{"version":"1.0","provider_name":"El Sur de Acapulco I Peri\u00f3dico de Guerrero","provider_url":"https:\/\/suracapulco.mx\/archivoelsur","author_name":"-","author_url":"https:\/\/suracapulco.mx\/archivoelsur\/archivos\/author\/t6jkmep9q4","title":"Los tribunales federales en Guerrero,c\u00f3mplices del Ej\u00e9rcito: Centro Prodh * Se\u00f1ala que no hay justicia mientras no se reconozca la inocencia de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que a consecuencia de la represi\u00f3n han tenido que dejar la lucha en defensa del ambiente * Sostiene que se debe replantear la labor que el Ej\u00e9rcito mexicano realiza en comunidades ind\u00edgenas y campesinas El Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro (Prodh) ampli\u00f3 la petici\u00f3n de apertura del caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones al derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial e independiente y violaci\u00f3n del derecho a la protecci\u00f3n judicial en que incurrieron jueces y tribunales federales en el estado de Guerrero, que, afirma, han actuado parcialmente en contra de los derechos. El director del Prodh, Edgar Cortez, inform\u00f3 que el 11 de noviembre fue ampliada la petici\u00f3n de apertura de caso ante la CIDH. Subray\u00f3 \u201cla preocupaci\u00f3n e indignaci\u00f3n que para este Centro de Derechos Humanos representa la actuaci\u00f3n que han tenido los \u00f3rganos del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n adscritos al 21 Circuito (en el estado de Guerrero) en el presente caso. Su falta de criterio y desconocimiento de los derechos fundamentales y la complicidad que con sus resoluciones han demostrado hacia las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ej\u00e9rcito mexicano, implican un retroceso y una verg\u00fcenza para la administraci\u00f3n de justicia en nuestro pa\u00eds. \u201cEsto se ve demostrado en la forma en la que han argumentado sus resoluciones, d\u00e1ndole pleno valor probatorio a las ilegales actuaciones realizadas por el Ej\u00e9rcito y denostando las pruebas ofrecidas por la defensa, incluso una recomendaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, tampoco ha tenido la capacidad ni voluntad pol\u00edtica para hacer cumplimentar su recomendaci\u00f3n\u201d. En un bolet\u00edn en el que informa sobre la petici\u00f3n hecha a la CIDH, el Prodh plantea: \u201cInsistimos en que, a un a\u00f1o de que el Ejecutivo federal liber\u00f3 a los ecologistas, no existe todav\u00eda justicia plena e integral en el caso. Efectivamente, la liberaci\u00f3n de Rodolfo y Teodoro (el 7 de noviembre de 2001, tras el asesinato de su abogada, Digna Ochoa) no resolvi\u00f3 los problemas estructurales ni signific\u00f3 justicia alguna para ellos\u201d. Se\u00f1ala que para alcanzar justicia se requiere El reconocimiento pleno de la inocencia de los campesinos ecologistas; la reparaci\u00f3n moral y material y al proyecto de vida hacia los ecologistas, en virtud de que no \u00fanicamente se les afect\u00f3 moral y materialmente, sino que, como consecuencia de estos hechos, se les impidi\u00f3 continuar con su lucha a favor del medio ambiente. Tambi\u00e9n exige el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y por consiguiente la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n a quienes por acci\u00f3n (miembros del Ej\u00e9rcito y agentes del Ministerio P\u00fablico) u omisi\u00f3n (jueces y magistrados), son responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los ecologistas. Finalmente, demanda el establecimiento de medidas de no repetici\u00f3n de los hechos, mismas que tendr\u00edan que consistir, entre otras cosas, en el replanteamiento de la labor que el Ej\u00e9rcito mexicano realiza en comunidades ind\u00edgenas y campesinas. Afirma que sin la soluci\u00f3n de los cuatro puntos no existir\u00e1 justicia plena para los ecologistas ni para la sociedad en general y el Estado mexicano y su actual gobierno ser\u00e1n c\u00f3mplices de la violaci\u00f3n a los derechos humanos de los campesinos ecologistas, pero tambi\u00e9n de contribuir a la ruptura del Estado de derecho y de las instituciones democr\u00e1ticas del pa\u00eds. En el bolet\u00edn, fechado el 27 de noviembre, el Prodh recuerda que el 7 de noviembre del 2001, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron liberados mediante un decreto del Ejecutivo Federal, que se\u00f1alaba incompatible el estado de prisi\u00f3n en el que se encontraban con su salud f\u00edsica y psicol\u00f3gica. Los dos ecologistas se encontraban presos