El cuerpo tenía cuatro balazos en el brazo, cabeza y estómago; peritos encontraron 13 casquillos 9 milímetros. El hecho ocurre un día después de la visita de la presidenta, su gabinete de seguridad y los 32 gobernadores
Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, 12 de diciembre de 2024. El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Edmundo Román Pinzón, fue asesinado a balazos al salir de su oficina en los juzgados de Caleta.
Este crimen ocurre un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Acapulco la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública con los 32 gobernadores del país y los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.
El asesinato del magistrado fue reportado a las 4 de la tarde. El ataque fue en la avenida Gran Vía Tropical, en el fraccionamiento Las Playas, a unos metros de la avenida Costera.
Testigos dijeron que hombres armados interceptaron al magistrado cuando salía en su automóvil del estacionamiento del Palacio de Justicia en Caleta y le dispararon a quemarropa.
Otra versión de un trabajador es que un hombre lo esperaba cerca de donde estaba un cajero automático que se dañó durante el huracán Otis, hace más de un año, cerca del estacionamiento, le disparó de forma directa y huyó en una motocicleta.
Tras los disparos, el magistrado perdió el control de su automóvil y se impactó contra una camioneta roja de la marca Seat tipo Arona, que iba en movimiento.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron 13 casquillos percutidos de un arma calibre 9 milímetros.
El automóvil blanco Volkswagen Jetta quedó atravesado en la vialidad, mientras que las autoridades policiacas acordonaron el área.
El automóvil tenía a simple vista disparos en el parabrisas, en la ventana del conductor y el tablero. Se supo que el cuerpo tenía cuatro disparos en brazo, cabeza y estómago.
El crimen generó un fuerte despliegue de agentes de los tres órdenes de gobierno, encabezados por fuerzas federales. Se observó a agentes federales que recorrieron a pie un tramo de la avenida Gran Vía Tropical para buscar cámaras de vigilancia.
Un trabajador contó que el ataque a balazos fue poco después de las 3 de la tarde, hora en la que salen los empleados del Poder Judicial, así que cerca del estacionamiento había trabajadores y abogados litigantes.
Dijo que hubo un ruido “más fuerte que los cohetes” y que algunos empleados pensaron que era una peregrinación a la Virgen que llevaba cohetones, pero que minutos después la gente empezó a gritar que habían matado al magistrado Edmundo, quien tenía su oficina en el quinto piso del edificio.
Contó que Román Pinzón, oriundo del poblado de El Treinta, llegaba en ocasiones a trabajar antes que los empleados checaran su entrada a laborar, que es de 8:45 a 9 de la mañana. “A las 8 u 8 y media ya iba a sus ponencias”, recordó una trabajadora de los juzgados.
Con este caso suman 11 muertos en Acapulco en lo que va del mes, presuntamente relacionado con el crimen organizado, indica el recuento de El Sur.
Los juzgados familiares de Caleta están a 200 metros aproximadamente del acceso de playa Caleta y del restaurante La Cabaña, incendiado por hombres armados el pasado 14 de octubre.
El estacionamiento se ubica en el sótano del inmueble. A un costado del edificio hay otro lugar para dejar los vehículos, pero es privado.
El magistrado Román Pinzón fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la administración del gobernador por el PRD, Zeferino Torreblanca Galindo, (2005-2011).
El 30 de junio pasado, el director general de Administración y Finanzas del Poder Judicial del estado, Antonio Sebastián Ortuño, y su secretaria, fueron atacados a balazos adentro de un automóvil, cerca del acceso de playa Caleta, también al salir de los juzgados.
La mujer murió seis días después del ataque, mientras que el funcionario del TSJ perdió el ojo.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado exhortó a la población a reportar cualquier situación sospechosa o irregular al 911.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se investiga el delito de homicidio calificado en agravio de Edmundo, en el fraccionamiento Las Playas.
Añadió que la Policía Ministerial acudió al lugar para realizar las indagatorias necesarias, recabar información de posibles testigos y ubicar cámaras de videovigilancia públicas o privadas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, peritos de la FGE Guerrero fueron desplegados en el sitio para realizar el levantamiento de los indicios correspondientes, de acuerdo con un boletín de prensa.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado, informó que activó de manera inmediata el protocolo de Código Rojo ante los hechos registrados esta tarde en la zona de Caleta.
En un comunicado, la SSP del estado explicó que durante la activación se despliegan operativos estratégicos que incluyen patrullajes intensivos, instalación de filtros de revisión y monitoreo en tiempo real por medio del sistema de videovigilancia para identificar y detener a los generadores de violencia, garantizando la seguridad e integridad de la población.
Indicó que en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, se reforzaron las acciones de seguridad para atender de manera integral la situación y prevenir cualquier incidente adicional.
Exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades atendiendo las recomendaciones de seguridad, así como a reportar cualquier situación sospechosa o irregular al número de emergencias 911.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que mantiene comunicación con las autoridades locales para coadyuvar en el esclarecimiento del homicidio, en el fraccionamiento Las Playas.
En un comunicado, la dependencia federal indicó que al tener conocimiento del crimen, se comunicó de inmediato con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para colaborar en el desarrollo de las investigaciones.
Dio a conocer que la SSPC cuenta con agentes especializados en inteligencia e investigación de campo para apoyar a las entidades en la identificación, localización y seguimiento de generadores de violencia.
Llama Evelyn a la FGE a investigar el crimen del magistrado para que “no quede impune”
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, condenó el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a realizar las investigaciones correspondientes para que el crimen no quede impune.
“Condeno el homicidio del magistrado Edmundo Román Pinzón, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este acto lamentable enluta a Guerrero y exige justicia inmediata”, dijo la gobernadora en un comunicado.
