EDITORIAL
El ataque a tiros contra cuatro reporteros de Chilpancingo, el martes pasado, muestra puntos extremos de la espiral de violencia que vive el estado. Con esa misma dimensión es imperativo el reclamo de que las autoridades actúen con celeridad y destreza para liquidar cuanto antes el riesgo de la impunidad en este caso.
La agresión ocurrió a plena luz del día, en la capital del estado, en una zona urbana accesible, frente a una instalación militar. Es decir que los atacantes tenían la plena confianza de que podían moverse y escapar con cierta facilidad.
Fue una clara represalia contra el trabajo de nuestros colegas, que habían recabado información de un homicidio y detuvieron el automóvil para transmitir sus reportes, desde un lugar que consideraron seguro.
Es decir que el ataque no se originaba en un conflicto, sino que estaba motivado por otro propósito del crimen organizado: que no se informe de sus acciones, el tiempo y modo en que las ejecutan o la identidad de sus víctimas. Conocer rápidamente y comprender esos hechos, en contraste, puede facilitar a las autoridades y al público el esbozo de los márgenes de operación y la dirección en la que actúan los grupos delictivos.
Aunque los cuatro reporteros pudieron salvar la vida, uno de ellos llevará una bala en el cuerpo el resto de sus días. Otro tiene que pasar por una cirugía maxilofacial. A estos agravios hay que sumar el mensaje implícito de que puede ocurrir algo así, al menos hasta ahora, sin consecuencias.
Pero hay otro mensaje de mayor alcance, que se prolonga en el tiempo y se extiende en la sociedad. El de que son las bandas criminales, no la policía, las autoridades, la ley o el Estado mismo, quienes fijan las reglas de convivencia.
La alternativa no es sólo lamentar o condenar los hechos. Como recordó apenas la organización Artículo 19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que en las regiones en las que los periodistas están en situación de especial vulnerabilidad por la violencia, el Estado tiene una “responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección”.
Esa responsabilidad pasa, al menos, por la determinación del gobierno estatal de impulsar diligencias específicas a cargo de la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, de apelar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal y de disponer las medidas de oficio que correspondan a la Fiscalía General del Estado.
El ayuntamiento, el gobierno estatal y el federal tienen la obligación de enfrentar estos acontecimientos con la gravedad que conllevan. Mal harían al reaccionar con inercia burocrática, construir expedientes y archivarlos. El reclamo de combatir la impunidad, como lo han hecho decenas de colegas en las calles de Chilpancingo, Acapulco y Ciudad Altamirano tiene un claro destinatario: aquellos con acceso a los recursos del poder, para que utilicen esas herramientas en favor de la sociedad y, en este caso específico, de quienes la informan.
De no cumplir de nuevo las autoridades con esta obligación, pondrían a todo el gremio periodistico en una situación insostenible: informar de los hechos de violencia a costa de poner en riesgo su integridad o callar.
