Hizo Bruno Plácido en la asamblea un recuento de la relación UPOEG-Ejército

*Desde la irrupción en Tierra Colorada comenzó el hostigamiento al Sistema de Seguridad Ciudadana, dice. “Me mandó a llamar un general de la Novena Región Militar y me dijo ‘quiero que le bajes”. Asegura que preveía lo que iba a pasar en El Pericón por la relación de un capitán con el crimen organizado, y que de ello informó a Martínez Veloz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En la asamblea regional que se efectuó el sábado en Playa Ventura, municipio de Copala, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, hizo un detallado recuento sobre su relación con el Ejército, y cómo empezó la animadversión de éste después de que policías del Sistema de Seguridad Ciudadana irrumpieron en Tierra Colorada.
La toma de la presidencia municipal de ese municipio comenzó precisamente por los señalamientos en contra de la alcaldesa, por los integrantes de la Policía Ciudadana que creó la UPOEG, de tener vínculos con la delincuencia organizada, a raíz de la detención de su director de seguridad, Óscar Ulises Valle García, a quien además vincularon con el asesinato del comandante de la Policía Ciudadana de San Juan del Reparo, ocurrido el 26 de marzo pasado.
A casi cuatro meses de esos hechos, el dirigente de la UPOEG en su discurso del sábado, durante la asamblea regional en la que se analizó la postura que recibieron el 8 de agosto en la Secretaría de Gobernación, por parte del gobernador Ángel Aguirre Rivero y el subsecretario de Gobernación, Luís Enrique Miranda Nava, con respecto a la retención de los militares en El Pericón, municipio de Tecoanapa el 5 de agosto, Plácido Valerio, responsabilizó a la ex procuradora Martha Elba Garzón Bernal de la libertad del ex jefe policiaco,  pues explicó que a pesar de que fue entregado a la Procuraduría, con videos y fotografías que comprueban que tiene vínculos con la delincuencia organizada, fue liberado por la intervención de Garzón Bernal.
El municipio de Juan R. Escudero es emblemático para la lucha de la UPOEG, porque según el dirigente de la agrupación, Plácido Valerio, a partir de la irrupción de la Policía Ciudadana en Tierra Colorada y la detención del director de Seguridad Pública de ese lugar, comenzaron las amenazas por parte de elementos del Ejército en contra de los dirigentes de la agrupación, hostigamiento que desembocó con el desarme de cinco elementos de la Policía Ciudadana y la consecuente retención de los militares en El Pericón.
En ese sentido, Plácido Valerio reveló: “Muchas cosas no se han dicho a los medios de comunicación”. Y, en seguida denunció: “Después de lo de Tierra Colorada me mandó llamar un general de la Novena Región Militar –no dijo su nombre–, me dijo: ‘quiero que le bajes, bájale’”.
Plácido Valerio aseguró que su respuesta fue que “lo respeto mucho, pero no es la forma de que me trate, porque no soy su coronel ni soy su soldado”.
Añadió que desde allí se generó el conflicto con los militares, “y ahora viene el general y dice que le preocupa quién financia a la UPOEG, y dicen que lo financian organismos internacionales”.
Asimismo, insistió en lo que ha dicho en otras ocasiones, en el sentido de que las denuncias del gobierno federal de que el Sistema de Seguridad y Justicia está financiado por narcotraficantes o por la guerrilla, y al respecto dijo que les ha respondido que “si fuera así yo me entregaría ante cualquier tribunal”.
Aclaró que eso le obligó a firmar un documento con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, “para demostrarle que detrás de nosotros no hay nadie”, informó en referencia al documento en el que se comprometió a que la Policía Ciudadana no utilizará armas de uso exclusivo del Ejército mexicano y las fuerzas armadas, y que no saldrá de su territorio, motivo por el cual fueron desarmados los cinco policías ciudadanos el 5 de agosto pasado.
Sin embargo, agregó que a pesar de que esas armas se utilizan por la policía ciudadana “no hay nada que esconder, a pesar de que hay otros que dicen: ¿pero cómo traen tantas armas?”.
Reconoció: “Efectivamente no podemos portar AR-15 y cuernos de chivo, ¿pero con qué armas quieren que nos enfrentemos a la delincuencia?”.
En ese sentido hizo otra revelación: “Hace 15 días entraron (en El Pericón) camionetas con hombres que portaban armas de alto poder y ellos (los militares) no los vieron”, e insistió que es esto lo que ha generado el conflicto.
