Metales pesados
Tryno Maldonado
Contrario al primer compromiso de Andrés Manuel López Obrador al tomar posesión como jefe del poder Ejecutivo en 2018, el pasado domingo 26 de marzo se cumplió la escalofriante cifra de 102 meses de incertidumbre, burocratización del dolor, falta de verdad y falta total de justicia en el caso Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que ha dado acompañamiento legal desde el inicio a las familias de las víctimas de los hechos de la noche de Iguala– publicó con motivo de este aniversario más un comunicado en el que destaca que “las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos consideran que las investigaciones en el caso Ayotzinapa toparon con el paredón del Ejército Mexicano”.
Esta percepción ha ido generando en las familias desconfianza y cada vez mayor desesperanza “desde que quedó demostrado que los militares participaron directamente en las agresiones contra los jóvenes en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014”. Por lo que demandaron que se reactiven las órdenes de aprehensión contra 16 de los militares involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes.
El 23 de marzo pasado los familiares de los 43 normalistas, así como sus representantes legales, tuvieron una reunión en Acapulco con integrantes de organizaciones populares y sindicatos para buscar una articulación a propósito de “las intenciones del gobierno federal de cerrar el caso Ayotzinapa”.
Ese encuentro ocurrió unos días después de la detención de siete policías estatales y dos municipales de Huitzuco, presuntamente responsables del asesinato del normalista Julio César Mondragón. Como el resto del caso a lo largo de los últimos 102 meses, este avance a cuentagotas, a decir del abogado de las familias Vidulfo Rosales, “es un avance considerable para que accedan a la justicia los familiares de Julio César Mondragón Fontes, abona al esclarecimiento de ese crimen atroz. Sin embargo, no son detenciones de gran calado que coadyuven para saber qué pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014, ni abona a saber el paradero de los 43, lo que es fundamental para las familias”.
El abogado de las familias, como ellas y ellos mismos lo han sentenciado desde hace años, reiteró: es el Ejército Mexicano el que debería rendir cuentas. No sólo ante la tortura que sufrió Julio César Mondragón, sino por todo el megaoperativo coordinado y orquestado para la desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala hace casi nueve años.
“Existen personajes clave que también pueden aportar información valiosa –señaló Vidulfo Rosales–, como El Cholo Palacios, jefe de plaza y contra quien no se ha ejecutado orden de aprehensión, el gobierno debería hacer los esfuerzos para detenerlo; al propio Gildardo López Astudillo tampoco se le ha detenido; otro fugitivo es César Duarte Núñez, director de Seguridad Pública”.
En septiembre de 2022 AMLO dio a conocer la existencia de 83 órdenes de aprehensión contra participantes en la desaparición de los estudiantes; 20 de ellas eran contra militares. No obstante, en consonancia con la subordinación que el Ejecutivo ha demostrado hacia las fuerzas armadas, 16 de esas órdenes fueron canceladas sin explicación ni aviso alguno a las familias ni a sus representantes legales.
A este contexto de comprensible desesperación de las madres y padres de Ayotzinapa –como de miles de familiares de desaparecidos en todo el país– se suma la información filtrada por el grupo de hacktivistas Guacamaya: en ésta consta, como dio a conocer El Sur el 15 de marzo pasado, que documentos oficiales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo registran el activo espionaje y seguimiento que el Ejército ha dado a movimientos sociales y políticos, defensores de derechos humanos y líderes sociales, magisteriales y políticos. En vez de que el Estado invierta esa descomunal capacidad de inteligencia y recursos millonarios para dar con el paradero de los 43 normalistas, el espionaje que practica la Secretaría de la Defensa Nacional –sin órdenes judiciales y con cargo al presupuesto público– lo han padecido sobre todo las familias de Ayotzinapa, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
En la más reciente reunión con AMLO, el 22 de febrero de este año, después de largos 102 meses de espera sin respuestas completas, madres y padres de los 43 emplazaron enérgicamente al presidente a tener “respuestas claras” para el próximo 27 de septiembre, cuando se cumplirá un año más de la desaparición forzada de los estudiantes. Lo que está en juego, entre otras cosas, es la credibilidad de un gobierno que tajantemente le ha dado la espalda a las víctimas de esta guerra.
