Se qujan dos jefes de grupo de la PIM de que fueron despedidos y no les pagan el finiquito

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Dos coordinadores de Grupo de la Policía Investigadora Ministerial (PIM)  de Iguala denunciaron que a un año de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) los separó del servicio, sólo les dan largas para entregarles su finiquito por más 23 y 27 años de servicio, y a la fecha no tienen acceso a una pensión y a otras prestaciones porque la dependencia no concluye sus procedimientos administrativos.
Antonio Calderón Medina y Ángel Flores Medina, mayores de 50 años de edad, señalaron que fueron despedidos porque no aprobaron las evaluaciones de confianza que se aplicaron en 2010, y de las que notificaron en octubre de 2012 a un grupo de 23 policías.
Sin embargo, denunciaron que nunca les presentaron los resultados de la evaluación que aplicó el Centro de Evaluación de Control y Confianza que tampoco estaba certificado, y aunque se inconformaron y exigieron una explicación, les respondieron que los expedientes eran  confidenciales. Ni los involucrados tuvieron derecho de acceso a esta información.
En una visita a la redacción de El Sur, señalaron que había un fondo de 2 millones de pesos para indemnizar a los trabajadores despedidos en ese proceso, pero varios exigieron que les repitieran el procedimiento de prueba, porque los plazos para notificarlos no cumplieron la norma.
Luego,  dijeron que el dinero se regresó a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, pero una vez que llegaron a un acuerdo con el contralor interno, Francisco Torres Valdez, y el director general de responsabilidades, Salomón Pacheco Saavedra, sólo les dan largas, y no les entregan sus pagos.
Los trabajadores exigieron el pago de la indeminzación y el aguinaldo correspondiente a 2012, que les dejaron de cubrir, así como salarios caídos porque la PGJE no ha terminado el proceso administrativo y los dejó en la indefensión.
Aseguraron que desde marzo les ofrecieron el pago, pero cuando llegan a las oficinas les dicen que vuelvan en 15 días, y tienen que pedir prestado para su traslado. Ayer, señalaron que estuvieron en la capital precisamente para recibir sus bonos, pero no obtuvieron nada.
Incluso, señalaron que se quejaron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos pero les dijeron que la instancia es incompetente por una ley supleatoria que les impide ayudar a las personas en asuntos laborales.
Cuestionaron que otros de sus compañeros siguen laborando en la dependencia, a pesar de que dieron positivos en el examen toxicológico en otro proceso, pero todos fueron reinstalados.