Abona el asesinato de los integrantes de la LARSEZ al ambiente de “amplia inseguridad”

*Los verdaderos luchadores sociales son una amenaza para el gobierno, aseguran en Atoyac organizaciones defensoras de derechos humanos

Francisco Magaña

Atoyac

Las organizaciones defensoras de derechos humanos Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), exigieron al gobierno del estado que no quede impune el asesinato del líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, y dos acompañantes.
En un comunicado, las organizaciones expresan que “en un ambiente de amplia inseguridad es asesinado Raymundo Velázquez Flores, dirigente histórico de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, y dos integrantes de su organización”.
Señalan que mientras, en diversas regiones del estado, la inseguridad y los conflictos sociales predominan, en Coyuca de Benítez fue hallado el cuerpo de Raymundo Velázquez, con visibles huellas de violencia y el tiro de gracia; además se encontró el cuerpo de su compañero de militancia Samuel Vargas Ramírez, y otro más al día siguiente, con las mismas evidencias de tortura y tiro de gracia.
Reseñan que hace pocos más de dos meses lamentaban la desaparición forzada de ocho miembros de la Unidad Popular en Iguala, y la posterior ejecución extrajudicial de 3 de ellos.
Señalan que por ello queda claro que los verdaderos luchadores sociales son una clara amenaza para el Gobierno, “y hoy no se sabe de algún responsable que haya sido encarcelado, estos nuevos asesinatos de luchadores sociales en el estado de Guerrero son una inequívoca muestra más de que para los poderes establecidos y los poderes fácticos, que cogobiernan en el estado, los luchadores sociales que están ligados al movimiento social y no caen en las prácticas partidario-electorales, son una amenaza”.
Citan que entre las últimas actividades públicas de Raymundo Velázquez estuvo la promoción para refundar el Partido Comunista, a donde convocaba para el próximo 20 de agosto, precisamente en Coyuca de Benítez, donde le fue arrancada la vida de manera brutal.
Señalan que es inevitable pensar que su muerte puede estar ligada a su actividad política y de gestión, por los antecedentes de hostigamientos y amenazas que denunció Raymundo Velázquez en varias ocasiones, en los que presuntamente responsabilizó a miembros del gobierno del estado, fortalecen esta hipótesis.
La LARSEZ fue fundada por Genaro Vázquez Rojas y Raymundo Velázquez, para atender la variada problemática de los pueblos indígenas.
Exigen que así como dijo el gobernador Ángel Aguirre entrega apoyos económicos a las familias desplazadas de La Laguna, “lo menos que podemos esperar, tanto en el caso de La Laguna como en el de la Unión Popular de Iguala, y en el de la LARSEZ, es que se encuentre a los culpables a través de una efectiva acción de la procuración de justicia y se evite la impunidad”.
Cuestionan que la impunidad es un factor que sólo es atribuible al estado, quien es el responsable de la procuración e impartición de justicia, “es decir, de buscar y encontrar a los culpables de cometer delitos, llevarlos ante los tribunales, juzgar y sentenciar, velando por el debido proceso legal y los derechos humanos de las víctimas y de los presuntos delincuentes”.
Exponen que en el caso de La Laguna hay delitos y violaciones a los derechos humanos impunes desde 2005 y 2007.
Apuntan que los asesinatos de miembros de la Unión Popular son mucho más recientes y los familiares de los asesinados reclaman lo mismo que los sobrevivientes desplazados de La Laguna: “Justicia y seguridad, una señora desplazada decía al gobernador que mientras estuvieran en su tierra, en su casa, podría trabajar, ser autosuficiente; pero como desplazada, habiendo perdido todo su patrimonio, esperaba el apoyo del gobierno en alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y seguridad”.
Ante ello, señalan que la ONU plantea que los desplazados son considerados como uno de los grupos más vulnerables.
Sobre los desplazados dicen que son familias que estando en sus lugares de origen no le pedían nada al gobierno, “ahora lo primero que piden es justicia o se pueden repetir situaciones como la del domingo 21 de julio, en que un grupo de sicarios, cobijados por la impunidad, agredió a los desplazados refugiados en La Unión, municipio de Ayutla”.