
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló ocultar la identidad de todos los funcionarios que apliquen la Ley Antilavado de dinero, al considerar que combaten delitos de alto riesgo como el tráfico de drogas y el terrorismo.
Por mayoría de ocho votos contra uno, la Corte revocó un amparo a una empresa de paquetería, sorteos y venta de autos que, ante la imposición de una multa por no presentar informes, alegó la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita sobre el resguardo de la identidad de quienes apliquen esa ley.
Los ministros afirmaron que, aunque la Constitución Política no considera la reserva para jueces, fiscales, secretarios ni para autoridades administrativas, el delito de lavado de dinero tiene ramificaciones tan amplias y peligrosas que podría poner en riesgo a todos los que participen, incluso a quienes sólo recaben información.
“No debemos olvidar que quienes cometen este tipo de delitos no son delincuentes menores, sino, por lo general, quienes están dedicados al terrorismo, narcotráfico o el comúnmente llamado lavado de dinero”, sostuvo Giovanni Aguilar para apoyar la propuesta de Arístides Guerrero en el amparo directo en revisión 579/2022
La mayoría de ministros aseguró que la reserva de la identidad no transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, ni el derecho a la debida defensa, ya que las quejas se interponen no contra un funcionarios en particular, sino contra una decisión.
La ministra Yasmin Esquivel, la única que votó en contra, afirmó que la imposición de multas reclamadas en la vía administrativa no justifica el ocultamiento del nombre de los servidores públicos ni afectarÌa a la seguridad nacional.
“El objeto de la ley antilavado no debe ser justificación para pretender la protección de los servidores públicos por los potenciales perjuicios que pudieran resentir, ya que ni en las materias como la penal se reserva el nombre de las personas juzgadoras, de fiscales, de investigadores o policías”, dijo.
Agencia Reforma


