Bien conocido en España por dirigir operaciones contra el narcotráfico, el grupo ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Garzón ganó fama mundial en 1998 por el caso Pinochet.
Por Pablo Sanguinetti
Madrid, España, 15 de octubre de 2018. La detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, hace ahora 20 años, hizo resonar en todo el mundo el nombre de Baltasar Garzón. Pero ver al ex dictador chileno entre rejas fue solo un hito más en la carrera extrema del juez más famoso y mediático en la historia reciente de España.
Hasta su expulsión de la carrera judicial en 2012, Garzón actuó contra criminales de todo tipo y origen: el franquismo, la dictadura argentina, el terrorismo etarra, la mafia del narcotráfico en Galicia, la corrupción de la política española, el terrorismo islamista e incluso el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.
“Pocos españoles arrastran una nómina de enemigos tan larga como la suya y pocos han desarrollado una habilidad igual para molestar a unos y a los contrarios. A izquierda y a derecha. A un periódico y al otro. A este lado del charco y al otro también”, lo describió el diario El Mundo en una entrevista el año pasado.
Nacido el 26 de octubre de 1955 en una familia sencilla en el pequeño pueblo de Torres, sur de España, Garzón pensó en convertirse en cura, portero de fútbol y karateca antes de descubrir a los 17 años que quería ser juez, vocación que vio realizada ya a los 23 años.
En 1988 entró en la Audiencia Nacional, donde impuso un nuevo estilo activo y mediático durante más de dos décadas hasta 2012 con un único paréntesis: en 1993 cedió a la tentación política y fue diputado socialista convencido por el entonces presidente del Gobierno Felipe González, pero al sentirse “utilizado” y sin margen de actuación renunció al escaño un año después y volvió a la Justicia.
Bien conocido ya entonces en España por dirigir operaciones contra el narcotráfico, el grupo armado vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) (la llamada “guerra sucia” contra el terrorismo etarra que manchó el Gobierno de González), Garzón ganó fama mundial en 1998 por el caso Pinochet.
El ex dictador fue detenido el 16 de octubre de ese año en Londres, a donde había viajado para recibir tratamiento médico, en virtud de una orden de arresto emitida por Garzón debido a la muerte y tortura de ciudadanos españoles en la dictadura chilena (1973-1990) y por crímenes contra la Humanidad.
Pinochet pasó 503 días de arresto domiciliario hasta que el Gobierno británico, después de varias pruebas médicas, negó su extradición a España y le permitió volver a Chile en marzo de 2000. Seis años más tarde, el ex dictador moriría en su país sin haber sido condenado nunca pese a acumular centenares de acusaciones criminales.
Pinochet se dio incluso un gusto a su llegada a Santiago: tras salir del avión en silla de ruedas, se puso de pie y caminó en perfecto estado, en una imagen emblemática. “Fue una reivindicación soberbia”, lamentó Garzón años después. “Sentí pena y decepción, porque las víctimas en ese momento eran una vez más eran menospreciadas”.
Garzón continuó con su particular cruzada por aplicar la llamada Justicia universal contra crímenes de lesa humanidad en todo el mundo, lo que le valió incluso figurar como candidato al Premio Nobel de la Paz. Pero su ambición personal y mediática terminaron llevándolo a límites que torcieron su carrera.
Una querella por su investigación de los crímenes del franquismo le costó en 2010 la suspensión cautelar, medida rechazada por marchas en España, la prensa y organismos de derechos humanos internacionales. Fue absuelto en 2012, pero ese mismo año quedó inhabilitado por 11 años y expulsado de la carrera judicial por otro escándalo.
Se trató del caso “Gürtel”, una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente de España protagonizada por el conservador Partido Popular (PP) del entonces presidente de Gobierno, Mariano Rajoy (2011-2018). Garzón fue condenado por prevaricación debido a haber realizado escuchas ilegales de presos al investigar el caso.
El juez rechazó frontalmente su condena, decidida de forma unánime por el Tribunal Supremo, y alertó: “Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad”.
Pero Garzón no se resiste a alejarse de la exposición y la Justicia, sus dos pasiones. Por eso dejó abierta la puerta a su regreso cuando acabe su inhabilitación. “Volver a ejercer sería bonito porque siempre he querido ser juez”, dijo en la entrevista con el diario El Mundo el año pasado. “Si puedo, volveré”.
