METALES PESADOS
Tryno Maldonado
La nueva Recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene casi 900 páginas. Nunca antes la CNDH había intentado reconstruir el caso Ayotzinapa con semejante ambición. Pero discutamos parte por parte.
La recomendación reconoce que la llamada “verdad histórica” fue una fabricación sostenida por diligencias irregulares, tortura y manipulación de pruebas. Rechaza la tesis de la incineración masiva en el basurero de Cocula. Amplía el universo de víctimas a 92 estudiantes y civiles. Pero, al mismo tiempo, redefine el núcleo mismo del caso. Ya no habla de 43 desaparecidos, sino de 40, al considerar acreditada la muerte de tres normalistas. Y, sobre todo, introduce una categoría inédita: la “anti-verdad histórica”. Con ella no se refiere a la mentira fabricada por la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, sino a las investigaciones que durante más de una década orientaron la mirada hacia el Ejército: los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), parte del trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos. No es un cambio terminológico. Es un ignominioso cambio de paradigma.
Vale la pena detenerse ahí. Durante años discutimos si la “verdad histórica” era sostenible. Ahora la discusión ya no gira únicamente alrededor de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. Por increíble que parezca, la nueva recomendación desplaza el centro del debate hacia quienes investigaron esa noche. Dedica centenares de páginas a cuestionar la consistencia de los informes del GIEI, a revisar mensajes telefónicos cuya autenticidad considera insuficiente, a discutir las conclusiones de la CoVAJ, a reconstruir la historia institucional y hasta el financiamiento de organizaciones como el Centro Prodh, Fundar o Tlachinollan. El expediente ya no versa nada más sobre la desaparición de los normalistas. Versa también sobre la legitimidad de quienes disputaron la versión oficial del Estado. Ése es el verdadero centro político del documento.
Porque la recomendación no guarda silencio sobre el Ejército. Al contrario: habla extensamente de él. Examina el papel del soldado Julio César López Patolzin, la presencia militar en el C-4 de Iguala, los reportes de inteligencia, los movimientos de tropas, los documentos solicitados por el GIEI y las pruebas utilizadas por la CoVAJ. Pero el movimiento argumental radica en otro lugar. La pregunta deja de ser qué sabía el Ejército para convertirse en quién construyó la narrativa contra el Ejército. La CNDH sostiene que no existen elementos objetivos para atribuir responsabilidad institucional a las fuerzas armadas y que una parte importante de las investigaciones posteriores terminó edificando una supuesta “anti-verdad” que desplazó artificialmente el foco hacia la Sedena. No basta con disentir de esa conclusión. Hay que observar el desplazamiento: el objeto principal de escrutinio deja de ser la institución armada y pasa a ser quiénes insistieron en investigarla. Absurdo.
Ángela Buitrago, integrante del GIEI durante los años más decisivos de la investigación, acusó a la CNDH de omitir elementos fundamentales del expediente y de reeditar viejas campañas de descalificación contra quienes acompañaron el caso. El Centro Prodh sostuvo que la recomendación exime de responsabilidad institucional al Ejército y cuestiona el trabajo de organismos nacionales e internacionales que contribuyeron a desmontar la “verdad histórica”. Quinto Elemento Lab ha documentado, por su parte, el progresivo debilitamiento de las investigaciones cuando comenzaron a acercarse a las estructuras militares de inteligencia. Estas respuestas revelan la profundidad del conflicto: ya no estamos frente a una sola verdad oficial, sino frente a instituciones que, con acceso privilegiado a expedientes, archivos y peritajes, producen relatos profundamente incompatibles sobre un mismo crimen de lesa humanidad para encubrirse a sí mismas.
La paradoja es devastadora. El Estado mexicano primero construyó una verdad oficial. Después creó mecanismos extraordinarios para desmontarla. Permitió el regreso del GIEI, instauró una Comisión para la Verdad y prometió que ninguna institución quedaría fuera del escrutinio. Hoy la Suprema Corte revisa precisamente el mecanismo extraordinario que nació porque las instituciones ordinarias habían fracasado. Y, casi al mismo tiempo, la CNDH presenta una recomendación que cuestiona buena parte del trabajo realizado por ese entramado excepcional. No afirmo que exista una conspiración entre todas estas decisiones. No tengo elementos para sostenerlo. Lo que sí puede observarse es otra cosa: el Estado administrado hoy en día por la 4T no deja de producir versiones sobre sí mismo. Cada una corrige a la anterior. Cada una descalifica parte de la precedente. Cada una promete acercarnos un poco más a la verdad. Mientras tanto, la pregunta original permanece intacta: ¿dónde están?
Desde el pensamiento crítico siempre hemos desconfiado del monopolio estatal sobre la violencia. Ayotzinapa nos obligó a desconfiar también del monopolio estatal sobre la producción de la verdad. Cuando una misma estructura concentra la capacidad de investigar, clasificar documentos, decidir qué archivos existen, cuáles permanecen reservados, qué hipótesis prosperan y cuáles deben ser descartadas, la verdad deja de ser únicamente un problema de evidencia. Se convierte en una disputa de poder.
Por eso la discusión de fondo ya no es si la “verdad histórica” del PRI fue sustituida por una “anti-verdad” impuesta por la 4T. Esa oposición, en el fondo, sigue atrapada dentro del mismo horizonte: el de una verdad administrada por el Estado. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿qué clase de verdad puede producir un Estado obligado a investigarse a sí mismo?
Tal vez ahí resida la lección más amarga de estos 11 años desde la noche trágica de Iguala. La “verdad histórica” pretendió clausurar el caso. La nueva recomendación pretende clausurar la legitimidad de buena parte de quienes la desmontaron. Entre una y otra han pasado seis informes del GIEI, una Comisión para la Verdad, miles de fojas judiciales, decenas de peritajes, nuevas búsquedas, gobiernos distintos y casi 900 páginas más de la CNDH. Lo único que dolorosamente sigue sin aparecer es aquello que ninguna disputa institucional ha conseguido producir: el paradero de los 43.
