Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso para expedir una ley general en materia de extorsión.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, avalada por unanimidad con 474 votos a favor, modifica el artículo 73 de la Constitución para establecer que la nueva legislación deberá establecer, como mínimo, la homogeneización del tipo penal y de sus penas.
Durante el debate, la morenista Astrit Cornejo reconoció que la extorsión es un delito cuyo incremento no se detiene, al pasar de 18 a casi 30 casos diarios, lo que representa un crecimiento del 57 por ciento.
Agregó que cuatro estados concentran casi el 70 por ciento de los casos y en 18 más es el delito más frecuente, pero a pesar de ello, más del 90 por ciento de los casos permanecen en la impunidad por falta de denuncia o de seguimiento.
La legisladora†dijo que las empresas destinan 67 mil millones de pesos anuales en medidas preventivas, un promedio de 54 mil 451 pesos por establecimiento, recursos que deberían invertirse en generar empleo y crecimiento.
Cornejo afirmó que el crecimiento “sin control” de este delito es consecuencia de un sistema fragmentado, en el que existen 32 definiciones diferentes de extorsión y en donde las penas van de un aÒo en algunos estados a hasta 30 en otros, mientras que las multas varían hasta 20 veces entre entidades.
Señaló que la reforma, que fue enviada al Senado, es la respuesta de México necesita, porque unifica criterios, definiciones, sanciones y procedimientos.
“Esta reforma transforma el problema desde raíz: convierte 32 legislaciones débiles y dispares en una legislación sólida, elimina el paraíso legal que permite a los criminales elegir territorio seg˙n su conveniencia”, reiteró.
La emecista Claudia Ruiz Massieu indicó que la extorsión es un delito que ha escalado sin control en el país, ya que sólo en los primeros cinco meses del aÒo se registraron 4 mil 882 víctimas, lo que representó la cifra más alta en 10 años.
Señaló que, además, es un delito que se ha profesionalizado hasta adquirir las más diversas formas, como el cobro de piso, las llamadas telefónicas, la intimidación directa a los hogares, los comercios y en las carreteras.
La panista Annia Sarahí Gómez recordó que en 2023 se cometieron 4.9 delitos de extorsión y el 71 por ciento de ellos se concentraron en los estados de Veracruz, Estado de México y Nuevo León.
Subrayó las disparidades que existen en las penas de este ilícito, ya que mientras en Oaxaca es de hasta tres años, en Chihuahua es de 30 años.
Agencia Reforma
