Ciudad de México, 29 de marzo de 2022.La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para proteger de cobros de bancos los recursos de los programas sociales que otorga el Gobierno federal a beneficiarios.
Con 21 votos a favor, uno en contra y 9 abstenciones, se avaló la reforma promovida por la diputada de Morena Aleida Alavez desde la Legislatura pasada y que se rescató para su discusión en la 65 Legislatura.
El dictamen de reforma al artículo cuarto de la Constitución se envió a la Mesa Directiva para su presentación al pleno.
Con la propuesta se busca evitar que los apoyos económicos que reciben los beneficiarios de los programas sociales en sus cuentas bancarias, no sean descontados o tomados en automático por las instituciones financieras.
La reforma protege a los recursos de los programas sociales reconocidos como derechos humanos en el artículo cuarto constitucional, que son las entregas económicas a las personas que tengan discapacidad permanente, la pensión no contributiva y un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.
Aprueban en lo general la ley de movilidad
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que, entre otras cosas, obliga a las armadoras a vender en el país vehículos que cumplan con los estándares de seguridad internacionales.
Luego que el 24 de marzo pasado la discusión del dictamen fue sorpresivamente interrumpida, el pleno avaló la minuta del Senado que expide el nuevo ordenamiento con 457 votos a favor, cero en contra y una abstención.
La nueva ley establece la obligación de que los automóviles nuevos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con los estándares de seguridad que establecen las normas mexicanas, pero también las internacionales.
Además, señala que las autoridades competentes, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberán establecer un sistema de evaluación de vehículos nuevos, independiente del fabricante y de concesionarias.
De acuerdo con la minuta, las autoridades dispondrán que fabricantes, importadores y concesionarios de vehículos nuevos den a conocer, con información de fácil comprensión y con base en normativa en la materia, el desempeño en materia de seguridad de los mismos.
La nueva ley señala que la movilidad es un derecho y lo define como la posibilidad de trasladarse y disponer de un sistema de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías.
Texto: Agencia Reforma
