Guerrero es la entidad con el monto más alto observado en la revisión correspondiente al gasto público de ese año
Acapulco, Guerrero, 1 de julio de 2024. El gobierno estatal tiene pendiente por aclarar el uso de 148.8 millones de pesos ejercidos en 2023, lo que la convierte en la entidad con el monto más alto observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión correspondiente al gasto público de ese año.
En el informe ejecutivo presentado por la ASF se detalla que “en la auditoría efectuada al gobierno del estado de Guerrero se determinó el mayor monto por aclarar, con 148 millones 889 mil cien pesos, que representaron el 32.5 por ciento del total (observado en el gasto público de 2023) por ese concepto”. Le sigue Veracruz, con 73.3 millones de pesos, el 16.0 por ciento; Chihuahua con 44.7 millones de pesos, el 9.8 por ciento, y el Estado de México con 38.9 millones de pesos, el 8.5 por ciento. En 10 entidades federativas no se determinó un monto por aclarar.
El resultado presentado por la ASF corresponde a la revisión a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), el cual “tiene como principal objetivo apoyar a las entidades federativas beneficiadas en el fortalecimiento de sus presupuestos, con la finalidad de prestar los servicios de calidad en educación tecnológica y educación para adultos”.
Los recursos federales transferidos al estado de Guerrero por concepto del FAETA fueron por 314 millones 530 mil 800 pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 269 millones 325 mil pesos, que representan el 85.6 por ciento del total del dinero recibido por la federación.
De los 148 millones 889 mil cien pesos observados por la ASF, el mayor monto corresponde a 131 millones 542 mil 600 pesos, de los que no se proporcionó “la documentación que cumpliera con las características de suficiencia, relevancia y pertinencia y comprobara los recursos del fondo, por lo que no fue posible llevar a cabo el desarrollo de los procedimientos de auditoría para dar una opinión de los recursos recibidos, como consta en los registros contables en la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Guerrero, así como del destino de los mismos, de conformidad con la normativa aplicable en el ejercicio fiscal 2023”.
También se encontró que el gobierno estatal hizo pagos a 19 trabajadores que no contaron, en el expediente, con la documentación que acredite el perfil académico requerido para el puesto desempeñado en el ejercicio 2023, por un monto de 10 millones 703 mil 200 pesos.
Otra observación hecha por la auditoría es que con el dinero del FAETA se pagaron salarios a nueve trabajadores, cinco con plaza de base y cuatro de confianza del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero (Conalep), “no autorizadas en el acta de conciliación de plazas”, por un monto de 3 millones 959 mil cien pesos.
En la fiscalización la ASF encontró cinco contratos que no están justificados con la prestación de los servicios contratados. Son los contratos identificados con los expedientes DG2023-06, DG2023-07 y DG2023-08, que fueron para la prestación de servicios de vigilancia, pero de acuerdo con la ASF “no se acreditó la prestación de dichos servicios”. El contrato DG2023-10, “referente a la póliza de mantenimiento y soporte y servicios de reportería en el sistema IS HUMA, no se presentó la documentación que acredite la prestación del servicio, ya que no presentaron la póliza de mantenimiento y soporte, generación de reportes especiales, espacio en web y timbrado de nómina”. Del contrato DG2023-11, “por arrendamiento inmobiliario, no acreditó el dictamen que justifique su necesidad”, en total por estos contratos la ASF pide el reintegro de 2 millones 23 mil 400 pesos.
Otro de los hallazgos en la revisión es que el gobierno estatal pagó 618 mil 800 pesos con recursos del FAETA “a un trabajador de los que no se proporcionó el contrato de prestación de servicios individuales de trabajo, y de 21 trabajadores por conceptos no establecidos en los contratos individuales de trabajo”, a esto se suman 5 mil 300 pesos por cargas financieras.
La ASF advirtió también de un probable subejercicio de los recursos del FAETA, porque al 31 de diciembre de 2023, el gobierno estatal apenas había ejercido el 58.2 por ciento de los recursos y el resto fue observado por no entregar la información.
En conclusión, la auditoría señala que el gobierno estatal “infringió la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, servicios personales, y en adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 148 millones 883 mil 800 pesos, el cual representa el 55.3 por ciento de la muestra auditada”.
Texto: Daniel Velázquez / Foto: Archivo
