Citan defensoras casos recientes en los hospitales de Chilpancingo y de Taxco, donde, alegando ser objetores de conciencia, médicos se niegan a realizar la interrupción del embarazo a menores y desalientan esa práctica
Chilpancingo, Guerrero, 1 de noviembre de 2021. Activistas por los derechos de las mujeres denunciaron que la autoridades siguen sin atender las normas de salud y los lineamientos sobre el aborto, pese a la obligación acatarlas, y a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que se declaró en 2020, una vez que se verificó la falta de atención integral a mujeres violadas y se ordenaron medidas de reparación.
Consultadas sobre la desatención a una niña embarazada en el hospital Raymundo Abarca Alarcón, quien acudió por una interrupción a causa de una violación, como denunciaron el miércoles sus familiares, la feminista Marina Reyna Aguilar, aseguró que en el acompañamiento de casos, sabe que médicos objetores de conciencia le dicen a los familiares de la víctima que pueden morir en el procedimiento o podría perder la matriz, a fin de que desistan de la solicitud.
Asimismo, Viridiana Gutiérrez Sotelo, indicó que “solo a empujones (presión de las activistas)”, las víctimas han tenido acceso a este derecho.
Por otro lado, la secretaría de Salud, Aidé Ibarez Castro, no atendió la solicitud de información sobre el seguimiento al caso de la niña, que esperaba un procedimiento en el hospital general de Chilpancingo.
La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las mujeres (Agcvim), y promovente de la primera Alerta de Violencia de Género, Reyna Aguilar informó que antes estuvo en una reunión autoridades de Salud para conocer sobre los Lineamientos Técnicos para la Atención del Aborto seguro en México, emitidos el 22 de junio de 2021 por la federación, independientes a la NOM 046 de violencia hacia las mujeres, la familia y violencia sexual.
“El responsable del lineamiento en Guerrero dijo que se habían conformado equipos a nivel estatal del componente de Aborto Seguro, con sicólogos, médicos y trabajo social para garantizar el derecho a interrumpir embarazo producto de violación”.
Entones, además de la NOM 046, indicó que tenían un lineamiento técnico para la atención del aborto, que opera como programa piloto en el hospital general Raymundo Abarca Alarcón.
“El caso reciente, demuestra que el componente Aborto Seguro no funciona, y que tampoco se aplica la NOM 046 en la atención de las víctimas. En los hechos, siguen solicitando a la Fiscalía General del Estado autorización para realizar una interrupción. Siguen con viejas prácticas, porque en Guerrero tienen puros objetos de conciencia”.
Solicitó a Ibarez Castro que revise esta conducta en los hospitales porque además de ser violadas, las mujeres son violentadas en la institución.
En Taxco directivos de hospital se dicen objetores de conciencia
El director y la subdirectora del hospital general de Taxco dijeron que la institución era objetor de conciencia, para negarse a realizar una interrupción por violación, denunció la representante del Observatorio de violencias hacia las mujeres (Obvio Guerrero), Viridiana Gutiérrez Sotelo, quien acompaña el caso.
En consulta telefónica, aseguró que el retraso de una interrupción, desalentar a la víctima o a sus familiares o negar el servicio, son la constante en el sector salud.
Sobre la denuncia de familiares de la niña de 13 años embarazada sin atención en el General Raymundo Abarca Alarcón, indicó que desde 2018 ha acompañado siete casos, sólo de quienes se acercaron por apoyo.
La también peticionaria de la segunda alerta por agravio comparado, recordó que el primer caso documentado para la solicitud de la alerta, fue de una adolescente que presentó la demanda por violación en el Ministerio de Ometepec, y aún así, en el hospital general regional se negaron a brindarle atención.
No obstante que, en casos de violencia sexual, la atención a las víctimas es un tema de emergencia, pero las hacen esperar horas, para decirles “aquí no se puede”.
A pesar de las campañas promocionales del estado de atención a la norma, y capacitaciones que han realizado como parte de las medidas de la alerta, insistió en que la realidad de las víctimas es otra.
“Una salida (de los médicos objetores de conciencia) es contactar asociaciones de la Ciudad de México. Le dicen a la víctima, ve a la Ciudad de México, allá te van a resolver, aquí no podemos”.
Indicó que el hospital general de Chilpancingo es uno de los dos que tienen convenios firmados con la Fiscalía general del Estado y con la Comision Estatal de Víctimas desde abril de 2020, según los informes del estado sobre la declaratoria de Agravio comparado.
“De convenio que no conocemos, se dice que tienen habilitados los servicios para atender sin dilación a las víctimas, y los testimonios dicen lo contrario, porque los médicos se convierten en instancias investigadoras y jueces de las víctimas; pero a un herido de bala no le preguntan quién le disparó”.
Insistió en que una interrupción salva las vidas de chicas sobrevivientes a la violencia sexual, que suele ser la antesala del feminicidio. “Los casos revelan los altísimos indice de violencia sexual que existe en la entidad, que se ha estado dejando de lado por principios morales”, recriminó.
Opinó que el gobierno entrante tiene la oportunidad de atender la alerta por agravio comparado, de la que ya debe tener conocimiento en el proceso de entrega recepción en la Secretaría General de Gobierno.
Asimismo, los diputados de la nueva legislatura tienen una responsabilidad de modificar el Código penal para retirar el candado que sigue siendo utilizado para que las autoridades evadan su responsabilidad.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Tomada del Facebook de Salud Guerrero
