Tras la orden de reabrir el caso de la detención ilegal y tortura de cuatro parientas de Lucio Cabañas podrían ser asignados más ministerios públicos a los 244 expedientes reclasificados, dice el comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH)
Acapulco, Guerrero, 17 de junio de 2024. La orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reabrir la investigación por detención ilegal y tortura de cuatro parientas del líder guerrillero Lucio Cabañas es una “oportunidad” para que sean asignados más ministerios públicos a los 244 expedientes de la guerra sucia recientemente reclasificados, dijo el comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad, Abel Barrera.
Puntualizó que fue apenas en mayo que el MEH tuvo conocimiento de que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la Fiscalía General de la República (FGR) está al frente del Mecanismo de Impulso a la Justicia, que no tenía presupuesto y estaba “vacío”. En general, señaló Abel Barrera, no ha habido “coordinación” dentro de la comisión y van pocas sesiones de trabajo.
El miércoles pasado se dio a conocer que la Primera Sala de la Corte amparó a cuatro mujeres familiares de Lucio Cabañas contra el no ejercicio penal determinado por la FGR en 2022, estableciendo que la desaparición forzada transitoria y la tortura que sufrieron son delitos de lesa humanidad que no prescriben y pueden ser sancionados, y rechazando así los alegatos de la FGR sobre prescripción y aplicación retroactiva de la ley.
En un comunicado emitido ese mismo día, el MEH celebró la decisión de la SCJN porque es un “parteaguas para el acceso a la justicia de crímenes del pasado en nuestro país”.
El MEH es uno de los cinco mecanismos que conforman la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2021.
Los otros cuatro mecanismos son el Comité para el Impulso a la Justicia, el Comité para el Impulso a la Memoria y Garantía de no Repetición, el Plan de Búsqueda encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y el Plan Especial de Reparación y Compensación, instrumento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El mismo día que se dio a conocer el amparo, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que desde marzo pasado con la FGR se reclasificaron delitos cometidos en el periodo de la guerra sucia (cuando el Ejército ocupó territorios, persiguió y desapareció a disidentes políticos del régimen priista, principalmente en la década de 1970-1980), y precisó que el Equipo Especial de Investigación y Litigación de la Fiscalía ha radicado 244 expedientes en la FEMDH, “a fin de proseguir con su integración hasta su determinación legal”.
“Esto permite que las investigaciones iniciadas por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad o abuso de autoridad también sean sancionadas, ahora por desaparición forzada de personas”, expuso en un comunicado.
Las mujeres mantuvieron viva la lucha por la justicia
Barrera puntualizó este sábado vía telefónica que las cuatro personas amparadas, Juana, Rosa Elena e Irene Cabañas, y Flavia Cabañas Gómez, son sobrinas de Lucio Cabañas, lo que demuestra que las mujeres “mantuvieron viva esta lucha” de justicia.
“El hecho de que aún a costa de toda esa perversidad del Estado, de sus agentes que actuaron con alevosía, con abuso, con todos los excesos de la fuerza, no se arredraron, siguieron con la frente alto, interpusieron estas denuncias, obviamente el mismo ministerio público las invisibilizó, trivializó su denuncia y dijo que esto ya no procede”.
Indicó que la Corte dio un plazo de 12 meses para que se informe de esta investigación de los delitos de desaparición forzada transitoria y tortura que no prescriben, y resaltó el apoyo de la ex integrante de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Pilar Noriega, para presentar el amparo.
“Precisamente cuando estamos a unos meses de entregar el informe final del Me-canismo de Esclarecimiento Histórico, se da una resolución emblemática de la Suprema Corte, que creo que ayuda a abrir esta nueva ruta que habían ya impulsado desde la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado los familiares, que ya habían interpuesto sus denuncias, pero que no prosperaron o no les dieron seguimiento”.
Es como un punto de arranque
Con la reclasificación de los 244 expedientes, indicó Abel Barrera, la FGR, a través de la FEMDH se va a encargar de darle seguimiento sobre todo a los casos de las cuatro familiares de Lucio Cabañas, “eso ya es como un punto de arranque para decir, todos estos delitos que hablaban de secuestro o de privación ilegal de la libertad, otras figuras, que realmente no son acordes al grado de violación que se cometió”.
El comisionado dijo que esto es una oportunidad “porque ahí había un problema también del número de ministerios públicos adscritos a esta Fiscalía, esperemos que haya más personal que pueda darle celeridad a la revisión de estos expedientes”.
“Habíamos visto que ya no había suficientes investigadores, ministerios públicos, que se abocaran a estos temas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990”, profundizó.
Dijo que no se tiene más información que la cifra de 244 expedientes reclasificados, “creo que hace falta que la misma Fiscalía pueda dar un diagnóstico de estos casos”.
No hay “coordinación” dentro de la Comisión
Dentro de la Comisión de la Verdad, el Mecanismo de Impulso a la Justicia tiene el propósito de “acceder a los expedientes que hay ahí para poder avanzar en estos patrones de graves violaciones a derechos humanos, ver en qué estado se encuentra, cómo se pudiera impulsar la investigación”, expuso el comisionado Abel Barrera.
Sin embargo, desde que se formó esta comisión en 2021, “hubo pocas sesiones de trabajo que ayudaran a establecer algunos acuerdos, que ayudaran a algunas iniciativas relacionadas con el impulso a la justicia”.
El Mecanismo de Impulso a la Justicia estuvo integrado al principio por tres especialistas, una de ellas la también integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángela Buitrago.
“Sin embargo, no hubo suficiente presupuesto para que se les contratara a los investigadores”, por lo que terminó su contrato, el mecanismo quedó “vacío” y “no había forma de que se avanzara”, comentó.
“No existió la coordinación porque te digo, en un primer periodo hablamos del 21, 22, parte del 23, pues eran los expertos y la experta, que de algún modo dieron algunos informes, dejaron por ahí un documento muy importante, pero que se reducía a hacer las revisiones de los expedientes y a dar como un diagnóstico de cómo estaban estos casos”.
Insistió: “no solamente no ha habido una coordinación y un seguimiento a los trabajos, sino más bien, ha habido como esta ausencia de espacios para poder compartir los avances que cada mecanismo está realizando, en este año básicamente ha sido una reunión con el nuevo subsecretario (Félix Arturo Medina Padilla), los años anteriores si acaso hubo dos sesiones del mecanismo, fueron pocas”.
Dijo que “fue hasta ahora en el 2024 cuando recientemente tuvimos una reunión, creo que fue en el mes de mayo, donde ya estuvo presente la Fiscalía y donde pues nos dieron a conocer cómo ya estaba trabajando la Fiscalía Especializada”.
“Aquí hay un problema de que no hay una sistematicidad del trabajo para poder compartir los avances de cada mecanismo”, señaló, y reiteró que la FEMDH está al frente del Mecanismo de Impulso a la Justicia recientemente, “hablamos de febrero y en concreto de la reunión del mes de mayo cuando tuvimos información, fuera de ahí no ha habido más coordinación” con el MEH.
Precisó que cada mecanismo tiene su propio mandato, pero en el MEH se ha valorado “que no se logró articular a los cinco mecanismos, quizás también porque entendemos que el caso Ayotzinapa fue lo que se priorizó en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que sigue siendo también un tema prioritario, y ha quedado en segundo plano esta comisión para los crímenes de la violencia de Estado”.
El mandato del MEH termina a la par del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y va a entregar un informe final. Barrera comentó que ya está el borrador del documento y la Subsecretaría de Derechos Humanos va a establecer la forma y el tiempo de la entrega.
Texto: Ramón Gracida Gómez/Foto: Archivo
