Chilpancingo, Guerrero, a 28 de marzo de 2026.- El Congreso local avaló por unanimidad de los 46 diputados la minuta enviada por el Congreso de la Unión para reformar el artículo 127 de la Constitución federal que fija un límite al monto de las pensiones y a la edad de jubilación de los servidores públicos en los tres niveles de gobierno.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca que ninguna pensión de altos funcionarios podrá superar la mitad del salario titular del Ejecutivo, establecido en cerca de 70 mil pesos mensuales, y la edad mínima de jubilación es 58 años para hombres y 56 para mujeres, con al menos 30 y 28 años de cotización respectivamente.
El dictamen aprobado por los diputados establece que ninguna pensión o jubilación financiada con recursos públicos podrá superar la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Poder Ejecutivo federal, criterio que también se aplicará a organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos.
La reforma también indica que contratos, condiciones laborales o cualquier instrumento jurídico no podrán fijar beneficios que rebasen ese límite, con lo que se busca cerrar espacios a acuerdos que permitían percepciones por encima de los parámetros constitucionales.
Los diputados argumentaron que la medida responde a la necesidad de frenar el crecimiento del gasto en pensiones elevadas, sobre todo en sectores con recursos públicos, y evitar que estos compromisos afecten la viabilidad financiera del Estado.
En el análisis del dictamen se expone que la reforma no elimina el derecho a una pensión, sino que regula su monto para mantenerlo dentro de criterios de equidad y uso racional del gasto público, además de corregir casos en los que personas retiradas perciben ingresos mayores a los de trabajadores en activo.
El documento también prevé excepciones, como las pensiones de las Fuerzas Armadas, aquellas financiadas con aportaciones individuales o sindicales, y la pensión no contributiva establecida en la Constitución.
Entre los artículos transitorios se establece que, una vez en vigor, las pensiones que excedan el nuevo límite deberán ajustarse, incluso si fueron otorgadas con anterioridad, mientras que los entes públicos deberán revisar sus esquemas y adecuarlos en un plazo determinado.
Hubo privilegiados: Morena
Al fundamentar el dictamen como presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, Gloria Citlali Calixto afirmó que la reforma para prohibir pensiones millonarias de ex servidores públicos beneficiará directamente a la gente, porque el dinero que se destinaba a esos privilegios se invertirá ahora en quienes más lo necesitan.
“Durante muchas décadas, una de las prácticas más vergonzosas en la administración pública fue el uso de recursos para beneficio de algunos privilegiados… sueldos exorbitantes y las pensiones indignantes, que contrastaban con la realidad de un país en el que la mitad de la población sobrevivía en condiciones de extrema pobreza”.
Apenas el pasado miércoles 25 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar que ex funcionarios tengan pensiones millonarias, tras haber ocupado cargos públicos durante periodos muy cortos.
“Ahora, la iniciativa que envió la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso de la Unión da continuidad a esa visión de ajustar los ingresos de las personas públicas, evitando pensiones doradas que colapsan las finanzas de instituciones de gobierno”, dijo.
Preocupa al PRI que sea ley retroactiva
En representación del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Beatriz Vélez Núñez, dijo que su partido respalda la reforma, y aclaró que “no basta con eliminar los excesos, se requiere responsabilidad y respeto a la Constitución”.
“Nos preocupa en el PRI que esta reforma en su aplicación pueda vulnerar el principio de no retroactividad y afectar derechos adquiridos de quienes han servido al Estado mexicano. La certeza jurídica es indispensable para que cualquier cambio en el sistema de pensiones sea legítimo y sostenible”, dijo la priista.
Vélez Núñez dijo que los priístas advierten que la iniciativa conserva privilegios para ciertos sectores, lo que la convierte en selectiva y discrecional, por lo que señaló que no se debe permitir que la justicia se aplique de manera parcial, porque eso sería clasista, contrario al espíritu de igualdad que debe regir en las leyes.
Añadió que el impacto financiero de esta reforma es muy limitado, apenas representa el 0.1 por ciento del presupuesto de egresos de la federación.
“En el PRI, acompañamos este dictamen, pero exigimos reglas claras, certeza jurídica y respeto y restricto a la Constitución. Solo así podremos avanzar hacia un sistema de pensiones justo, sostenible y verdaderamente equitativo que honre la dignidad de las y los trabajadores y fortalezca la confianza en nuestras instituciones”, concluyó.
Paso firme a la equidad: PRD
La diputada Erika Isabel Guillén Román, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, manifestó su voto a favor de la reforma en materia de regulación de pensiones en el servicio público, al considerar que representa un paso firme hacia la equidad y la responsabilidad en el uso del presupuesto público”.
“Cuando los privilegios se institucionalizan, la justicia se debilita y el servicio público no debe ser un espacio de beneficios extraordinarios, sino de responsabilidad frente a la sociedad”.
Guillén Román enfatizó que la reforma no busca eliminar derechos, sino ordenarlos bajo criterios de equidad, evitando que el ejercicio de cargos públicos derive en beneficios personales desmedidos.
El aval del Congreso local a la reforma federal forma parte del trámite legislativo que requiere la aprobación de al menos 17 entidades para su entrada en vigor.
Hasta la mañana del viernes, sumaban diez estados que habían avalado la reforma, por lo que el Congreso de Guerrero fue el 11.
José Miguel Sánchez / Foto: Jessica Torres Barrera