Madrid, España, 15 de octubre de 2018. La detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, hace ahora 20 años, hizo resonar en todo el mundo el nombre de Baltasar Garzón. Pero ver al ex dictador chileno entre rejas fue solo un hito más en la carrera extrema del juez más famoso y mediático en la historia reciente de España.
Hasta su expulsión de la carrera judicial en 2012, Garzón actuó contra criminales de todo tipo y origen: el franquismo, la dictadura argentina, el terrorismo etarra, la mafia del narcotráfico en Galicia, la corrupción de la política española, el terrorismo islamista e incluso el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.
“Pocos españoles arrastran una nómina de enemigos tan larga como la suya y pocos han desarrollado una habilidad igual para molestar a unos y a los contrarios. A izquierda y a derecha. A un periódico y al otro. A este lado del charco y al otro también”, lo describió el diario El Mundo en una entrevista el año pasado.
Nacido el 26 de octubre de 1955 en una familia sencilla en el pequeño pueblo de Torres, sur de España, Garzón pensó en convertirse en cura, portero de fútbol y karateca antes de descubrir a los 17 años que quería ser juez, vocación que vio realizada ya a los 23 años.
En 1988 entró en la Audiencia Nacional, donde impuso un nuevo estilo activo y mediático durante más de dos décadas hasta 2012 con un único paréntesis: en 1993 cedió a la tentación política y fue diputado socialista convencido por el entonces presidente del Gobierno Felipe González, pero al sentirse “utilizado” y sin margen de actuación renunció al escaño un año después y volvió a la Justicia.
Bien conocido ya entonces en España por dirigir operaciones contra el narcotráfico, el grupo armado vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) (la llamada “guerra sucia” contra el terrorismo etarra que manchó el Gobierno de González), Garzón ganó fama mundial en 1998 por el caso Pinochet.
El ex dictador fue detenido el 16 de octubre de ese año en Londres, a donde había viajado para recibir tratamiento médico, en virtud de una orden de arresto emitida por Garzón debido a la muerte y tortura de ciudadanos españoles en la dictadura chilena (1973-1990) y por crímenes contra la Humanidad.
Pinochet pasó 503 días de arresto domiciliario hasta que el Gobierno británico, después de varias pruebas médicas, negó su extradición a España y le permitió volver a Chile en marzo de 2000. Seis años más tarde, el ex dictador moriría en su país sin haber sido condenado nunca pese a acumular centenares de acusaciones criminales.
Pinochet se dio incluso un gusto a su llegada a Santiago: tras salir del avión en silla de ruedas, se puso de pie y caminó en perfecto estado, en una imagen emblemática. “Fue una reivindicación soberbia”, lamentó Garzón años después. “Sentí pena y decepción, porque las víctimas en ese momento eran una vez más eran menospreciadas”.
Garzón continuó con su particular cruzada por aplicar la llamada Justicia universal contra crímenes de lesa humanidad en todo el mundo, lo que le valió incluso figurar como candidato al Premio Nobel de la Paz. Pero su ambición personal y mediática terminaron llevándolo a límites que torcieron su carrera.
Una querella por su investigación de los crímenes del franquismo le costó en 2010 la suspensión cautelar, medida rechazada por marchas en España, la prensa y organismos de derechos humanos internacionales. Fue absuelto en 2012, pero ese mismo año quedó inhabilitado por 11 años y expulsado de la carrera judicial por otro escándalo.
Se trató del caso “Gürtel”, una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente de España protagonizada por el conservador Partido Popular (PP) del entonces presidente de Gobierno, Mariano Rajoy (2011-2018). Garzón fue condenado por prevaricación debido a haber realizado escuchas ilegales de presos al investigar el caso.
El juez rechazó frontalmente su condena, decidida de forma unánime por el Tribunal Supremo, y alertó: “Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad”.
Pero Garzón no se resiste a alejarse de la exposición y la Justicia, sus dos pasiones. Por eso dejó abierta la puerta a su regreso cuando acabe su inhabilitación. “Volver a ejercer sería bonito porque siempre he querido ser juez”, dijo en la entrevista con el diario El Mundo el año pasado. “Si puedo, volveré”.
