Se eliminan privilegios, sostiene la morenista Citlali Calixto. Advierte el priista Alejandro Bravo que una reforma basada en el argumento de la austeridad causaría más problemas que soluciones. El proyecto no blinda a las elecciones de la delincuencia electoral, afirma la panista María Irene Montiel. El presupuesto del Poder Legislativo, que en 2026 es de mil 25 millones, se reduciría a la mitad con el plan aprobado
Chilpancingo, 10 de abril de 2026. El Congreso local avaló con 38 votos de Morena, PT, PVEM, PRD y MC, y seis en contra, del PRI y el PAN, el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma va contra el nepotismo en la sucesión de cargos en ayuntamientos y de diputados, en la armonización y reducción de presupuestos en las legislaturas locales, así como los salarios y gastos en los órganos electorales, y para acotar a un máximo de 15 regidurías y a una sindicatura a los municipios
En sesión plenaria, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales que dictaminó el proyecto, Citlali Calixto Jiménez, señaló que la propuesta asegura “técnica y materialmente, la eliminación de estructuras de privilegio que históricamente han operado, redirigiendo los presupuestos públicos al bienestar colectivo y a las poblaciones más vulnerables”.
El coordinador de los diputados del PRI que votaron en contra, Alejandro Bravo Abarca, advirtió que una reforma basada en la austeridad puede generar más problemas que soluciones.
La diputada del PAN, María Irene Montiel Servín, consideró inaceptable que la propuesta no contemple blindaje contra la delincuencia electoral en los procesos electorales, dado el contexto de violencia y de desapariciones que existe en el país.
Aunque votó a favor de la reforma, la diputada de MC, Erika Lührs Cortés, aclaró que sólo acompañó la minuta porque se retiró del proyecto la mal nombrada “revocación de mandado”, pero señaló que “no es una reforma, es un ajuste que no transforma”.
El Plan B aprobado en la Cámara de Diputados, prohíbe participar en candidaturas de ayuntamientos y diputaciones a quienes tengan vínculo de matrimonio o concubinato, de parentesco por consanguinidad o civil, en línea directa sin limitación de grado, en cuarto grado en línea colateral y de afinidad hasta segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo.
También señala que los presupuestos anuales de las legislaturas no pueden exceder el 0.60 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad que corresponda, y acota a una sindicatura y a 15 regidores como máximo los cabildos municipales de todo el país.
Además, señala que las remuneraciones de magistrados y consejeros no excedan al salario de la presidenta de la República, y la prohibición de contratación de gastos médicos y seguros de vida.
Se reduciría a la mitad el presupuesto del Congreso
En el ejercicio fiscal 2016, el presupuesto del Congreso local fue de mil 25 millones 437 mil pesos, el equivalente al 1.17 por ciento del presupuesto del estado.
La reducción al 0.60 por ciento, del 51 por ciento, prácticamente la mitad de lo que reciben actualmente.
En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, destacó que Guerrero fue el tercer estado de los congresos locales en aprobar la reforma constitucional, horas después de que la Cámara de Diputados lo votó en la madrugada del mismo día.
Sobre el ajuste presupuestal al poder Legislativo, Urióstegui dijo que aún no se hacía este ejercicio, “ahora acabamos de votar la iniciativa”; no abundó en este asunto.
La plenaria
La sesión se convocó a las 9 de la mañana con un único asunto en el orden del día: la aprobación del Plan B de la reforma electoral. Comenzó una hora después para el desahogo del trámite legislativo, con 45 asistencias, de las cuales 11 fueron virtuales.
La presidenta de la Comisión dictaminadora señaló que la propuesta se articula bajo el principio de racionalización del poder público, para adecuar las instituciones del Estado a parámetros de eficiencia, legitimidad, austeridad y responsabilidad en el ejercicio de los recursos, en concordancia con las anteriores reformas constitucionales.
Calixto Jiménez consideró que uno de los aciertos jurídicos más destacados de la propuesta es la prohibición expresa de destinar recursos públicos para la adquisición de seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales.
Con todo ello, dijo que se promueve una gestión transparente y responsable de los recursos públicos, con medidas de racionalidad administrativa para evitar excesos y para asegurar el gasto legislativo proporcional, liberando recursos para atender las necesidades más apremiantes de la población: “armonizamos la operatividad burocrática con las verdaderas condiciones sociales del país y del Estado de Guerrero, eliminando ventajas injustificadas a costa del erario”.
Enfatizó que elevar a rango constitucional las percepciones de consejeros y magistrados electorales locales, permite desarticular prácticas históricas de dispendio y garantizar que el servicio público retome su genuina vocación ética.
Además, se fortalece el municipalismo al “transitar hacia gobiernos locales más ágiles y austeros, estableciendo un límite a las regidurías y sindicaturas municipales para destinar el ahorro generado directamente al desarrollo de los municipios”.
