Cumple la prisión de Guantánamo 10 años; Obama no pudo cerrarla a pesar de su promesa

DPA

Londres

El centro de detención estadunidense en Bahía Guantánamo es, para la organización Amnistía Internacional (AI), el símbolo de una política que no respeta los derechos humanos.
Desde su creación hace diez años, AI lucha contra las detenciones de cientos de sospechosos de terrorismo sin un proceso judicial.
Matthew Pollard, asesor jurídico de AI, explica en entrevista con DPA, por qué no se trata sólo del cierre de Guantánamo.
–¿Qué representa el campo de detención?
–Guantánamo es un símbolo de los principales errores que Estados Unidos cometió ya en el inicio, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Entonces se decía: Estados Unidos está ahora en una lucha global contra el terrorismo, y en un caso así, los derechos humanos no son vinculantes. Cerrar Guantánamo es también necesario para que Estados Unidos vuelva por fin a reconocer de manera inequívoca en su política la defensa de los derechos humanos. Otros países sienten que también pueden violar los derechos humanos cuando se trata de terrorismo. Pero los fundamentos jurídicos son claros: las bases de los derechos humanos existen siempre y valen para todos.
–¿Qué alternativa hay?
–Algunos de los detenidos en Guantánamo seguro que deben ser llevados ante la Justicia. Pero deberían ser los tribunales penales regulares. Desde el primer día, estos tribunales estaban dispuestos a tomar esos casos. El hecho de que Estados Unidos haya elegido ese principio de una guerra global, condujo a que hasta los familiares de las víctimas del 11-S no obtuvieron hasta ahora ninguna justicia ni vieron a los atacantes ante la Justicia.
–¿Por qué hay tanto silencio alrededor de Guantánamo?
–En los dos últimos años hubo un cambio. Actualmente uno encuentra sólo unas pocas personas en el Congreso de Estados Unidos que están en contra de Guantánamo. El motivo es una política del miedo, que se encuentra en todas partes. La opinión dominante es que Estados Unidos sigue amenazada por terroristas y que el único camino para reaccionar es militar. Esto vale para el Congreso, las cortes y la administración. Para Obama es un gran desafío avanzar contra estas limitaciones, que vienen de esos sitios.

Un poco de historia

Desde hace diez años, Estados Unidos mantiene encarcelados a sospechosos de terrorismo en su base militar en Bahía Guantánamo, en la isla de Cuba.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, el presidente George W. Bush ordenó establecer allí un campo de detención.
El sucesor de Bush, Barack Obama, decidió dos días después de asumir la presidencia en enero de 2009, cerrar la cárcel de Guantánamo en un plazo de un año, ya que se había convertido en un símbolo de torturas y arbitrariedad. Sin embargo, la promesa de Obama no se hizo realidad.
A fines de 2011, eran todavía 171 los detenidos que vivían bajo la vigilancia de soldados en Guantánamo. Tribunales militares deben llevar adelante los juicios.
La mayoría de los presos están en el Campo VI. Los indisciplinados o los que no obedecen a los guardias son trasladados al Campo V, más estricto.
Los primeros detenidos llegaron a Cuba el 11 de enero de 2002. Sin acusación, primero fueron albergados en el Campo Rayos X, que era provisorio y que luego fue reemplazado por el complejo Campo Delta”.
En total estuvieron detenidos en Guantánamo 800 personas.
Obama no puede cerrar Guantánamo mientras el Congreso se oponga a ello.
En 2009, los legisladores votaron en contra de trasladar a los detenidos a territorio continental de Estados Unidos, una condición previa para cerrar Guantánamo. Ni siquiera los propios demócratas respaldaron a Obama, porque temían el rechazo de la población
Muchos detenidos no pueden ser deportados a sus países de origen, debido a que allí podrían ser víctimas de persecución. Terceros países fueron reticentes a aceptar a los detenidos.
Finalmente, el Congreso prohibió de nuevo en diciembre de 2011 usar fondos públicos para el cierre de Guantánamo y la construcción de cárceles de reemplazo en Estados Unidos.
El gobierno de Bush calificó a los detenidos de “combatientes ilegales” y no como prisioneros de guerra. De esta manera, les negó los derechos establecidos en la Convención de Ginebra de 1949. Tampoco rige el derecho constitucional de “habeas corpus” según el gobierno de Estados Unidos, ya que Guantánamo no se encuentra en territorio estadunidense.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ocupó reiteradamente de las condiciones en Guantánamo, pero no logró imponer cambios fundamentales.
Tampoco tuvieron mucho impacto las protestas en el extranjero, de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Cruz Roja y de defensores de los derechos humanos.
La organización Human Rights Watch teme que el sistema Guantánamo pueda existir “para siempre”.