Bogotá, Colombia, 22 de mayo de 2023. El cierre definitivo de El Periódico en Guatemala tras una ola de criminalización contra su personal es sólo el principio del asedio contra la libertad de prensa y el acceso a la información que está sentando el Gobierno de Alejandro Giammattei en el país y que se está replicando en Centroamérica, alertaron periodistas de ese medio en entrevista con REFORMA.
Tras una serie de ataques, el presidente y fundador del diario, José Rubén Zamora, fue encarcelado a finales de julio pasado bajo supuestos cargos de lavado de dinero, en un caso que fue “completamente” fabricado por el Estado, según han denunciado organizaciones de prensa y de defensa de derechos humanos.
A la encarcelación de Zamora le siguió el cierre de la edición impresa del rotativo en noviembre, el anuncio de investigaciones contra un grupo de seis periodistas y tres columnistas del diario en febrero y, finalmente, el cierre definitivo del El Periódico.
“Es muy preocupante lo que está sucediendo (en Guatemala)”, sostuvo Julia Corado, directora de El Periódico y una de las nueve personas investigadas.
“Porque en esa misma audiencia (en la que se anunció la investigación contra el grupo de periodistas) la fiscal dijo que quería investigar el financiamiento de otros medios, entonces ahí ya estaba anunciando que no somos los únicos, tal vez los primeros, pero después de nosotros vendrán otros medios independientes”.
La criminalización que ha emprendido el actual Gobierno comenzó a raíz de una reforma que el oficialismo aprobó a inicios de 2020 y que ordena el “control” de las organizaciones no gubernamentales en el país y su “fiscalización” aun cuando no manejen fondos públicos, una ley similar a la Ley de Agentes Extranjeros aprobada en Nicaragua meses después.
En el caso de El Periódico, que durante casi tres décadas se caracterizó por sus investigaciones sobre corrupción, el Gobierno impuso una serie de bloqueos para su financiamiento, haciendo muy difícil las ventas a los anunciantes, con lo que Zamora recurrió a la venta de una pintura para poder pagar la operatividad del diario.
Pero justamente por ese dinero la Fiscalía lo está acusando ahora de lavado de dinero, un caso basado en la declaración de un único testigo, un banquero que ha sido procesado por cargos de corrupción, según contó Juan Luis Font, quien fungió como director de El Periódico.
Zamora fue detenido la tarde del 29 de julio en su casa con un “excesivo uso de la fuerza”: más de una veintena de agentes de la Policía Nacional Civil fuertemente armados ingresaron a la vivienda por el techo, “como si de un criminal peligroso y violento se tratara”.
Con fondos escasos, el rotativo anunció el fin de su edición impresa el 30 de noviembre, con lo que 125 personas se quedaron sin empleo, y después, a raíz de la falta de seguridad del personal tras el anuncio de más investigaciones de colaboradores, se anunció el cierre definitivo el domingo, según Corado.
“Se decidió que podíamos salir con las ediciones digitales pero no fue posible ante el acoso que siguió mostrando el Gobierno, ante la obstrucción que hacían a los anunciantes a quienes amenazaban para que no publicaran en El Periódico”, relata la directora del diario, donde laboró desde 2002.
“Luego, el 28 de febrero, la Fiscal a cargo de Zamora dio nombres y apellidos (de otros periodistas bajo investigación) y dijo que nosotros, con nuestras publicaciones, estábamos obstruyendo a la justicia en el caso Zamora”.
Las autoridades, no obstante, no han querido explicar los detalles de la investigación a los abogados de las demás personas investigadas, señalan Corado y otro periodista que laboró en el rotativo hasta su cierre y que prefirió omitir su nombre por seguridad.
Si bien la situación es crítica, señalan que no es algo nuevo en la región, sino más bien un modelo a seguir de los países de Centroamérica.
“En Guatemala, los funcionarios han tomado aliento de lo que pasó en Nicaragua, porque ven que no haya consecuencias contra el gobernante ni contra su esposa (Rosario Murillo), a pesar de todo lo que están haciendo con la prensa (…) no pasa nada, ninguna sanción internacional, nada.
“El mes pasado, (el diario salvadoreño) El Faro tuvo que mover sus operaciones a Costa Rica por las presiones del Gobierno de (Nayib) Bukele, entonces creo que la situación en Centroamérica para los periodistas se está tornando muy hostil”, alertó la otra fuente.
Texto: Santiago Aguileta Ibarra / Agencia Reforma