En cuanto al techo presupuestal a los congresos locales, de 0.60 por ciento por ciento del gasto estatal, dijo que es una medida de racionalidad administrativa evita excesos y asegura que el gasto legislativo sea proporcional, liberando recursos para atender las necesidades más apremiantes de la población.
“No se trata de una limitación a la autonomía, sino de una optimización de la ingeniería constitucional para prevenir asimetrías institucionales”.
Retroceso de la democracia: PRI
En representación de su bancada, Alejandro Bravo rechazó la minuta de reforma que se había impulsado en distintas ocasiones, y que al final resultó “en un vericueto que realmente absolutamente nadie cree, sobre todo del ahorro, cuando vemos otros rubros gastos verdaderamente onerosos”.
Añadió que una reforma que bajo el argumento de control y austeridad generará más problemas de los que pretende resolver, además de ser un retroceso en la democracia
Consideró que pensar en ahorrar es un atentando contra la democracia y contra la vida política del país, y es el resultado de una gran incongruencia, de un deliberado debilitamiento de un sistema electoral sólido, construido por décadas, con distintas generaciones y con muchos partidos políticos, que ha permitido transiciones pacíficas del poder y ha dado certeza a la voluntad ciudadana.
Sostuvo que debilitar la autonomía y reducir capacidades operativas, técnicas y presupuestales de las autoridades electorales, pone en riesgo la organización eficaz de los procesos electorales, genera incertidumbre jurídica al modificar normas sustantivas sin el debido análisis, podría derivar en conflictos postelectorales y en la pérdida de confianza ciudadana en las elecciones.
Además de que afecta la equidad en la contienda y al alterar condiciones que garanticen piso parejo entre las distintas fuerzas políticas.
Buscan asfixiar al árbitro electoral: PAN
La diputada de PAN Montiel Servín, consideró que esta reforma sólo atiende caprichos, vendiendo la idea de reducir privilegios, pero en el camino borraron de un plumazo la paridad de género, un error que se corrigió por la denuncia de la oposición, así com el retiro de la revocación de mandato.
Insistió en que la propuesta es una trampa que impone topes presupuestarios en el país, para que la federación, desde un escritorio diga a los guerrerense cómo administrar su propio Congreso.
“Esto no es austeridad, es invasión de facultades, que busca que no tengan recursos para vigilar al ejecutivo, para auditar cuentas públicas o para legislar con independencia”.
Consideró que si en verdad busca eficiencia deberían combatir la corrupción en las megas obras federales, deteniendo a los artífices del huachicol fiscal, incluyendo sanciones severas para prohibir injerencia del crimen organizado en las elecciones, y evitar la sobrerrepresentación. “Prefieren asfixiar al árbitro electoral, a los municipios y a los congresos locales”.
Criticó que se hable de austeridad cuando en Guerrero el Congreso nunca informó qué pasó con las tabletas, tableros electrónicos que se adquirió en las gestiones de Morena, “seguimos votando de manera arcaica y en opacidad”.
Sobre todo, consideró inaceptable que la reforma electoral no contempla un blindaje electoral contra la delincuencia, porque el mayor riesgo no es el debilitamiento del órgano electoral, sino la infiltración de la delincuencia organizada.
Reforma administrativa que no transforma: MC
Por MC, Erika Lührs Cortés denunció que la reforma no es integral y no tuvo consenso amplio que requería ni garantiza el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
“Nos hace sospechar que lo que se busca es concentrar el poder y buscar que esas instituciones que a muchos de los que hoy están aquí les costó trabajo construir; hoy de un plumazo las quieren debilitar, porque cuando hablamos de democracia no se vale improvisar con un plan B, cuando el plan A no te salió, que ya parece un plan C”.
Pidió pensar en reducir privilegios en todos los niveles, y que, cuando se hable de ahorrar lo hagan también en las obras faraónica que no sirven de nada, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que tuvo un sobreprecio de 91 mil millones de pesos, y los casi 4 mil millones de pesos que pierde cada año el Tren Maya.
También señaló la inversión de 15 mil millones de pesos en una farmacia del Bienestar que hoy por hoy nadie sabe dónde está.
Advirtió que el pago de deuda al día de Pemex es de 4 mil millones de pesos, la misma cifra que se pretende ahorrar con la reforma electoral, que consideró que una intromisión irrespetuosa en la vida de los congresos locales, y con la Ley del municipio Libre.
El diputado del PT, Edgar Ventura de la Cruz y del PVEM Hilda Jenifer Ponce Mendoza, del PRD, Robell Urióstegui Patiño, y por Morena, Hector Basurto, también presentaron posicionamientos a favor de la reforma.
Lourdes Chávez