El arresto de Pinochet en Londres o el declive definitivo del general
Por Pedro Schwarze (dpa)
Aun cuando Augusto Pinochet se mostró victorioso al llegar de vuelta a Chile en marzo de 2000, tras su detención en Londres el 16 de octubre de 1998 y su permanencia obligada de 503 días en suelo británico con la amenaza de ser extraditado a España, el ex dictador regresó herido política y judicialmente.
Porque si bien había perdido el plebiscito de octubre de 1988 y entregado el Gobierno en marzo de 1990, Pinochet mantuvo su influencia y poder en la escena política chilena y siguió siendo un gran referente para la derecha local. De hecho se mantuvo como jefe del Ejército hasta marzo de 1998 e inmediatamente después asumió como senador vitalicio.
Pero una vez que estuvo otra vez en territorio chileno, ese peso se devaluó abruptamente: se abrieron procesos en su contra, fue desaforado, pasó por períodos de arresto domiciliario, su defensa alegó graves problemas de salud por lo que dejó de aparecer en público y debió renunciar a su escaño, fue acusado de malversación de fondos públicos y muchos de sus otrora partidarios comenzaron a tomar distancia.
Cuando se cumplen 20 años de su arresto en la capital británica, el legado y figura de Augusto Pinochet siguen a la baja. Así, bienes, propiedades y dineros por un valor de 1,6 millones de dólares que el ex gobernante heredó a su esposa, hijos y nietos al momento de su muerte hace casi 12 años (10 de diciembre de 2006), hoy se encuentran retenidos por las autoridades.
Y la semana pasada fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado una demanda judicial para que la familia del dictador devuelva unos 16 millones de dólares considerados como de “origen ilícito”, como consecuencia del llamado caso Riggs, que estalló en 2004.
Políticamente, en los últimos años algunos de quienes fueron sus más fervientes partidarios han comenzado a tomar distancia. El caso más llamativo es el del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), hoy en la coalición de gobierno, que en 2016 eliminó de sus estatutos el artículo que hacía referencia al golpe de Estado de 1973.
Y este año, con motivo del 30° aniversario del triunfo del “No” a Pinochet en un plebisicto, el presidente Sebastián Piñera encabezó un acto en La Moneda con sus ministros, muchos de los cuales fueron partidarios y funcionarios de la dictadura, para conmemorar ese referendo. Un acto en el que destacó que ese hito “representó un gran triunfo para nuestra democracia y abrió las puertas hacia una transición ejemplar”.
La detención de Augusto Pinochet Ugarte se produjo la noche del 16 de octubre de 1998 cuando agentes de la Policía Metropolitana de Londres ingresaron a su habitación en la London Clinic, donde estaba internado tras someterse a una operación de hernia discal lumbar. La orden para privarlo de libertad había sido dictada por el juez español Baltasar Garzón, quien investigaba a Pinochet por los crímenes a ciudadanos españoles durante su régimen (1973-1990).
Tras gobernar Chile por 17 años, el ex gobernante entonces de 82 años acababa de entregar la comandancia en jefe del Ejército en marzo de aquel año, un día antes de asumir como senador vitalicio, figura reservada entonces por la Constitución para los ex presidentes. Y fue con esa categoría y con pasaporte diplomático que llegó a Londres.
Su detención provocó un enorme revuelo en Chile y en buena parte del mundo y de inmediato se pusieron en marcha una serie de estrategias legales tanto de la defensa como de los acusadores. Además, su detención hizo que otros países europeos, como Suecia, Alemania, Francia y Bélgica se interesaran por obtener su extradición o al menos que compareciera ante sus tribunales.
Apenas nueve días después del arresto, un avión-hospital de la Fuerza Aérea de Chile se instaló en una base del norte de Londres a la espera de poder llevar cuanto antes de regreso al ex gobernante. Sin embargo, la batalla legal se extendería por 16 meses y Pinochet tendría que celebrar sus 83 y 84 cumpleaños privado de libertad.
“No reconozco la jurisdicción de ningún tribunal excepto el de mi país para que juzgue todos los embustes que han dicho los señores de España”, dijo Pinochet con voz fuerte y clara ante la Justicia británica en diciembre de 1998.
