Rubén Aguilar Valenzuela

¿Cuál reforma?

El núcleo central de la iniciativa energética que el presidente  Enrique Peña Nieto envió al Senado es el cambio  constitucional para que el gobierno pueda celebrar “contratos de utilidad compartida” con particulares. No queda claro si esa formulación admite, como ocurre en el mundo, los “contratos de riesgo compartido” o joint venture, que es la manera más común para invertir en el sector energético por parte de las compañías petroleras.
Es cierto, como plantea el Presidente, que esta posibilidad estaba contemplada en la reforma de la Constitución de 1940, que hizo ley el decreto de expropiación petrolera de 1938, pero fue eliminada por posteriores administraciones priistas.  La actual iniciativa restituye el texto del artículo 27 tal como lo había contemplado el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940).
La iniciativa va en la dirección correcta; pero se quedaría corta para las necesidades de inversión que tiene México en materia energética y las expectativas de la industria petrolera mundial, si no contempla los contratos de riesgo compartido o alianzas estratégicas de petroleras estatales y privadas, como en Noruega, Brasil, Venezuela, Cuba, Bolivia y casi todo el mundo. Lo que interesa a las grandes petroleras es arriesgar juntos su tecnología y capital en la exploración y producción de yacimientos, en una industria con alto grado de incertidumbre exploratoria.
En la propuesta este punto es ambiguo. No queda claro si los contratos de riesgo compartido de empresas conjuntas están considerados. La duda es sustantiva para la industria y los inversionistas. Sólo se va a despejar cuando se promulgue la ley reglamentaria. Habrá que esperar hasta entonces para saber cuál es la verdadera dimensión de la reforma que se apruebe. Además, el pago con hidrocarburos continuaría prohibido y México seguiría siendo el único país que paga en cash y por adelantado.
La ambigüedad de la iniciativa plantea dudas en los círculos financieros internacionales que reconocen avances. The Wall Street Journal lo advirtió: “La iniciativa presentada el lunes podría decepcionar a algunas petroleras y seguiría quedándose corta en comparación con lo que ofrecen la mayoría de los países productores de petróleo”.
Para neutralizar la posible reacción de grupos del PRI y de la izquierda, el gobierno hace suya la figura del presidente Cárdenas, sin duda, el más importante presidente priista que ha tenido el país. La expropiación petrolera y la reforma agraria son elementos centrales de la formación del Estado moderno; y también materia prima fundamental, para la construcción del mito de la Revolución Mexicana. El PRI y la izquierda se van a disputar el legado del presidente Cárdenas en la intensa discusión de los próximos meses. ¿Quién se quedará con él?

Twitter: @RubenAguilar