El dirigente de la UPOEG aseguró que todo el tiempo ha estado informando a las autoridades estatales y federales que había peligro, “y le informé a Jaime Martínez Veloz (el comisionado del gobierno federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). Hice como diez llamadas, tuve como diez reuniones, porque yo preveía lo que iba a pasar en El Pericón”, sin embargo aseguró que nadie le hizo caso.
Pero añadió que la Policía Ciudadana no va a enfrentar al Ejército, a pesar de que saben de la protección a las bandas del crimen organizado, y luego se quejó de que el gobierno federal “manda militares donde hay tranquilidad y donde hay desplazados no mandan nada”.
Aseguró que de su parte “todo el tiempo nosotros hemos buscando al Ejército, y tenemos pruebas de que los hemos buscado”.
Sin embargo, agregó que el gobierno federal les dio largas “y fue así que reventó el tema de El Pericón, no pueden ni tienen pruebas de que violamos la ley”, y añadió que en todo momento hubo respeto para los soldados “a pesar de que hay quienes nos dicen que somos lame huevos”.
“Nosotros no estamos contra el Ejercito”, insistió, “pero sí contra ese capitán Brown, que sacó a (el presunto narcotraficante) El Cholo de Ayutla a Cruz Grande disfrazado de militar, y dejó pasar tres suburban de presuntos marinos”.
Añadió que el señalamiento en contra de ese jefe militar se confirmó, cuando al llegar el 5 de agosto a El Pericón y al recorrer el monte, cerca donde se encontraba el campamento, “la gente de El Pericón denunció que abajo se sentaban los chicos de negro, y fuimos a la milpa y encontramos el árbol de la horca, por eso acusamos a este cabrón”.
Agregó que desde un principio aclararon a los militares y a las autoridades que “el conflicto es contra el capitán, contra ustedes no. En ningún momento desarmamos al Ejército”, a pesar de que dijo que eso era lo que pedían los ciudadanos, y por eso hubo quienes los acusaron de traidores, “que habíamos vendido el movimiento”.
También reveló que después de la reunión del 8 de agosto en la ciudad de México, cuando el gobernador y el subsecretario de Gobernación les dijeron que no hay diálogo, “porque retuvimos al Ejército y les dijimos que sólo era contra el capitán, se evidenció que también algunos elementos de la Policía Federal están metidos”, pues dijo que elementos de una patrulla se reunieron en el restaurante Siete Mares, ubicado en Marquelia, “donde festejaron, hay fotos donde festejaron, donde bebieron, yo sé que es delicado lo que decimos, pero tampoco vamos a callarlo”, dijo.
Añadió que las autoridades federales y estatales no los pueden acusar de que son los responsables de la violencia, cuando en Chilpancingo hay siete u ocho secuestros, “y ahí no dicen nada”.
En su discurso, calificó como “regaño” del gobernador Ángel Aguirre y el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, lo que les dijeron en esa reunión, pero al respecto informó que les respondió “que haríamos una reunión el sábado, y ahorita nos dicen que no hay diálogo porque detuvimos al Ejército”.
Bruno Plácido recordó que cuando inició el movimiento, en Ayutla de los Libres, había secuestros, violaciones, extorsiones, “nosotros sabíamos y las autoridades decían que no sabían nada, y por eso surgimos como grupos de autodefensa”.
Agregó: “Nos reunimos con los generales en la Novena Región de Acapulco, y con el 48 Batallón, y ahora nos dicen que estamos en contra de los militares; nos quitamos la capucha, y nos convertimos en sistema de justicia ciudadana. Se detuvieron a 54 personas, muchos de ellos los liberaron (el gobierno)”, aseguró.
Añadió que en marzo “nos matan a José Guadalupe Quiñones, del pueblo de San Juan del Reparo, municipio de Tierra Colorada. Acordamos entrar juntos, y avisamos al gobierno estatal; tenemos datos de que nos querían emboscar por la madrugada, pero se dieron cuenta que no éramos dos camionetas, sino muchos más”.
Narró que los ayudó que entraron todos juntos y que muchos huyeron descalzos a Chilpancingo, “uno de ellos fue el marido de la presidenta municipal (de Tierra Colorada), y sólo pudimos detener al director de Seguridad Pública (Óscar Ulises Valle)”.
Sin embargo, insistió que éste fue ayudado por la ex procuradora Garzón, junto su hermana Irma Lilia, ex diputada del PAN, quienes presionaron para que se liberara al ex director, “pero hay un acuerdo de que si entra en nuestro territorio, es hombre muerto”.