En su informe 2017, Luis Raúl González Pérez incluye también los casos de Tanhuato y Nochixtlán como ejemplos de “violaciones graves a derechos humanos” en este gobierno
Señaló que es un error que el uso de la fuerza, por legítimo que sea, resulte la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad
No asiste al acto ningún mando de las Fuerzas Armadas
Texto: Agencia Proceso / Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. A ocho meses de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó que el balance es negativo porque prevalecieron “los binomios de inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, y desigualdad y pobreza”, heredados del gobierno de Felipe Calderón.
Luego de que el domingo 25 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) dispararon desde un helicóptero y abatieron a cuatro integrantes de una familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el ombudsman nacional calificó como un error que el uso de la fuerza, por legítimo que sea, sea la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad.
Lo anterior fue señalado por González Pérez durante la presentación de su informe anual de actividades 2017, en la residencia oficial de Los Pinos, con la ausencia de elementos de las fuerzas armadas.
Como respuesta, Peña se limitó a destacar los avances en materia de derechos humanos, entre ellos la aprobación de la legislación sobre atención a víctimas, así como en el tema de la tortura, desaparición forzada y atención a la infancia, normatividad impulsada desde la sociedad civil.
Otro logro que mencionó fue la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, así como las reformas a la ley de amparo y a los códigos penal y de justicia militar.
González Pérez dio cuenta de la resistencia por atender las recomendaciones de la CNDH, pese a que el año pasado el Ejecutivo federal se comprometió a darle salida a los pendientes. Contrario a eso, añadió, el sexenio se distinguió por “violaciones graves a derechos humanos”, como lo demuestran los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingan, Tlatlaya y Nochixtlán.
De 57 observaciones por los 43, sólo se cumplieron nueve
Luego de informar que durante el sexenio de Peña la CNDH atendió a más de un millón de personas, González Pérez especificó que en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de 57 observaciones que el organismo formuló a la Procuraduría General de la República (PGR) en tres reportes, sólo se cumplieron nueve, en tanto que 36 se encontraban “en vías de atención” y 12 no habían sido atendidas, “lo cual refleja la complejidad, pero también la falta de una voluntad real y de compromiso para llevar al esclarecimiento del asunto”.
El ombudsman resaltó que por éste y otros casos se demuestra que “el modelo de operación de la PGR está agotado, siendo necesario que a la brevedad se concreten de manera viable y pertinente las reformas en el ámbito de procuración de justicia para garantizar la autonomía, la imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de esta función”.
Al insistir que el entorno de violencia e inseguridad se mantiene en el país, subrayó que en la actual administración los “saldos del dolor y la impunidad” no han disminuido, “derivado de miles de personas que han sido privadas de la vida, que han sido lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito. Es algo que no se puede cuantificar ni reparar”.
Recordó que 2017 se distinguió como el año con mayor número de muertes violentas en las últimas dos décadas, y sin seguridad, enfatizó, “jamás habrá una vigencia real de los demás derechos fundamentales”. Eso no puede ser a cualquier costo, dijo, por lo que defendió la posición del organismo nacional y de otras instancias que decidieron impugnar la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Si la violencia se combate con la violencia, se está apostando al uso de la fuerza sobre la atención de las causas que la propiciaron y generan (…) la violencia ha demostrado ser una inversión poco redituable, que tiene un costo altísimo para todas las personas”, remarcó.
En el sexenio de Peña la CNDH registró 274 expedientes de queja por tortura, 5 mil 86 por detención arbitraria, 195 por privación de la vida, 11 por ejecución sumaria o extrajudicial y 89 por desaparición forzada o involuntaria. Esos datos podrían ser mayores, dado que muchas de las víctimas no denuncian los abusos.
González Pérez también reprobó la violencia contra las mujeres y contra los defensores de derechos humanos, así como los homicidios de periodistas, que en lo que va del sexenio suman 52, igualando al de Felipe Calderón. En ese sentido, apuntó, la CNDH da seguimiento a 104 asesinatos de comunicadores.
El año pasado, agregó, se emitieron 97 instrumentos recomendatorios, de los cuales 81 fueron ordinarios, cinco por violaciones graves, ocho del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y tres generales. Las seis autoridades más denunciadas son: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de Seguridad, la PGR, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Marina.
Para concluir, el ombudsman exhortó al presidente a que, en los ocho meses que le restan de gestión, cumpla las recomendaciones de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y se consolide la aprobación de instrumentos internacionales de derechos humanos.
En su discurso, Peña resaltó que la sociedad civil es una pieza clave en la agenda de los derechos humanos. Aseguró que se están cumpliendo las recomendaciones emitidas, y prometió que serán desahogadas en su totalidad.
Encomió la elaboración de protocolos para el uso de la fuerza, y la capacitación en materia de derechos humanos.
Afirmó además que se toman en cuenta las voces ciudadanas. “Aunque en ocasiones haya diferencias y opiniones distintas, el Estado mexicano en su conjunto debe valorar estas contribuciones y continuar abriendo espacios para la activa participación de la sociedad civil”, dijo.
Sin responder n lo particular a los reclamos del presidente de la CNDH, Peña reiteró que “a pesar de que falta camino por delante, estoy convenido de que avanzamos en la dirección correcta”.
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