La lucha por la extradición de Pinochet a España pasó por el Tribunal Superior de Londres, dos veces por la comisión jurídica de la Cámara de los Lores y por el tribunal londinense de Bow Street. el ex militar, que estuvo bajo arresto domiliciario, fue sometido a periódicos exámenes de salud, como estrategia de la defensa para argumentar que no estaba en condiciones para ser sometido a juicio.
Llamativamente, el Gobierno chileno de centroizquierda pidió la liberación de Pinochet, argumentó que el dictador debía ser juzgado en Chile y elevó protestas ante los gobiernos de España y de Reino Unido.
El general en retiro cosechó casi solo derrotas y si bien el juez Garzón ampliaría los cargos contra Pinochet, los Lores restringieron los crímenes por los que el ex gobernante chileno podía ser juzgado a los de tortura y conspiración para la tortura tras 1988. Así se dio luz verde a su extradición a España por un delito de conspiración y 35 casos de tortura. Cinco de esas víctimas acabaron siendo asesinadas.
Aunque había perdido la batalla legal, Pinochet y sus asesores lograron generar una fuerte presión sobre el Gobierno británico de Tony Blair, y convencer a su ministro de Interior, Jack Straw, de la supuesta fragilidad de la salud del ex dictador, razón por la cual ordenó su liberación por razones humanitarias el 2 de marzo de 2000.
De inmediato, Augusto Pinochet fue llevado al avión que lo estaba esperando y trasladado a Chile, donde se mostró lo suficientemente fuerte para caminar y elevar sus brazos en señal de victoria.
Straw publicó en 2012 sus memorias bajo el título “Last man standing”. Ahí dijo que cometió un grave error. Pinochet “engañó al sistema británico y escapó del juicio que merecía tener. Realmente, lamento no haber sido capaz de entregar a Pinochet al juez Garzón. (…) Pinochet era uno de los peores dictadores de la posguerra y es muy frustrante que no fui capaz de llevarlo al banquillo”.
Porque si bien había perdido el plebiscito de octubre de 1988 y entregado el Gobierno en marzo de 1990, Pinochet mantuvo su influencia y poder en la escena política chilena y siguió siendo un gran referente para la derecha local. De hecho se mantuvo como jefe del Ejército hasta marzo de 1998 e inmediatamente después asumió como senador vitalicio.
Pero una vez que estuvo otra vez en territorio chileno, ese peso se devaluó abruptamente: se abrieron procesos en su contra, fue desaforado, pasó por períodos de arresto domiciliario, su defensa alegó graves problemas de salud por lo que dejó de aparecer en público y debió renunciar a su escaño, fue acusado de malversación de fondos públicos y muchos de sus otrora partidarios comenzaron a tomar distancia.
Cuando se cumplen 20 años de su arresto en la capital británica, el legado y figura de Augusto Pinochet siguen a la baja. Así, bienes, propiedades y dineros por un valor de 1,6 millones de dólares que el ex gobernante heredó a su esposa, hijos y nietos al momento de su muerte hace casi 12 años (10 de diciembre de 2006), hoy se encuentran retenidos por las autoridades.
Y la semana pasada fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado una demanda judicial para que la familia del dictador devuelva unos 16 millones de dólares considerados como de “origen ilícito”, como consecuencia del llamado caso Riggs, que estalló en 2004.
Políticamente, en los últimos años algunos de quienes fueron sus más fervientes partidarios han comenzado a tomar distancia. El caso más llamativo es el del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), hoy en la coalición de gobierno, que en 2016 eliminó de sus estatutos el artículo que hacía referencia al golpe de Estado de 1973.
Y este año, con motivo del 30° aniversario del triunfo del “No” a Pinochet en un plebisicto, el presidente Sebastián Piñera encabezó un acto en La Moneda con sus ministros, muchos de los cuales fueron partidarios y funcionarios de la dictadura, para conmemorar ese referendo. Un acto en el que destacó que ese hito “representó un gran triunfo para nuestra democracia y abrió las puertas hacia una transición ejemplar”.
