Confirma el Coneval los agudos niveles de pobreza, bajo desarrollo humano y marginación de indígenas guerrerenses

*En Guerrero casi el 15 por ciento de la población general está clasificada en este sector poblacional, que subsiste en medio de la pobreza extrema o moderada

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) confirmó que la población indígena concentra los indicadores más agudos de pobreza, marginación y los índices más desfavorables de desarrollo humano; y en Guerrero casi el 15 por ciento de la población está clasificada en este sector.
El estudio de pobreza de este año del Coneval indicó que, en general el 79.3 por ciento de la población indígena vive en pobreza extrema o moderada, y sólo 3.2 por ciento de este sector está clasificada como “no pobre”, pero no se precisa en qué consiste este nuevo concepto.
También señaló que el porcentaje de hablantes de una lengua indígena en pobreza se incrementó en 3.4 puntos porcentuales en cuatro años, y refleja que los programas federales dirigidos a esta población no tienen el impacto esperado, a pesar de que de 2008 a 2011 se han incrementado los presupuestos.
En Guerrero, de acuerdo con el censo de Inegi de 2010, hay 456 mil 774 personas de 5 años y más que hablan nánuatl, lenguas mixtecas, tlapaneco y amuzgo de Guerrero, que están clasificados como indígenas, y el Coneval precisó que “sin duda son uno de los grupos con mayor vulnerabilidad y rezago en el país”, tan es así que la desnutrición de niñas y niños indígenas es del doble que el promedio nacional.

Sin avances en educación

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en su último informe denunció que Guerrero es de las entidades con mayor rezago educativo, y tiene los municipios con menor grado de escolaridad del país, precisamente en esa región.
Atlixtac está debajo de Cochoapa el Grande, que tiene en promedio dos años de escolaridad, Metlatónoc 3.2, Alcozauca 3.3, Xalpatláhuac 3.7 y Xochistlahuaca 3.8.
“Esta realidad parece aún más grave si se considera que el grado de escolaridad promedio nacional es de 8.6 y que en México existen municipios como San Pedro Garza García, en Nuevo León, cuyo grado promedio de escolaridad es de 12.1”, precisó en su informe.
Puntualizó que de los datos del Coneval, 58 por ciento de las personas mayores de 15 años se encuentran en algún tipo de rezago educativo, y las cifras revelan que los hablantes de una lengua indígena tienen menor acceso a este derecho.
Se detalló que 20 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer y escribir, pero la tasa de analfabetismo de la población indígena guerrerense es de 41 por ciento, mientras la  población mestiza alcanza el 13 por ciento.
También señalaron que 38 por ciento de los guerrerenses no ha concluido la educación básica, pero de entre éstos, se calculó que 45 por ciento corresponde a la población indígena de la región, que no pasó en absoluto por las aulas, mientras que otro 21 por ciento ingresó a una escuela pero no la concluyó. Las mujeres indígenas son el sector más afectado de esta problemática.
Por esto, Talchinollán denunció que “en La Montaña y Costa Chica el acceso a la educación presenta una situación alarmante, pues a pesar de los diversos diagnósticos y recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos sobre las obligaciones de los estados para garantizar el acceso a la educación, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han diseñado y ejecutado políticas de largo aliento, diseñadas en clave de derechos, para revertir el grave rezago educativo, lo cual afecta especialmente a las personas de pueblos indígenas”.

Sin acceso de la educación

La organización de derechos humanos informó que de 2010 a 2013 documentó 41 casos, donde las garantías para acceder al derecho a la educación son insuficientes o inexistentes.
Por ejemplo, en el municipio de Alixtac, donde más de la mitad de la población son hablantes de una lengua indígena, hay 106 escuelas de preescolar y primarias, y sólo 34 son bilingües.
En 2012, la comunidad me’phaa de Buenavista, del municipio de Alixtac, demandó mediante un amparo judicial el derecho a la educación, porque a lo largo de 10 años, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no atendió su petición de creación de jardín de niños.
Ante el recurso legal, la SEG asignó casi de inmediato a una maestra a una escuela provisional construida por los padres de familia, y aunque la atención está lejos de ser integral, la juez de distrito sobreseyó el caso, pero la comunidad resolvió continuar el proceso.
Aunque los funcionarios estatales han destacado avances en algunos indicadores, Tlachinollan indicó que el aparente avance en materia educativa no es tal, si se compara con las poblaciones de menos de 3 mil habitantes, es decir las poblaciones rurales.
Explicó que en 1980 en las poblaciones rurales, las personas de 15 años y más en situación de analfabetismo representaban el 13 por ciento, en 2010 este índice se elevó a más del 15 por ciento.

Marginación urbana

El Coneval indicó que en el país hay mil tres municipios donde el 75 por ciento de la población se encuentra en pobreza; la mayoría de ellos son municipios rurales, pequeños, con porcentajes altos de población que habla lengua indígena.
Por otro lado, señaló que en 190 municipios urbanos y muy grandes del país –como Acapulco– se concentran la mitad de la población en situación de pobreza, pero en las reglas de operación de los 14 programas federales orientados a los pueblos originarios, no contemplan a los indígenas que viven las grandes ciudades.
Para abatir los rezago de la población indígena, el Coneval recomendó que los programas federales dirigidos a este sector creen estructuras más eficaces y eficientes, respecto a la magnitud de los conflictos sociales que padecen.
También que clarifiquen la identificación de la población potencial y objetivo, y consideren en las políticas a los residentes indígenas de las áreas urbanas, que no se incluyen en las reglas de operación de sus programas de atención.
Para terminar, señalaron que es necesario un esfuerzo para medir los impactos, de los que no cuentan con evaluaciones rigurosas.