28 noviembre,2018 7:21 am

Asesinados en el proceso electoral 29 políticos y 31 sufrieron agresiones, amenazas o desapariciones

En el resumen que presentó Florencio Salazar destaca además que por los enfrentamientos de los grupos de la delincuencia hubo 955 personas desplazadas en diferentes municipios y 22 casos de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas. 
Chilpancingo, Guerrero, 28 de noviembre de 2018. En el pasado proceso electoral, 29 personajes ligados a la política fueron asesinados en 16 municipios del estado, y otros 31 sufrieron agresiones, amenazas o desapariciones, de acuerdo al resumen del informe que el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame entregó al Congreso local como parte de su comparecencia el pasado lunes.
El documento, refiere, también, que en este año se realizaron mil 630 movilizaciones sociales y que por los enfrentamientos de los grupos de la delincuencia hubo 955 personas desplazadas en diferentes municipios, 270 de ellas por el conflicto reciente en la Sierra.
En el resumen del informe se establece que los 29 asesinatos de políticos se cometieron en Chilapa, 7; Zihuatanejo 3; Eduardo Neri 2; Pungarabato 2; Chilpancingo 2: Canuto A. Neri 2; Ometepec 2 y 1 en Taxco, Quechultenango, Petatlán, Tecpan, Atoyac, Coyuca de Catalán, Tixtla, Alpoyeca y Acapulco.
Las agresiones, amenazas y desapariciones de los 31 políticos, ocurrieron en Eduardo Neri 4; Acapulco 3; Taxco 3; Pungarabato 3; Pedro Ascencio de Alquisiras 3; Pilcaya 2 y 1 en Coyuca de Catalán, Juan R. Escudero, Olinalá, Tixtla, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Atlamajalcingo del Monte, Cutzamala de Pinzon, Tetipac, Chilpancingo, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera y Juchitlán.
En el informe no se dan mayores datos, referente a quiénes son y los partidos u organizaciones a las que pertenecen las víctimas.
En cuanto a las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, la secretaría de Gobierno registró 22 casos que fueron atendidos en coordinación con el Mecanismo de Protección federal y da seguimiento a 43 expedientes, según la dependencia.
Mientras que en el ámbito local fueron atendidos 31 casos de agresiones, “principalmente de periodistas”, dice el texto.
En cuanto al número de personas desaparecidas, aun cuando Guerrero ocupa uno de los primeros lugares, y es la sexta entidad del país que tiene una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en el informe no se da a conocer cuántos casos se han registrado, pero en el texto se reconoce que se trata de una práctica que “constituye violaciones flagrantes de derechos humanos”.
Con respecto al desplazamiento de personas, el informe destaca que “en nuestro estado, los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia  organizada o civiles armados propician que personas y grupos abandonen sus hogares o lugares de residencia”.
Refiere que hasta el 31 de agosto se habían registrado 685 personas desplazadas  de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa, Apaxtla, y San Miguel Totolapan.
Además refiere que recientemente “la violencia detonada por bandas criminales que se disputan el control de la droga en la sierra, propició que el 12 de noviembre 270 personas de Corralitos, Filo de Caballos, Los Morros, y Campos de Aviación se desplazaran hacia Chichihualco. En total sumarían 955 personas desplazadas.
Sin embargo, subraya que en el caso de la Sierra, el 17 de noviembre, el gobierno brindó seguridad a los 270 desplazados en Chichihualco, pero que “por disparos al aire” la acción fue interrumpida, “lo que originó el regreso a Chichihualco de entre 60 a 70 personas y que al 20 de noviembre sólo 70 personas permanecían en el auditorio municipal de Chichihualco.
Con respecto a la conflictividad social que se vive en la entidad, la secretaría de Gobierno registró en este año mil 630 movilizaciones de las cuales el 44 por ciento fue del sector educativo, el 26 por ciento del sector social, y el 23 por ciento del sector laboral.
Las movilizaciones se concentraron en Chilpancingo con el 37 por ciento y en Acapulco con el 19 por ciento.
En el informe se asienta, por otra parte, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió a esta administración estatal 5 recomendaciones, 2 que corresponden a este año y 3 de años anteriores.
Mientras tanto, la Comisión estatal emitió 157 recomendaciones, 38 por casos cometidos este año, 4 de éstas no fueron aceptadas, 2 tienen recurso de reconsideración y 9 están en trámite de respuesta.
El informe refiere, en otro rubro, que del 2017 al 2018 se incrementaron de 54 mil 171 a 56 mil 358 concesiones del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades, lo que significa una variación del 4.1 por ciento.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur