Texto: Agencia Reforma/ EFE/ Foto: EFE
Buenos Aires, Argentina, 16 de agosto de 2018.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología módica (ANMAT), oficina que regula la producción de medicamentos en Argentina, autorizó por primera vez a un laboratorio nacional la fabricación con fines obstétricos de misoprostol, un fármaco que la Organización Mundial de la Salud considera como uno de los métodos más seguros para interrumpir embarazos.
El fármaco ser usado sólo para su administración terapéutica exclusivamente institucional y hospitalaria, conforme a los cuatro supuestos de interrupción voluntaria del embarazo no punibles por su Código Penal, que data de 1921. Sin embargo, el laboratorio Domínguez solicitó también permiso para distribuirlo en farmacias.
Ahora, la mayoría de argentinas que quiere interrumpir un embarazo no deseado recurre a una mezcla de misoprostol y diclofenac que se comercializa como protector gástrico.
La decisión llega una semana después de que el Senado argentino decidiera que el aborto continúe como un delito penado con la cárcel, salvo en caso de violación o riesgo para la salud de la madre.
El debate sobre la legalización continúa este lunes, luego de que murió en un hospital bonaerense una mujer de 34 años que se había realizado un aborto con perejil.
Madre de un bebé de dos años, la mujer llegó a urgencias en estado grave, con una infección avanzada. Los médicos le extirparon el útero, pero no lograron salvarla.
Es la primera víctima conocida por aborto clandestino desde que el Senado rechazó la ley para legalizar la interrupción del embarazo, hace una semana.
Ese mismo día, una mujer murió por un aborto provocado en Pilar, también en la periferia bonaerense.
En 2016, último año con datos oficiales, 43 mujeres perdieron la vida en Argentina por complicaciones derivadas de abortos.
El laboratorio Domínguez comenzó a investigar la producción de misoprostol en 2009.
“Primero desarrollamos la línea ginecológica misop 25 para inducción de partos y ahora uno con concentración de 200 miligramos que ya está aprobado. En Argentina no existía este medicamento con indicación específica para ginecología y obstetricia”, dice Sandra Carina Rismondo, directora técnica de Laboratorio Domínguez.
“Es un gran logro para una empresa con una trayectoria de 114 años”, agregó.
La Anmat lo autorizó a principios de julio, en medio del debate parlamentario sobre el aborto. Entre los usos del misop 200 está la interrupción del embarazo en las condiciones establecidas por la legislación vigente en nuestro país, según confirmó este miércoles el organismo oficial en un comunicado.
“Es un pequeño paso pero un muy buen paso. Lo ideal sería la producción estatal”, subraya la médica generalista Viviana Mazur, del Programa de Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de la ciudad de Buenos Aires.
Mazur lamenta que el nuevo fármaco no se pueda adquirir en farmacias y que sea sólo para hospitales con obstetricia, lo que deja fuera a centros de atención primaria. También considera un obstáculo que sólo pueda administrarse por vía vaginal y no sublingual.
La producción estatal de misoprostol parece cuestión de tiempo. Lif, uno de los laboratorios públicos de la provincia de Santa Fe, está volcado a ese objetivo.
“A principios de año empezamos con el proceso industrial y esperamos que en unos meses tengamos los primeros comprimidos para entregar gratuitamente”, afirmó el coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud santafesino, Oraldo Llanos.
En los primeros seis meses del año, en Santa Fe se practicaron 450 abortos no punibles. En su mayoría se realizaron con medicamentos comprados a un laboratorio a un precio muy superior al que tendrán los comprimidos de fabricación propia. Aún no existe un cálculo preciso sobre el ahorro para las arcas provinciales, pero podría superar el 70 por ciento, según Llanos.
Tanto Santa Fe como la capital argentina cuentan con protocolos sobre abortos no punibles. En muchos de sus hospitales y centros de atención primaria hay consejerías que asesoran sobre reducción de daños a mujeres que están decididas a interrumpir su embarazo sin importar las consecuencias legales.
Pero la situación es muy diferente en otras provincias, que ni siquiera tienen protocolos aprobados para garantizar abortos por las causales contempladas por ley desde 1921. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se registró la última muerte por aborto clandestino.
“Creíamos que la información llegaba a todos lados, que habíamos popularizado el acceso al misoprostol para que los abortos clandestinos fueran lo más seguros posible, pero la última muerte deja claro que la información no está llegando o que la plata de la gente no es suficiente”, subraya Miranda González Martín, integrante de la Campaña para el aborto legal, seguro y gratuito.
“Si una mujer está tan desesperada que es capaz de meterse una rama de perejil para abortar con el peligro de infección que supone eso debería entrar en el causal salud. Ni siquiera esos causales se garantizan”, agrega.
González Martín destaca que la multitudinaria movilización a favor de la legalización del aborto hace una semana dejó claro que tarde o temprano las mujeres argentinas tendrán derecho a decidir cuándo y cómo quieren ser madres.
“Sabemos que no hay vuelta atrás, pero cada muerte nos hace darnos cuenta de que todavía no ganamos”, señala. Hasta dentro de un año, el Congreso no puede volver a tratar un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.
Crean un registro de muertes de mujeres por abortos clandestinos en Argentina
La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anunció hoy la creación de un registro de muertes de mujeres ocurridas por abortos clandestinos en Argentina, después de que el Senado rechazase la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sólo en la última semana, tres jóvenes de 22, 30 y 34 años fallecieron en el país suramericano por las consecuencias de esta práctica, a la que recurren 354 mil 627 personas al año, según datos recientes del Ministerio de Salud.
“Las muertes de estas mujeres jóvenes y humildes que perfectamente podríamos denominar feminicidios de Estado, ya que todas podrían haberse evitado, confirman lo que desde hace meses venimos denunciando: la clandestinidad se cobra la vida de miles de mujeres en nuestro país”, afirmó la coordinadora nacional de MuMaLá, Raquel Vivanco.
Asimismo, destacó que, con la creación de este registro, buscan “visibilizar y seguir exigiendo” la aprobación de una ley de interrupción voluntaria del embarazo que dé respuesta a esta problemática.
“El aborto existió, existe y seguirá existiendo, la discusión de fondo es si es clandestino o legal”, denunció.
Los datos sobre estas muertes serán recopilados de las publicaciones de medios gráficos y digitales de todo el país suramericano, un procedimiento idéntico al que ya realiza MuMaLá con las cifras de feminicidios que recoge en su Observatorio de la violencia contra las Mujeres “Ni Una Menos” desde junio de 2015.
En la madrugada del 9 de agosto, tras casi 17 horas de debate, la votación del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara Alta se saldó con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones.
Para Vivanco, esos 40 senadores que no permitieron que saliera adelante una iniciativa que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados en junio son los “responsables” de los fallecimientos por abortos clandestinos.
