Gaspard Estrada
La semana pasada, el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue condenado por soborno en un proceso penal y por fraude procesal en un caso de manipulación de testigos que se prolongaba desde hacía tiempo (más de una década).
Uribe fue acusado de intentar sobornar a un antiguo miembro de un grupo paramilitar para que se retractara de su testimonio, que vinculaba al expresidente con un grupo paramilitar de extrema derecha, pero tiene previsto apelar la sentencia, lo que significa que el caso acabará casi con toda seguridad en la Corte Suprema de ese país.
Es difícil menoscabar el impacto y la influencia de Uribe en la política colombiana del siglo XXI, lo que hace que esta sentencia tenga consecuencias considerables para el futuro de Colombia. Álvaro Uribe fue elegido presidente por primera vez en 2002 y rápidamente implementó una estrategia de seguridad de línea dura en un momento en que la crisis de seguridad interna de Colombia estaba en su peor momento y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero con décadas de antigüedad, controlaban un territorio del tamaño de Suiza dentro del país.
Con la ayuda de Estados Unidos, la campaña militar de Uribe contra las FARC y otros grupos armados las debilitó estructuralmente, lo que disparó su popularidad a niveles estratosféricos. Sin embargo, a lo largo de esa campaña militar, las fuerzas armadas colombianas, así como los paramilitares de extrema derecha alineados con ellas, cometieron importantes violaciones a los derechos humanos. En una práctica particularmente atroz conocida como el escándalo de los “falsos positivos”, los militares mataron a miles de civiles y los incriminaron como si fueran guerrilleros para obtener ascensos y beneficios.
Sin duda, las FARC también cometieron su cuota de atrocidades. Pero las revelaciones sobre los abusos cometidos por el ejército colombiano, que comenzaron a salir a la luz en los últimos años de la presidencia de Uribe, junto con su fallido intento de postularse para un tercer mandato inconstitucional en 2010, lo convirtieron en una figura más controvertida y polémica. Las investigaciones posteriores del tribunal de justicia transicional de Colombia, creado en 2018, dañaron aún más su reputación.
Aun así, Uribe siguió siendo lo suficientemente popular como para mantener su hegemonía sobre la derecha colombiana, que fue la fuerza dominante en la política nacional hasta 2022, cuando el país eligió a su primer presidente de izquierda, Gustavo Petro. Los dos sucesores inmediatos de Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, contaron con el respaldo inicial de Álvaro Uribe, aunque Santos acabó rompiendo con él al perseguir y cerrar el acuerdo de paz con las FARC en 2016. Y dada la falta de popularidad de Petro, es posible que las elecciones presidenciales del año que viene den la victoria a un aliado de Uribe.
La influencia de Uribe hizo que su detención, en 2020, causara conmoción en todo el país. La sentencia de ayer, por lo tanto, provocó un movimiento similar en la opinión pública nacional, e incluso internacional. En efecto, esta decisión judicial podría aumentar las tensiones con la administración del presidente estadunidense Donald Trump, cuyo movimiento se alinea ideológicamente con el de Uribe y que ya ha tenido en la mira al gobierno de Petro este año.
Hace unos días, el secretario de Estado Marco Rubio criticó en los medios el juicio, lo que supone una nueva intervención de la administración Trump en la política interna y los sistemas judiciales de otros países, como sucedió en el caso brasileño hace unas semanas.
Según varios analistas norteamericanos asentados en Washington, esta estrategia de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina presagia un aumento de la polarización política en la región, al tiempo que puede acelerar las reconfiguraciones económicas nacionales. En efecto, el gobierno chino ha dejado en evidencia, vía publicaciones en las redes sociales, su voluntad de reemplazar a Estados Unidos como socio preferencial de los países latinoamericanos afectados por el intervencionismo norteamericano.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
X: @Gaspard_Estrada
