A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) que busca apoderarse de 800 hectáreas en Santa Fe con base en un decreto de 1907, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó atraer para revisión un amparo otorgado a un grupo de empresas contra el aseguramiento de un inmueble.
Una mayoría de 6 frente a 3 ministros de la Corte avaló ejercer su facultad de atracción de revisión del amparo 283/2024 dictado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, concedido a las empresas Jestem SA de CV, Funilimited SA de CV y Servicio y Asesoría en Convenciones. El 1 de octubre, los ministros aceptaron también atraer el amparo relacionado 11/2025.
Los amparos fueron otorgados por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México contra la intención de la Fiscalía General que busca apoderarse sin indemnización de 800 hectáreas en Santa Fe para su nueva sede.
La Fiscalía revivió un decreto de Porfirio Díaz de 1907 que declaró esos terrenos como de uso público, aunque para otorgar el amparo, el juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal afirmó que esos predios fueron desincorporados del patrimonio de la Federación el 13 de diciembre de 2018.
El juzgado ha otorgado tres amparos contra la orden de aseguramiento dictada en febrero de 2024 por la Fiscalía que llevó el caso a la Corte.
Los nuevos ministros han avalado que el caso es de importancia jurídica extraordinaria, por lo que los han atraído. Se espera que la revisión de los amparos sea resuelta de manera conjunta.
En la sesión de la Corte de hoy, los ministros Hugo Aguilar, presidente, y Arístides Guerrero, han presentado sus primeras ponencias. Este último, que se había reincorporado ayer a la sesión presencial luego del accidente que sufrió el 22 de agosto, volvió hoy a conectarse de manera virtual.
Agencia Reforma
