Rompen relaciones con la UPOEG los gobiernos estatal y federal tras la retención de militares

La reunión de ayer en la Segob fue “con el único fin de hacerles saber que no se tolerarán actos similares y que no habrá mesa de diálogo con ese grupo hasta en tanto no haya condiciones de respeto irrestricto a las instituciones del Estado mexicano”, dicen en un boletín las autoridades y advierten que habrá acciones penales por los hechos de El Pericón. La autodefensa fijará su postura el sábado, informa Bruno Plácido. El Ejército no debe ver como una ofensa la retención, agrega. No está en contra de las fuerzas castrenses, pero hay un capitán con vínculos con el crimen, insiste

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los gobiernos federal y estatal rompieron relaciones ayer con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que creó la autodefensa y la Policía Ciudadana, en la reunión en la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México.
En un boletín de prensa que envió la tarde de ayer el gobierno del estado informó que el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda Nava, y el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, condenaron la retención de los militares en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, el lunes y martes y que le advirtieron a la dirigencia que “no habrá mesa de diálogo con ese grupo hasta en tanto no haya condiciones de respeto irrestricto a las instituciones del Estado mexicano y el marco legal que nos regula”.
El promotor de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, entrevistado vía telefónica, dijo anoche que la postura que asumieron ayer el gobernador Aguirre Rivero y el subsecretario de Gobernación es totalmente contraria a los acuerdos a los que llegaron con la comisión de funcionarios estatales y federales el miércoles en Casa Guerrero, en donde convinieron coordinarse y reunirse cada mes para evaluar los avances del cumplimiento de los acuerdos.
Sin embargo, el dirigente de la UPOEG que creó primero los grupos de autodefensa contra el crimen organizado, que se transformaron en Sistema de Seguridad Ciudadano y su Policía Ciudadana, que opera en 12 municipios del estado y cuenta con más de 3 mil 500 policías en las regiones Montaña, Costa Chica y Centro, dijo que no podía adelantar la postura que van a asumir sus integrantes luego de esta respuesta y adelantó que el próximo sábado se van a reunir en asamblea general para decidir. Aún no se define el lugar ni la hora de la reunión.
Los dirigentes de la UPOEG se reunieron después de las 2 de la tarde en la Secretaría de Gobernación como parte de los acuerdos a los que llegaron la noche del lunes con una comisión de funcionarios estatales y federales encabezada por el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, para la liberación de más de 50 militares retenidos en respuesta al decomiso de cinco armas a efectivos de la Policía Ciudadana en un retén del Ejército en esa localidad.
La reunión, según se anunció, sería para llegar a acuerdos con respecto al uso de armas de la Policía Ciudadana, así como para la devolución de las cinco que les decomisaron los militares el lunes en esa comunidad de la Costa Chica, pero además, según anunció Plácido Valerio,  sería para “exigir respeto” de las autoridades federales y estatales a las comunidades indígenas, luego de los desarmes que venían sufriendo.
Sin embargo, tras la reunión de ayer, que según fuentes que estuvieron en ella duró unos 40 minutos, el gobierno estatal emitió un boletín en el que evidencia el rompimiento en las pláticas con la dirigencia de la agrupación.
El comunicado dice: “el día de hoy, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, lic. Luis Enrique Miranda Nava, y el gobernador del estado de Guerrero, lic. Ángel Aguirre Rivero, acompañados de funcionarios federales y estatales, recibieron a Bruno Plácido Valerio y varios ciudadanos de aquella entidad”.
Y agrega: “ambos funcionarios expresaron su condena a los hechos ocurridos en días pasados en el poblado de El Pericón, municipio de Tecoanapa en el estado de Guerrero. Asimismo, les comunicaron que estaban siendo atendidos en la Secretaría de Gobernación, con el único fin de hacerles saber que no se tolerarán actos similares y que no habrá mesa de diálogo con ese grupo hasta en tanto no haya condiciones de respeto irrestricto a las instituciones del Estado mexicano y el marco legal que nos regula. Lo anterior, con independencia de las denuncias penales que procedan ante las autoridades competentes con el propósito de que se castigue a los responsables de los hechos con todo el rigor de la ley”.
Concluye que, “el Gobierno Federal reitera su apoyo y compromiso con el Gobierno del Estado de Guerrero, para seguir implementando diversas obras de carácter social y productivo tal y como lo anunció en su reciente visita el Presidente de la República. Asimismo, el gobernador del estado expresó el reconocimiento del pueblo de Guerrero y de su gobierno a la labor social y de seguridad que ha venido brindando el Ejército Mexicano a los guerrerenses”.
Consultado anoche al respecto, el dirigente de la UPOEG, reconoció que la postura que asumieron en la reunión de ayer el gobernador Aguirre Rivero y el subsecretario Miranda Nava, es totalmente contraria a los acuerdos a los que llegaron el miércoles en Casa Guerrero con una comisión de funcionarios federales y estatales.