desde mayo de 1999, cuando fueron detenidos por efectivos del 40 Batall\u00f3n del Ej\u00e9rcito en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitl\u00e1n del Progreso, Guerrero, como una medida de represi\u00f3n por su lucha a favor del medio ambiente en la zona de Petatl\u00e1n y Coyuca de Catal\u00e1n. Los dos ecologistas fueron incomunicados y torturados durante 6 d\u00edas, y finalmente se les oblig\u00f3 a firmar declaraciones autoinculpatorias, que junto con otras pruebas fabricadas por el Ej\u00e9rcito, sirvieron de sustento para someterlos a un proceso judicial plagado de irregularidades y que culmin\u00f3 con una sentencia condenatoria en su contra. El 25 de octubre del 2001, el Prodh present\u00f3 ante la CIDH la petici\u00f3n de apertura del caso, por la responsabilidad que el Estado mexicano tiene en las violaciones a los derechos humanos cometidas a los dos ecologistas. Las violaciones consist\u00edan en la afectaci\u00f3n a las garant\u00edas de libertad personal; derecho a la integridad personal y derecho al debido proceso. Adem\u00e1s se denunci\u00f3 la ausencia de imparcialidad e independencia que el Estado mexicano ha tenido para la investigaci\u00f3n de los hechos de tortura, en virtud de que \u00e9stas fueron turnadas a la Procuradur\u00eda de Justicia Militar. Al momento de la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n ante la CIDH estaba pendiente la resoluci\u00f3n del amparo directo que los ecologistas hab\u00edan presentado por segunda ocasi\u00f3n en contra de la sentencia que los declaraba culpables. El 14 de agosto del 2002, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Chilpancingo, determinaron convalidar las sentencias que hab\u00edan dictado el Juzgado Quinto de Distrito de Iguala Guerrero y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Chilpancingo. Afirma el Prodh que esas resoluciones \u201chab\u00edan avalado todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ej\u00e9rcito al momento de la detenci\u00f3n, incomunicaci\u00f3n y tortura de los ecologistas y desvirtuado, de manera infundada e ilegal, todas las pruebas que demostraban la inocencia plena de Rodolfo y Teodoro. Este hecho motiv\u00f3 la existencia de nuevas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los campesinos, por las que este 11 de noviembre fue ampliada la petici\u00f3n ante la CIDH.","type":"rich","width":600,"height":338,"html":"
Los tribunales federales en Guerrero,c\u00f3mplices del Ej\u00e9rcito: Centro Prodh * Se\u00f1ala que no hay justicia mientras no se reconozca la inocencia de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que a consecuencia de la represi\u00f3n han tenido que dejar la lucha en defensa del ambiente * Sostiene que se debe replantear la labor que el Ej\u00e9rcito mexicano realiza en comunidades ind\u00edgenas y campesinas El Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro (Prodh) ampli\u00f3 la petici\u00f3n de apertura del caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones al derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial e independiente y violaci\u00f3n del derecho a la protecci\u00f3n judicial en que incurrieron jueces y tribunales federales en el estado de Guerrero, que, afirma, han actuado parcialmente en contra de los derechos. El director del Prodh, Edgar Cortez, inform\u00f3 que el 11 de noviembre fue ampliada la petici\u00f3n de apertura de caso ante la CIDH. Subray\u00f3 \u201cla preocupaci\u00f3n e indignaci\u00f3n que para este Centro de Derechos Humanos representa la actuaci\u00f3n que han tenido los \u00f3rganos del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n adscritos al 21 Circuito (en el estado de Guerrero) en el presente caso. Su falta de criterio y desconocimiento de los derechos fundamentales y la complicidad que con sus resoluciones han demostrado hacia las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ej\u00e9rcito mexicano, implican un retroceso y una verg\u00fcenza para la administraci\u00f3n de justicia en nuestro pa\u00eds. \u201cEsto se ve demostrado en la forma en la que han argumentado sus resoluciones, d\u00e1ndole pleno valor probatorio a las ilegales actuaciones realizadas por el Ej\u00e9rcito y denostando las pruebas ofrecidas por la defensa, incluso una recomendaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, tampoco ha tenido la capacidad ni voluntad pol\u00edtica para hacer cumplimentar su recomendaci\u00f3n\u201d. En un bolet\u00edn en el que informa sobre la petici\u00f3n hecha a la CIDH, el Prodh plantea: \u201cInsistimos