El 21 de agosto de 2018, el entonces titular Mauricio Moreno Balbuena, de manera inusual, hizo la solicitud a la PGR, y dos días después Arturo Elías Beltrán anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.
Ciudad de México, 26 de agosto de 2019. El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte podría seguir su proceso fuera de prisión gracias a que le echaron una mano desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tres meses antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El 21 de agosto de 2018, el entonces titular de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, solicitó a la PGR retirarle al ex gobernador de Veracruz la acusación del delito de delincuencia organizada.
Dos días después, Arturo Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.
Hasta hoy, no se sabía que la decisión de la PGR de reducir la acusación contra Duarte fue gracias al alegato presentado por Moreno Balbuena en el oficio 110/E/989/2018, al que tuvo acceso Reforma.
De manera inusual, Moreno Balbuena pidió el beneficio para Duarte pese a que la UIF fue reconocida como víctima del desfalco del ex priista en la causa penal 97/2016 abierta en el juzgado federal del Reclusorio Norte.
Al emitir su opinión jurídica, Moreno Balbuena arguyó que se debía realizar la reclasificación a fin de evitar un “error” en la acusación que condujera a que un juez a tumbar el caso contra Duarte.
“La conducta imputada a Javier Duarte de Ochoa no se adecua a los extremos jurídicos para actualizar la delincuencia organizada, sino la de asociación delictuosa, ello en razón de que no se actualiza el sentido de permanencia a una organización criminal”, expuso el funcionario de la UIF.
“A juicio de esta institución denunciante, no existen datos de prueba suficientes para sostener las estructuras y el andamiaje requerido para hablar de una delincuencia organizada, por tanto, respetuosamente se sugiere que la acusación se formule en los términos propuestos para minimizar la posibilidad de que el imputado de mérito pueda verse beneficiado ante una determinación judicial que declare la inexistencia del delito que se comenta”, expone el oficio.
En septiembre de 2018, Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, condenó a Duarte a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, por asociación delictuosa y lavado de dinero.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, Duarte podrá solicitar su libertad bajo supervisión cuando cumpla la mitad de sus nueve años de condena.
Ese tiempo incluye dos y cuatro meses que lleva preso, por lo que estará en posibilidad de pedir ese beneficio dentro de dos años y dos meses. La decisión de concederlo tocará a un juez federal.
Hace una semana Reforma publicó que en el actual gobierno, Javier Duarte ofreció colaborar con la FGR dar pruebas sobre el dinero que se desvió desde el Gobierno de Veracruz a campañas electorales, incluyendo la de Enrique Peña Nieto en 2012.
El ex gobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la Fiscalía, en la que, a cambio, pide que las evidencias que dé no sean usadas contra sus ex colaboradores.
Con Peña Nieto aumentaron 89% las ganancias del huachicol, revelan cifras oficiales
Los huachicoleros hicieron su “agosto” en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En promedio, los delincuentes obtuvieron ganancias de 7.5 millones de pesos al día por el robo de combustible mediante tomas clandestinas a ductos de Pemex.
La cifra de dividendos significa 89 por ciento más que las reportadas en la gestión de Felipe Calderón, cuando la “ordeña” de ductos ocasionó a Pemex un quebranto diario de 3.9 millones de pesos.
Para el primer bimestre del año, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, Pemex reportó un robo al día de 4.2 millones de pesos.
El robo de combustible en el sexenio de Peña Nieto se concentró en Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa. Al final de su administración, se reportó un incremento de “piquetes” en ductos del Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro y Ciudad de México.
De acuerdo con datos oficiales, 2013 cerró con el robo de 7.6 millones de barriles, para 2014 se reportó un aumento a 9.7 millones de barriles, mientras que para 2015 otra vez se redujo a 7.7 millones de barriles.
Para 2016 repuntó el robo, a 9.7 millones de barriles; en 2017 se disparó a 15.5 millones de barriles, y 2018 cerró con 20.1 millones de barriles, el quebranto más alto registrado por Pemex.
Tres ex elementos de Seguridad Física de Pemex afirmaron que durante la gestión de Eduardo León Trauwitz como subdirector de Salvaguardia Estratégica, agentes de inteligencia de la empresa ordenaban la perforación de ductos y apertura de tomas clandestinas.
Detectan dos tomas clandestinas en Puebla
Dos tomas clandestinas con fugas, una de hidrocarburo y otra de gas LP, fueron detectadas ayer en distintos municipios de Puebla.
La Coordinación General de Protección Civil del Estado informó que la primera fue hallada en la junta auxiliar de San Agustín Atlihuacán, en el municipio de Xicotepec, al norte del estado.
En tanto, la fuga de gas licuado de petróleo fue encontrada en el municipio de Huejotzingo, en el centro oeste de la entidad.
La dependencia descartó que hubiera viviendas en riesgo en ambas zonas.
Controlan fuga de gas en Tezoyuca, Edomex
La fuga de gas LP registrada en un ducto del poblado de Tequisistlán, en el Municipio de Tezoyuca, Estado de México, fue controlada por personal de Pemex, informó Protección Civil.
La mañana de este sábado, tras registrarse la fuga, vecinos de la zona fueron evacuados como medida preventiva.
Texto: Zedryk Raziel / Agencia Reforma / Foto: Archivo