En esa reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el procurador, Iñaki Blanco Cabrera; el delegado de la Procuraduría General de la República, Salvador Anaya del Cármen; el delegado de Gobernación federal, Juan Salgado Brito y el operador del Gobierno del estado, Ernesto Aguirre.
En ese encuentro acordaron resolver los conflictos mediante el dialogo y reunirse cada mes para evaluar los avances de los acuerdos. Entre estos se perfilaban el respeto al territorio donde funciona la Policía Ciudadana a condición de que éstos no utilizaran armamento exclusivo de las fuerzas armadas, además de iniciar un proceso normativo de la agrupación .
Se esperaba que estos acuerdos fueran ratificados ayer en la reunión en la secretaría de Gobernación, lo cual no ocurrió y solamente fue para advertir a los dirigentes que en adelante no permitirán que se repita la retención de los militares como ocurrió el lunes en El Pericón.
Plácido Valerio dijo vía telefónica anoche que a pesar de esa postura de los funcionarios la dirigencia de la UPOEG “le va a seguir apostando al dialogo”, y dijo que no sabe por qué se dio ese cambio de postura por parte del gobernador y el subsecretario de Gobernación.
A pesar de que aseguró que “no es real” todo lo que se dijo en el boletín, añadió que no podía adelantar cuál será la postura o la actitud que asumirá la UPOEG los próximos días, porque la decisión la tomará en una asamblea regional a la que están convocando para este sábado. Sin embargo, dijo que aún no han definido el lugar y la hora en que comenzará.
“Ya se vio que ellos no quieren dialogar, pero nosotros sí le vamos a seguir apostando al diálogo”, dijo y agregó que lo que el Gobierno federal y estatal pretenden es incorporarlo al sistema de seguridad del Gobierno estatal y federal, pero que no es eso lo que quieren los pueblos, puesto que consideran  al sistema oficial como “un negocio”.
Plácido Valerio, sin embargo no quiso responder a la pregunta si esta postura del Gobierno estatal y federal representa un riesgo para el estado, por las acciones que pudieran acordar las comunidades, pues insistió que la UPOEG tomará decisiones siempre apostándole  a la continuación del dialogo.
En declaraciones al periódico Reforma dijo que el Ejército no debe ver como una ofensa la retención de militares ocurrida en Tecoanapa y llamó a que se respeten a las policías ciudadanas.
“No lo deben de ver como una ofensa, lo deben de ver como una dignidad que nosotros los ciudadanos estamos luchando en depurar los elementos vinculados con la delincuencia; segundo, la sociedad está harta de los abusos de cualquier tipo de autoridad”.
“Ahora que desarman a nuestra policía el día lunes fue lo que rompió el vaso de agua y la gente salió a defendernos porque desarman a la policía que nos cuida, mientras tú (autoridad) proteges a la delincuencia, necesitamos que nos respeten y nosotros a ellos”, agregó.
Plácido aseguró que gracias a ellos se ha logrado erradicar el 90 de la delincuencia en las zonas en que tienen influencia.
Indicó que el problema con el Ejército estalló cuando los acusó de ser un peligro y estar ligados con el narcotráfico.
“Siempre hemos buscado diálogo con el Ejército, siempre hemos convivido, coexistido, compartido información, hemos caminado juntos, hemos hecho operativos juntos, el problema aquí revienta cuando nos ven como un peligro, nos empezaron a llamar que detrás de nosotros estaba el narcotráfico”, mencionó.
Advirtió que no dejarán las armas, aunque seguirán dialogando con las autoridades estatales y federales para definir el mejor esquema de seguridad para la entidad.
“No nos pidieron la entrega de las armas, nos pidieron que discutiéramos y analizáramos la situación de la seguridad y que trajéramos una propuesta en los próximos días para sentarnos nuevamente y buscar el canal del diálogo”, aseguró.
“Sí (vamos a seguir armados), porque mientras no haya un pacto de compromiso de garantizar seguridad, nosotros nos mantenemos, pero llevamos una propuesta muy concreta para que nosotros lo consensuemos para el día sábado en la Costa Chica”, agregó al salir de la reunión en la Segob.
En entrevista, Bruno Plácido reveló que durante el encuentro, que duró unos 40 minutos, las autoridades federales le reclamaron a la UPOEG el canje de 60 soldados que previamente desarmaron a miembros de la autodefensa.
“No (los avergonzamos), sería una vergüenza si nosotros estuviéramos contra el Ejército, creo que no es vergüenza, al contrario, necesitamos fortalecer el Ejército porque es una institución que debe consolidarse más para que nos garantice la seguridad”, dijo.
“Efectivamente (nos reclamaron), pero nosotros les aclaramos que nosotros no estamos contra el Ejército, solamente se señala al capitán con sus vínculos, el subsecretario se comprometió a hacer la investigación necesaria y con la autoridad correspondiente”, expresó.
“Aquí nada más se señala a aquellas personas que usan el nombre del Ejército para proteger a la delincuencia, no es contra el Ejército, es contra el capitán en concreto, el capitán Pron”, mencionó a pregunta expresa el dirigente.