Pide la CRAC de El Paraíso que la Sedesol y no la Sedena se encargue de la Cruzada Contra el Hambre

*Si los soldados van a “peinar señoritas y cocinar alimentos” que dejen a los pueblos autodefenderse, dice Nestora Salgado. Demandan al gobierno estatal un millón de pesos al mes, 25 camionetas y 500 radios de comunicación porque hacen labores de seguridad. Acuerdan una marcha el domingo en Tixtla contra la militarización y la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso, Ayutla, recriminó ayer que el gobierno federal utilice a los militares para la Cruzada Contra el Hambre, “cuando el país y el estado se encuentran de cabeza” por lo que llamó a que sea la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y no la de la Defensa Nacional (Sedena) la que esté al frente de dicho programa federal.
La coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado, en conferencia de prensa la tarde de ayer dijo que si el gobierno federal va a “ocupar” a los soldados para “peinar señoritas y para cocinar alimentos, entonces que mejor nos dejen organizar a los ciudadanos para nuestra autodefensa”.
En el barrio de El Santuario en Tixtla, junto a las autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, criticó la postura del coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, en el sentido de que van a ser expulsados de la agrupación por los bloqueos que realizaron el 6 de agosto cuando en Tecoanapa coincidieron con las bases de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Denunciaron que los militares continúan abarcando diversas comunidades indígenas, sobre todo de la Costa Chica y de la Montaña de Guerrero, sin que hayan pedido permiso a las autoridades comunitarias.
En la conferencia estuvieron los consejeros y promotores adscritos a El Paraíso, Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Miguel Vitrago Reyes, quienes advirtieron que en caso de que el gobierno del estado siga dando su apoyo a las autoridades castrenses van a realizar acciones de protesta en los próximos días.
Nestora Salgado se dijo ofendida con las actuaciones del Ejército porque, “estos elementos están realizando acciones que le corresponden a los ciudadanos, además de que no permiten que los ciudadanos realicen las funciones de autodefensa”.
Criticó que no haya resultados del trabajo de los soldados en materia de seguridad, por lo que aseguró que no son garantía de que se reduzca la delincuencia en las comunidades.
“El Ejército debería de desarmar y detener a los delincuentes y no a nosotros que estamos defendiendo a la ciudadanía”, expresó la dirigente de la Policía Comunitaria.
Los integrantes de la CRAC entregaron a los reporteros dos documentos, uno con las peticiones a los gobiernos municipal, estatal y federal que resumen en 10 puntos, “exigimos respeto a nuestra institución comunitaria, a nuestros pueblos y a todo lo que comprende nuestro territorio comunitario”, “tenemos derecho al libre tránsito, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que respetar ese derecho”, “planteamos el desistimiento de las órdenes de aprehensión giradas contra miembros de nuestra CRAC-PC”, “la devolución de las armas retenidas a nuestros compañeros policías comunitarios”.
El punto número cinco dice, “ante la pobreza de nuestra gente y la falta de infraestructura de servicios básicos exigimos la planificación de un Plan de Desarrollo Comunitario para los pueblos donde tiene presencia nuestra CRAC-PC” y sigue, “un presupuesto a nuestra CRAC-PC del Paraíso como un derecho de los pueblos, puesto que la federación destina un presupuesto para el rubro de seguridad. Y nuestra institución al proveer seguridad a una población muy importante de nuestros municipios tiene ese derecho. Se plantea un presupuesto de un millón de pesos mensuales para la Casa de Justicia de El Paraíso”.
A su vez piden “la construcción de un centro de reeducación para menores infractores en alguno de los municipios que pertenecen a nuestra Casa de Justicia”, “la donación de 25 camionetas y de 500 radios de comunicación para el mejor cumplimiento de nuestras tareas”, “el establecimiento de una ventanilla del gobierno estatal para tramitar las obras y proyectos productivos urgentes para los pueblos que forman parte de nuestra Casa de Justicia”.
El décimo punto de su pliego petitorio busca, “la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario, que bajo el argumento de la Cruzada Contra el Hambre está tomando comunidades nuestras. Que el trabajo lo hagan secretarías como Sedesol u otros en coordinación con las autoridades de nuestra Casa de Justicia”.
El otro documento que dieron a los reporteros es el mismo que entregaron a los militares el lunes en Ayutla en donde la CRAC exige respeto al territorio comunitario, con fundamento en los tratados internacionales, Convenio 169 de la OIT, Acuerdos de San Andrés, artículo 2 de la Constitución y la Ley 701, en donde se lee, “Les pedimos de manera atenta y respetuosa su retiro de todas las comunidades integradas a la CRAC”, y agrega que la labor social no es de competencia de los militares, que para eso existen instituciones legalmente reconocidas como la Sedesol, el DIF, tipo civil, y sostienen que “consideramos su presencia en nuestro territorio como un acto de provocación e intimidación”.
Termina el texto con la petición de “comprensión” a los militares y lo firman los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso Carlos Morales Chávez,  Bernardino García Francisco, Miguel Vitrago Reyes, Nestora Salgado García, y el coordinador regional Arturo Campos Herrera.

Los planta el gobernador

Antes de la conferencia, por la mañana el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, dejó plantadas a las autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, a pesar de que el gobierno del estado había programado una reunión a las 12 del día de este martes.
El coordinador, Arturo Campos Herrera dijo después de que no los recibieron que, “esto es una falta de respeto, ni siquiera nos avisaron con anticipación de que el gobernador no nos iba a recibir”.
Nestora Salgado le dijo al director de Gobernación del estado, Moisés Alcaraz Jiménez, que no se vale que los hayan citado a la reunión y que de un momento a otro les digan que no son recibidos.
El director de Gobernación les dijo que en esos momentos Aguirre Rivero no se encontraba en Casa Guerrero pero que la reunión con ellos no se cancelaba sino se prorrogaba para otro día, pues les dijo que se encontraba en una gira de trabajo.
“No estamos hablando de que la reunión se suspende, sino solamente se prorroga”, aclaró el funcionario ante los coordinadores de la CRAC que esperaban la reunión afuera de la puerta 3 de Casa Guerrero.
Después, en la plática que los miembros de la CRAC iban a tener con coordinadores regionales de los municipios de Olinalá, Huamuxtitlán, Ayutla y Tixtla y en la que se iba a tratar el asunto del hostigamiento e intimidación que sufren del Ejército, acordaron que las acciones las van a realizar después de una reunión más amplia.
Tras el plantón que los líderes de la CRAC se marcharon de la puerta 3 de Casa Guerrero decidieron trasladarse a Tixtla para sostener una reunión y tomar los acuerdos correspondientes.
En ese momento el director de Gobernación, Moisés Alcaraz, no les supo decir el día en que se va a realizar la reunión con Aguirre, a pesar de que las autoridades pedían saber a qué hora y en dónde.
El grupo de coordinadores después de que les suspendieron la reunión realizaron un encuentro en Tixtla, en donde acordaron que el próximo domingo se van a movilizar en esa cabecera municipal.
La principal demanda que van a enarbolar ese día es en contra de la reforma energética que envío este lunes el presidente, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, pero también en contra de la militarización.