Se cumplen tres meses del desalojo de normalistas y no hay ningún culpable intelectual, reprochan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A tres meses de la represión estudiantil en la Autopista del Sol, alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa repudiaron el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011, reiteraron su demanda de juicio político al gobernador Ángel Aguirre Guerrero y denunciaron que a la fecha, las investigaciones no han señalado a ningún responsable intelectual de los hechos de violencia.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, integrantes de Comité estudiantil también anunciaron que hoy continuarán los trabajos de la comisión civil de interlocución, que representa a los normalistas en el diálogo con el gobierno del estado, para concluir el tema de la indemnización a los familiares de Édgar Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, muertos en el desalojo.
El representante de la Comisión de Prensa y Propaganda de la Normal Rural, Pablo Juárez Cruz, aclaró que la indemnización a los familiares de las víctimas no es un regalo del gobernador sino una obligación del estado, que también es responsable de los hechos, porque “todo el dinero del mundo, no puede revertir el daño que se hizo”.
Asimismo, indicó que la propuesta de indemnización la elaboró el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, de acuerdo con estándares internacionales, y se llevó a la mesa de negociación, donde el gobierno del estado hizo una contrapropuesta que fue debatida por los integrantes de la comisión, académicos y defensores de derechos humanos.
Además, aseguró que esta semana esperan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dé a conocer el informe definitivo, que tendría un carácter vinculante en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), y en función de éste los normalistas van a elaborar un plan de acción, porque su lucha no ha terminado.
Juárez Cruz añadió que, aunque no tienen información oficial, saben que existe una orden de aprehensión contra un civil, que probablemente sea contra un estudiante, un integrante de alguna asociación civil que los acompañaron a la protesta u otra persona, y tomarían medidas al respecto.
Recordó que el gobierno siempre ha tomado represalias contra de los normalistas de Ayotzinapa por sus manifestaciones, y destacó el retraso en la investigación de la CNDH, pues el 13 de enero pasado el visitador general, Luis García López Guerrero, informó que en 30 o 40 días se presentaría el informe final del caso.
Respecto a las ordenes de aprehensión giradas por la PGR en contra de los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre estos el exprocurador Alberto López Rosas, Juárez Cruz dijo que esperarán los resultados del caso, pero insistió en que se deben fincar responsabilidades contra el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez.
Juárez Cruz reiteró que no será fácil para los gobiernos estatal y federal desaparecer a la normal rural de Ayotzinapa, intención que quedó demostrada con la campaña de desprestigio en su contra que se generó los siguientes días del desalojo policiaco.
En cambio, destacaron la intervención de la comisión civil de interlocución, porque en las mesas de negociación con el gobierno han permitido salvar “trabas” que ponía el gobierno, como en el caso de la convocatoria de nuevo ingreso, porque “no fue fácil conseguirla como nosotros la pedíamos”.
Al final, dirigentes convocaron a las organizaciones sociales a participar el próximo 15 de marzo en un homenaje a los estudiantes caídos en las instalaciones de la Normal Rural a las 10 de la mañana.