Guillermo Álvarez Nicanor
El despojo ocurrido durante la construcción de la Autopista del Sol no fue solo un acto de ingeniería civil o una obra de conectividad nacional; fue una violación estructural al derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Al imponer una vía rápida que fragmenta el ecosistema y corta los caminos tradicionales hacia las parcelas, el Estado fragmentó el ethos de la comunidad, afectando a comunidades indígenas de los municipios de Tepecoacuilco, Mártir de Cuilapan, Eduardo Neri y Huitzuco.
Esta vía se impuso como una cicatriz de asfalto que ignora la orografía social de la región. Al cercar el paso, el gobierno estranguló la soberanía alimentaria y la continuidad de los usos y costumbres. Para el campesino nahua del Alto Balsas, la autopista no es un camino; es una frontera infranqueable que separa al trabajador de su surco. El Estado trató al territorio como un “espacio vacío”, ignorando que cada palmo de tierra es sagrado y que su derecho legal sobre la infraestructura no puede estar por encima del derecho ancestral de los pueblos a transitar por su propio hogar.
La construcción, y específicamente el hito del Puente Mezcala II, no trajo el desarrollo prometido a los indígenas, sino una desarticulación del tejido social. El Estado, en su afán de lucro para empresas concesionarias y amigos del poder, permitió la entrada de agentes externos que trajeron consigo “malas mañas”: la violencia y la descomposición familiar.
Si el Estado “pagó” una indemnización por estas tierras, lo hizo con una miseria que no constituye una compra, sino un robo encubierto, es una forma de segregación racial: una carretera para los “pudientes” que atraviesa el corazón de los desposeídos.
Resulta alarmante, y desde un análisis de ciencia política, profundamente contradictorio, que tras décadas de políticas neoliberales que al menos –bajo la presión social y el conflicto latente– toleraron accesos funcionales, sea un gobierno que se autodenomina “de izquierda” quien ejecute cierres ignorando las necesidades de los indígenas. El cierre de acceso a la autopista ocurrido en Huitziltepec, el 31 de enero pasado, no es un incidente aislado; es una medida autoritaria donde el Estado prioriza la seguridad de los flujos de capital por encima de la seguridad de los seres humanos que habitan el territorio.
¿Qué tipo de izquierda es aquella que, en el discurso, ensalza la figura de los pueblos indígenas, pero en la praxis utiliza la fuerza para cerrarles el paso? Aquí se manifiesta una esquizofrenia política.
Es necesario aclarar sobre la administración de esta vía. La Autopista del Sol opera bajo un esquema donde el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) posee la concesión y Capufe la opera. Es decir, el Estado mismo es el que actúa como una empresa privada. Bajo esta lógica de “Estado-concesionario”, se prioriza la recaudación de peajes y el beneficio de contratistas para el mantenimiento de carretera y puentes como el Mezcala II, mientras se ignora la integración social de quienes cedieron su tierra. Se cobra a los usuarios para financiar otros proyectos, pero se le niega a la gente de la región el acceso básico, convirtiendo a la autopista en un canal de riqueza que solo se puede ver pasar, pero nunca tocar.
Al clausurar los accesos, el gobierno actúa como el brazo ejecutor de la concesionaria, el gobierno mismo. La izquierda debería, por definición, combatir el privilegio de las élites; sin embargo, aquí se protege el lucro de las empresas privadas subcontratadas que se enriquecen con cada peaje, mientras se condena al aislamiento a las comunidades.
Las comunidades del Alto Balsas han sido históricamente el bastión de las luchas sociales en México. Que hoy el Estado prohíbe el tránsito por tierras que fueron arrebatadas por la fuerza, es una traición a la memoria de las luchas campesinas. Se está gobernando con la lógica de la derecha: la lógica del muro, de la exclusión y del “derecho de admisión” al desarrollo.
El gobierno califica de “ilegalidad” lo que en realidad es una respuesta a su propia negligencia. Si las comunidades abrieron accesos es porque el Estado no les dejó otra opción para sobrevivir. Cerrar estos pasos es criminalizar el hambre y la necesidad de movilidad de un pueblo que solo busca llegar a surtir sus despensas, vender su producción, llegar al trabajo, a sus escuelas o a un hospital.
Este cierre en Huitziltepec plantea una pregunta obligada para la conciencia nacional: ¿A quién sirve realmente este Estado? Si la respuesta es al dinero de los peajes y no a los nahuas del Alto Balsas, entonces estamos ante una izquierda de membrete que ha decidido administrar el despojo en lugar de detenerlo. La exigencia de accesos permanentes y dignos no es un favor que se mendiga, es el cobro de una deuda histórica que el Estado, independientemente de su color político, tiene la obligación de liquidar.
El Estado debe entender, de una vez por todas, que es un administrador temporal y no el dueño absoluto de la geografía nacional. La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. No se puede hablar de soberanía nacional cuando se atropella la soberanía comunitaria de quienes han custodiado el Balsas desde tiempos inmemoriales.
La apertura de los accesos en el Alto Balsas es el primer paso indispensable para sanar una herida histórica. El gobierno debe abandonar la lógica de conquista y reconocer que el desarrollo sin justicia social no es progreso, sino una nueva forma de invasión. Justicia para el Alto Balsas: que la tierra vuelva a ser camino y no cárcel.