Agregó que solicitó a la FGE realizar las investigaciones para “esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. No permitiremos que este crimen quede impune”.
La gobernadora se com-prometió a trabajar en coordinación con “los tres órdenes de gobierno para avanzar en la pacificación de nuestra entidad en la que no daremos un paso atrás”.
En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional y el estatal del PRI, en dos comunicados distintos, también condenaron el asesinato y exigieron a las autoridades castigo a quienes resulten responsables.
El CEN exigió a las autoridades “que investiguen este cobarde acto delictivo y castiguen a quien o quienes resulten responsables”.
En el escrito agregan que Guerrero “se ha convertido en un estado sin ley, donde la delincuencia hace lo que quiere, porque el gobierno no cumple con su trabajo”.
Por último llamó a que la federación atienda de manera urgente la situación en Guerrero, qe aseguraron “está secuestrado por los cárteles del narcotráfico”“.
En otro comunicado, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI indicó que la entidad “atraviesa una crisis de inseguridad que va mer-mando la cotidianidad de nuestros municipios, que impacta en la cali-dad de vida de las y los guerrerenses y que diariamente enluta y llena de dolor a varias familias”.
El PRI estatal lamentó que el asesinato del magistrado Román Pinzón ocurriera un día después de que se realizara la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, “demostrando que en Guerrero nadie está seguro”.
“Este deleznable hecho no puede quedar impune, por lo que exigimos a las autoridades correspondientes dar con los responsables y hacer justicia. A la familia del magistrado le enviamos nuestro pésame y abrazo fraterno en estos lamentables momentos de dolor”.
El Sindicato del Poder Judicial de Guerrero, en un escrito en su página de Facebook también condenó el asesinato de Román.
“Lamentamos y condenamos el asesinato del que fue víctima el dr. Edmundo Román Pinzón, magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado. En el ataque ocurrido al salir del edificio en que tiene su sede el órgano jurisdiccional en donde ejercía sus labores oficiales. Descanse en Paz”, se lee en la publicación.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), publicaron en sus páginas la respectiva esquela en la que lamentaron el asesinato del magistrado.
Activistas sociales reconocían apertura al diálogo en el magistrado Román Pinzón
El presidente de la Segunda Sala Penal con sede en Acapulco, Edmundo Román Pinzón, asesinado ayer al salir del Palacio de Justicia de Caleta, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) durante el periodo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011).
El 5 de abril de 2006 fue nombrado presidente del Poder Judicial en sustitución de Raúl Calvo Sánchez, un año después de su nombramiento como magistrado en el Congreso local.
Pero Román Pinzón fue nombrado dos veces magistrado por el Congreso local. En mayo de 2005, cuando obtuvo el ascenso de juez a magistrado, y ya presidente del Poder judicial, en 2006.
La controversia fue resultado de una sentencia del Poder Judicial que ordenaba al Congreso local la restitución del magistrado de Guerrero, José Luis Bello Muñoz, que anulaba el primer nombramiento de Román Pinzón como magistrado.
Para recomponer su posición, volvió a ser electo presidente TSJ por unanimidad de los magistrados del Poder Judicial, tras el segundo nombramiento de magistrado.
Ha sido una regla en Guerrero que los gobernadores se acompañen en sus mandatos con representantes del Poder Judicial de su confianza.
Así, Román Pinzón dejó el cargo con el siguiente gobierno inconcluso de Ángel Aguirre Rivero, que promovió la elección como presidente del magistrado Jesús Martínez Garnelo.
Como presidente del TSJ, Román Pinzón acudió a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a responder una demanda presentada por la la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Centro José María Morelos y Pavón, sobre la criminalización de la protesta social, en octubre de 2010.
También conoció del caso de Benigno Guzmán Martínez, preso político acusado de diversos delitos con motivo de las movilizaciones de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que denunció la masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. El luchador social fue liberado en diciembre del mismo año, 2010. Como integrante de la Segunda Sala Penal del TSJ en 2015, presentó el proyecto del recurso de apelación del juicio del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades de la presa Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, acusado por robo calificado, privación despojo, que promovió un empresario gravillero Humberto Marín Molina.
Las organizaciones sociales denunciaron entonces la criminalización del defensor de derechos humanos que ha enfrentado y litigado muchos procesos en diferentes momentos para demostrar su inocencia. La sentencia del magistrado permitió revocar el auto de formal prisión y dictar el auto de libertad de Suástegui. Los argumentos de la resolución permitieron también la libertad de la integrante del Cecop, María de la Cruz.
A la fecha, Román Pinzón es reconocido por algunos activistas por la apertura al diálogo.
De acuerdo con sus datos curriculares, el magistrado hizo estudios de doctorado. Sus últimos tres cargos en el TSJ fueron magistrado, magistrado presidente del TSJ y magistrado de la Segunda Sala Penal. Recientemente había sido nombrado presidente del órgano colegiado.
La Sala Penal del Poder Judicial se encarga de resolver los recursos de apelación que se presentan en contra de las sentencias de los jueces de primera instancia, relacionadas principalmente con autos de vinculación a proceso, autos de libertad y sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por jueces de primera instancia.
Desde 2020, cuando se suprimieron las salas penales unitarias del Sistema Penal Acusatorio en las ciudades de Zihuatanejo, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Coyuca de Catalán, el personal de estas salas se asignó a las nuevas salas creadas en Acapulco, o se readscribieron a otros órganos jurisdiccionales lo que representó una mayor carga de trabajo. En general, los asuntos que atienden los juzgados no tienen mayor difusión pública que en lo formal.
Texto: Redacción, José Miguel Sánchez y Lourdes Chávez/Foto: Jesús Trigo
