Chilpancingo, Guerrero, a 18 de marzo de 2026.- Familiares del abogado Anselmo Campuzano Martínez, asesinado el 3 de octubre del año pasado en Iguala se instalaron ayer en huelga de hambre a las 10:30 de la mañana frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde instalaron un plantón y bloquearon el carril de sur a norte del encauzamiento del bulevar del Huacapa, pero dos horas y media después se retiraron luego de que fueron recibidos por el fiscal general Zipacná Torres Ojeda.
Los familiares de Campuzano Martínez piden la detención de quienes fungían como agentes del Ministerio Público de Iguala, Leonardo Meraz Sánchez y Cristian Peñaloza Bustos, a quienes señalan como responsables intelectuales del homicidio.
El padre de la víctima, Anselmo Campuzano Reyes informó al finalizar su protesta que el fiscal general les prometió que van a revisar sus demandas y sus observaciones relacionadas con la investigación del caso y les dará una respuesta el 31 de marzo, cuando se volverán a reunir.
A las 10:30 de la mañana, Anselmo Campuzano Reyes de 73 años, su hija y hermana del abogado asesinado, Bertha Denis de 39, así como una hija de ésta y sobrina de la víctima, una menor de 17 años de edad, se declararon en huelga de hambre afuera de la FGE.
La menor tiene un padecimiento de diabetes y recibía apoyo constante del abogado Campuzano Martínez para sus medicamentos, informaron sus familiares.
Antes de iniciar la protesta, en conferencia de prensa el padre de la víctima denunció que en la FGE se da protección a los responsables intelectuales del asesinato de su hijo, los agentes del Ministerio Público de Iguala cuando ocurrieron los hechos, Leonardo Meraz Sánchez y Cristian Peñaloza Bustos.
Incluso, reprochó que al primero “lo premiaron” al cambiarlo a la Agencia del Ministerio Público de Costa Azul, en Acapulco, en tanto que al segundo lo mandaron a la de Tlapa.
Declaró que en la Fiscalía les han dicho que no pueden detenerlos como responsables intelectuales mientras no detengan a los culpables materiales, lo cual tampoco ha ocurrido porque las investigaciones del caso no avanzan y, por el contrario, han “manipulado” las evidencias durante la investigación.
El padre del abogado asesinado argumentó que los servidores públicos a quienes señalan como responsables mandaron matar a su hijo debido a que les ganaba todos los casos y vieron afectados sus intereses cuando los denunció por presuntos actos de corrupción.
Una de estas denuncias fue en contra del Agente del Ministerio Público Leonardo Meraz Sánchez, por presuntas irregularidades en la integración de una carpeta de investigación, y por la sustracción de un millón de pesos que recibió por concepto de reparación de daños a familiares de una persona fallecida por atropellamiento, expuso el señor Anselmo.
Otro de los casos, informaron los familiares, fue un juicio por pensión alimenticia que Campuzano Martínez le ganó a Meraz Sánchez a favor de la esposa del servidor público.
“Lo que sea de cada quien, mi hermano era un excelente abogado y le ganó varios casos, de ahí viene su coraje, aparte de que mi hermano descubrió toda la corrupción que había en la Agencia del Ministerio Público de Iguala”, declaró la hermana de la víctima, Bertha Denis Campuzano Martínez.
A su vez, el padre del difunto dijo que “hay indignación porque en vez de que los estén investigando los están premiando, y por eso venimos a protestar para que de una vez por todas se termine la impunidad que existe en este caso”, declaró al iniciar su huelga de hambre.
Denunció irregularidades en la investigación, como la desaparición de evidencias balísticas, “argumentan que hubo niños que recogieron los casquillos, pero no hay investigación de los videos de las cámaras de videovigilancia”, denunció.
Agregó que tampoco le dan respuesta a la solicitud de la sábana de llamadas telefónicas de los “posibles asesinos intelectuales, como que tratan que esto (la investigación) no camine”.
Insistió en que la única razón de la obstaculización de la investigación, “es que los están protegiendo porque son parte de la Fiscalía, veo claramente que no quieren actuar contra ellos”.
Bertha Denis denunció también que hay muchas “inconsistencias” en las investigaciones y pidió al fiscal general Torres Ojeda una explicación de manera directa, “porque ya no queremos atole con el dedo, sino que haya solución al caso de mi hermano, exigimos justicia para Anselmo Campuzano”.
En un oficio que los familiares del abogado entregaron al fiscal general Torres Ojeda exigen que la investigación del homicidio, “se rija estrictamente por el protocolo de Minnesota (2016) de las Naciones Unidas”, en el que “es obligatorio cuando existen sospechas fundadas de participación, colusión, omisión o falta de diligencia por parte de agentes del Estado, que haya independencia e imparcialidad total”.
Por lo tanto, piden “el retiro inmediato” de los funcionarios que tienen bajo su control la carpeta de investigación, pues la investigación realizada por pares o subordinados, “es nula de pleno derecho y genera responsabilidad internacional para el Estado mexicano”.
Los familiares del profesionista asesinado suspendieron su huelga de hambre y retiraron el plantón y el bloqueo a la 1 de la tarde, después de una reunión con el fiscal general Zipacná Torres Ojeda.
Anselmo Campuzano Reyes informó al salir de la reunión que el fiscal les prometió revisar el expediente y analizar sus observaciones relacionadas con la investigación del caso para darles respuesta en una próxima reunión, el 31 de marzo.
Durante las dos horas y media que duró su protesta los manifestantes colgaron lonas en las rejas de la FGE, en las que se leyó: “Fiscalía y Ministerio Público no protejan a rateros, corruptos y asesinos”, “justicia a los abogados y barras de abogados, no sean cobardes”, “Iguala despierta, nos matan inocentes por exigir justicia, que este crimen no quede impune. Justicia”.
Zacarías Cervantes
