Garantizar en la Constitución el respeto a derechos humanos, exigen al Congreso

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Siete organizaciones locales demandaron ayer que el Congreso local “priorice” en su agenda legislativa los temas relacionados con los derechos humanos y que en el caso de la reforma integral a la Constitución del estado “debe consultarse con el pueblo y que sea acorde con el contenido del artículo 1 de la Constitución federal”.
En un comunicado, expresan: “De suerte que se establezcan en el más alto nivel las obligaciones estatales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, asentando que en Guerrero se reconocen como ley suprema los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos”.
El documento lo firman representantes del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad; el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG);  la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El documento señala que desde el año 2010 se han presentado diversas iniciativas que plantean la inclusión del reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución del estado, y que el 28 de octubre de 2012 se presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos humanos que contempla un texto similar al de la Constitución federal.
Sin embargo, agrega que la reforma de la Constitución “se encuentra pendiente en cuanto a su discusión y aprobación”.
Expresan que lo mismo ocurre respecto de otras iniciativas relevantes en materia de derechos humanos, como es el caso de las modificaciones al Código Penal en materia de tortura.
Y añaden: “al mismo tiempo las violaciones a derechos humanos en Guerrero siguen aumentando; la represión contra los normalistas de Ayotzinapa, el fortalecimiento de la delincuencia organizada en connivencia con importantes sectores del aparato estatal, los intentos de acotar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Ley estatal 701, la problemática del magisterio que desató el conflicto social, las incursiones militares en el territorio de Cacahuatepec, bastión de la resistencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP), y las agresiones contra luchadores sociales como los compañeros de la Unidad Popular (UP), son hechos que nos muestran que la situación de derechos humanos en el estado sigue en franco deterioro”.
Por lo que concluyen: “ante esta situación las organizaciones firmantes demandamos que se priorice la agenda legislativa en materia de derechos humanos. Remarcamos que la reforma integral a la Constitución Política del estado de Guerrero debe consultarse con el pueblo guerrerense y ser acorde con el contenido del Artículo 1 de la Constitución federal, de suerte que se establezcan en el más alto nivel las obligaciones estatales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, asentando que en Guerrero se reconocen como ley suprema los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos”.