Ciudad de México, 19 de febrero de 2022. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizará el caso de la desaparición de Antonio González Méndez, indígena cho’l integrante de las bases civiles de apoyo del EZLN, registrada en 1999.
El caso fue presentado el pasado 22 de enero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que refiere la falta de investigación, juzgamiento y sanción de la desaparición.
González Méndez fue visto por última vez el 18 de enero de 1999 luego de salir de su casa con Juan Regino López Leoporto, quien, según la parte peticionaria, pertenecía al grupo paramilitar Paz y Justicia.
En un un comunicado, la CIDH señaló que las acciones implementadas para buscar a la víctima activamente y conocer la verdad sobre la desaparición fueron ineficaces.
El Ministerio Público, apuntó, tardó casi tres años en requerir una fotografía de la víctima para facilitar su búsqueda.
Además, reprochó, no se emprendió un análisis serio de la información recopilada para seguir líneas de investigación del caso, ni se realizaron acciones de búsqueda en la zona donde residía el sospechoso de la desaparición.
“La CIDH determinó que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana (de Derechos Humanos), en relación con sus artículos 1.1 y 2; y que el Estado incumplió las obligaciones contenidas en el artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, señaló.
Exigen honrar el espíritu de los Acuerdos de San Andrés y destrabar la reforma indígena
Comunidades y organizaciones civiles demandaron honrar el espíritu de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y aprobar la Reforma Indígena propuesta el año pasado.
En un pronunciamiento con motivo del 26 aniversario de los Acuerdos suscritos entre el Gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), remarcaron que para su cabal cumplimiento se requieren modificaciones legales de fondo.
“El 16 de febrero de 1996 el Estado mexicano se comprometió a crear un marco jurídico constitucional para garantizar el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público e incluir el ejercicio y la implementación de su derecho a la libre determinación y autonomía y el reconocimiento del derecho sobre sus tierras, territorios, bienes y recursos naturales”, indicaron.
“A la fecha, se han sucedido cinco presidentes, diez legislaturas, incluida la Cuarta Transformación, y esa deuda histórica continúa”.
En tanto, advirtieron, se mantiene un entramado legal que atenta contra la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios y bienes comunes.
El Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán; el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Campeche; Bienes Comunales de la Selva Lacandona, Chiapas, y Pueblo de Vícam, Sonora, entre otros, recordaron que la propuesta de reforma fue entregada el 28 de septiembre del 2021, en un acto del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los pueblos yaqui.
“Sin embargo, dicha reforma está aún frenada, a pesar de que fue promovida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en un proceso participativo y con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades, representantes y hombres y mujeres de todos los pueblos indígenas y afromexicanos del país”, indicaron.
Texto: Víctor Osorio / Agencia Reforma
