La nueva Ley de Amparo abrió las puertas de la justicia, dice especialista

La nueva Ley de Amparo “abrió las puertas de par en par” para la protección de los derechos de los ciudadanos, dijo el constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Edgar Corzo Sosa.
La nueva Ley de Amparo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de este año y entró en vigor al día siguiente, pero de acuerdo con Corzo Sosa, la ley sorprendió a todos porque no se prepararon para los cambios que plantea y ahora los abogados deberán usarla como si fueran a una expedición en la selva, “con machete en mano”.
Los constitucionalistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Edgar Corzo Sosa y María del Pilar Hernández Martínez, participaron la tarde de ayer  en la conferencia “Aspectos Fundamentales de la Nueva Ley de Amparo”, impartida a los estudiantes y profesionales de derecho en la Universidad Americana de Acapulco.
Corzo Sosa dijo que la nueva Ley de Amparo “amplía la protección, la puerta se abrió de par en par, es una autopista”, pero apenas el país se pone al día en esa materia en comparación con otros países como Argentina que han perfeccionado más el amparo.
“Se refiere casi casi a que si alguien va caminando por la calle y alguien lo mira feo puede decir voy a presentar un amparo porque eres autoridad; es exagerado, por supuesto, pero casi todo aquel que reciba un acto en su contra, que le afecte un derecho que está en la Constitución o en un instrumento internacional, con lo cual es cualquier derecho humano, con eso puede acudir al juez de distrito”, expresó.
Añadió que con la anterior ley había dudas, pero con la nueva ley y la reforma constitucional que la precedió “hay un acceso a la justicia tremendo”.
Hernández Martínez y Corzo Sosa participaron en los trabajos de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso local, en el análisis de la propuesta de nueva Constitución del estado, pero Edgar Corzo dijo que no podía hablar de las conclusiones, sólo dijo que el trabajo consiste en contrastar la iniciativa presentada por el Ejecutivo con la Constitución actual y con la Constitución federal, para analizar si los cambios propuestos y el texto vigente “están bien o están mal”, y “si no exceden los límites que están establecidos en el 115 y 116 de la Constitución federal”. (Daniel Velázquez).