en que, a un a\u00f1o de que el Ejecutivo federal liber\u00f3 a los ecologistas, no existe todav\u00eda justicia plena e integral en el caso. Efectivamente, la liberaci\u00f3n de Rodolfo y Teodoro (el 7 de noviembre de 2001, tras el asesinato de su abogada, Digna Ochoa) no resolvi\u00f3 los problemas estructurales ni signific\u00f3 justicia alguna para ellos\u201d. Se\u00f1ala que para alcanzar justicia se requiere El reconocimiento pleno de la inocencia de los campesinos ecologistas; la reparaci\u00f3n moral y material y al proyecto de vida hacia los ecologistas, en virtud de que no \u00fanicamente se les afect\u00f3 moral y materialmente, sino que, como consecuencia de estos hechos, se les impidi\u00f3 continuar con su lucha a favor del medio ambiente. Tambi\u00e9n exige el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y por consiguiente la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n a quienes por acci\u00f3n (miembros del Ej\u00e9rcito y agentes del Ministerio P\u00fablico) u omisi\u00f3n (jueces y magistrados), son responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los ecologistas. Finalmente, demanda el establecimiento de medidas de no repetici\u00f3n de los hechos, mismas que tendr\u00edan que consistir, entre otras cosas, en el replanteamiento de la labor que el Ej\u00e9rcito mexicano realiza en comunidades ind\u00edgenas y campesinas. Afirma que sin la soluci\u00f3n de los cuatro puntos no existir\u00e1 justicia plena para los ecologistas ni para la sociedad en general y el Estado mexicano y su actual gobierno ser\u00e1n c\u00f3mplices de la violaci\u00f3n a los derechos humanos de los campesinos ecologistas, pero tambi\u00e9n de contribuir a la ruptura del Estado de derecho y de las instituciones democr\u00e1ticas del pa\u00eds. En el bolet\u00edn, fechado el 27 de noviembre, el Prodh recuerda que el 7 de noviembre del 2001, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron liberados mediante un decreto del Ejecutivo Federal, que se\u00f1alaba incompatible el estado de prisi\u00f3n en el que se encontraban con su salud f\u00edsica y psicol\u00f3gica. Los dos ecologistas se encontraban presos desde mayo de 1999, cuando fueron detenidos por efectivos del 40 Batall\u00f3n del Ej\u00e9rcito en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitl\u00e1n del Progreso, Guerrero, como una medida de represi\u00f3n por su lucha a favor del medio ambiente en la zona de Petatl\u00e1n y Coyuca de Catal\u00e1n. Los dos ecologistas fueron incomunicados y torturados durante 6 d\u00edas, y finalmente se les oblig\u00f3 a firmar declaraciones autoinculpatorias, que junto con otras pruebas fabricadas por el Ej\u00e9rcito, sirvieron de sustento para someterlos a un proceso judicial plagado de irregularidades y que culmin\u00f3 con una sentencia condenatoria en su contra. El 25 de octubre del 2001, el Prodh present\u00f3 ante la CIDH la petici\u00f3n de apertura del caso, por la responsabilidad que el Estado mexicano tiene en las violaciones a los derechos humanos cometidas a los dos ecologistas. Las violaciones consist\u00edan en la afectaci\u00f3n a las garant\u00edas de libertad personal; derecho a la integridad personal y derecho al debido proceso. Adem\u00e1s se denunci\u00f3 la ausencia de imparcialidad e independencia que el Estado mexicano ha tenido para la investigaci\u00f3n de los hechos de tortura, en virtud de que \u00e9stas fueron turnadas a la Procuradur\u00eda de Justicia Militar. Al momento de la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n ante la CIDH estaba pendiente la resoluci\u00f3n del amparo directo que los ecologistas hab\u00edan presentado por segunda ocasi\u00f3n en contra de la sentencia que los declaraba culpables. El 14 de agosto del 2002, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Chilpancingo, determinaron convalidar las sentencias que hab\u00edan dictado el Juzgado Quinto de Distrito de Iguala Guerrero y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Chilpancingo. Afirma el Prodh que esas resoluciones \u201chab\u00edan avalado todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ej\u00e9rcito al momento de la detenci\u00f3n, incomunicaci\u00f3n y tortura de los ecologistas y desvirtuado, de manera infundada e ilegal, todas las pruebas que demostraban la inocencia plena de Rodolfo y Teodoro. Este hecho motiv\u00f3 la existencia de nuevas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los campesinos, por las que este 11 de noviembre fue ampliada la petici\u00f3n ante la CIDH.<\/a><\/blockquote>\n