zamparse un chilpachole en mal estado. Pero eso lo sabe el señor Wertman. Lo que al parecer ignora, es que al suprimir una y sólo una de las causas de muerte, como es la pelea por los mercados de la mariguana, lógicamente se reducirá el número de víctimas fatales.
En otro plano se colocan los políticamente correctos, como es el caso de López Obrador o Eruviel Ávila, gobernador del estado de México, quienes por un explicable temor a perder adeptos rechazan la legalización de las drogas ahora prohibidas (de las autorizadas, como el alcohol, el tabaco o los jarabes para la tos, nada dicen porque eso no es políticamente rentable).
Abundan los políticos que no se manifiestan por la legalización de la Juanita y repiten aquello de que mejor hay que ofrecer a la gente educación, empleos y otros beneficios para apartarla de las drogas. Lo que olvidan es que con empleo o sin empleo los consumidores de drogas seguirán siéndolo y que la educación y las campañas preventivas no han desalentado a los fumadores.
Pese a todo, el tema está sobre el tapete y la polémica seguirá avanzando. Eso precisamente propone el priista Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien sensatamente dice que si en Estados Unidos están legalizando la yerba “hasta con fines recreativos, sería un torpeza que nosotros no abordáramos el tema”, pues de mantenerse la criminalización “llenaríamos las cárceles con comerciantes de cannabis que tienen por objeto llevarla a donde es legal”. ¿Más claro?