La detención de Augusto Pinochet Ugarte se produjo la noche del 16 de octubre de 1998 cuando agentes de la Policía Metropolitana de Londres ingresaron a su habitación en la London Clinic, donde estaba internado tras someterse a una operación de hernia discal lumbar. La orden para privarlo de libertad había sido dictada por el juez español Baltasar Garzón, quien investigaba a Pinochet por los crímenes a ciudadanos españoles durante su régimen (1973-1990).
Tras gobernar Chile por 17 años, el ex gobernante entonces de 82 años acababa de entregar la comandancia en jefe del Ejército en marzo de aquel año, un día antes de asumir como senador vitalicio, figura reservada entonces por la Constitución para los ex presidentes. Y fue con esa categoría y con pasaporte diplomático que llegó a Londres.
Su detención provocó un enorme revuelo en Chile y en buena parte del mundo y de inmediato se pusieron en marcha una serie de estrategias legales tanto de la defensa como de los acusadores. Además, su detención hizo que otros países europeos, como Suecia, Alemania, Francia y Bélgica se interesaran por obtener su extradición o al menos que compareciera ante sus tribunales.
Apenas nueve días después del arresto, un avión-hospital de la Fuerza Aérea de Chile se instaló en una base del norte de Londres a la espera de poder llevar cuanto antes de regreso al ex gobernante. Sin embargo, la batalla legal se extendería por 16 meses y Pinochet tendría que celebrar sus 83 y 84 cumpleaños privado de libertad.
“No reconozco la jurisdicción de ningún tribunal excepto el de mi país para que juzgue todos los embustes que han dicho los señores de España”, dijo Pinochet con voz fuerte y clara ante la Justicia británica en diciembre de 1998.
La lucha por la extradición de Pinochet a España pasó por el Tribunal Superior de Londres, dos veces por la comisión jurídica de la Cámara de los Lores y por el tribunal londinense de Bow Street. el ex militar, que estuvo bajo arresto domiliciario, fue sometido a periódicos exámenes de salud, como estrategia de la defensa para argumentar que no estaba en condiciones para ser sometido a juicio.
Llamativamente, el Gobierno chileno de centroizquierda pidió la liberación de Pinochet, argumentó que el dictador debía ser juzgado en Chile y elevó protestas ante los gobiernos de España y de Reino Unido.
El general en retiro cosechó casi solo derrotas y si bien el juez Garzón ampliaría los cargos contra Pinochet, los Lores restringieron los crímenes por los que el ex gobernante chileno podía ser juzgado a los de tortura y conspiración para la tortura tras 1988. Así se dio luz verde a su extradición a España por un delito de conspiración y 35 casos de tortura. Cinco de esas víctimas acabaron siendo asesinadas.
Aunque había perdido la batalla legal, Pinochet y sus asesores lograron generar una fuerte presión sobre el Gobierno británico de Tony Blair, y convencer a su ministro de Interior, Jack Straw, de la supuesta fragilidad de la salud del ex dictador, razón por la cual ordenó su liberación por razones humanitarias el 2 de marzo de 2000.
De inmediato, Augusto Pinochet fue llevado al avión que lo estaba esperando y trasladado a Chile, donde se mostró lo suficientemente fuerte para caminar y elevar sus brazos en señal de victoria.
Straw publicó en 2012 sus memorias bajo el título “Last man standing”. Ahí dijo que cometió un grave error. Pinochet “engañó al sistema británico y escapó del juicio que merecía tener. Realmente, lamento no haber sido capaz de entregar a Pinochet al juez Garzón. (…) Pinochet era uno de los peores dictadores de la posguerra y es muy frustrante que no fui capaz de llevarlo al banquillo”.
Jurisdicción universal, el principio que permitió detener a Pinochet
La detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet hace 20 años en Londres marcó un hito en la aplicación de la jurisdicción universal, el principio que permite perseguir y juzgar crímenes graves independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de autores y víctimas.
Entre esos crímenes se incluyen el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada, según la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), firme impulsora de la jurisdicción universal.
Su funcionamiento se articula en tribunales nacionales, la Corte Penal Internacional (CPI) creada para investigar y juzgar crímenes de derecho internacional en 1998 y otros tribunales especiales establecidos para situaciones concretas como las de Camboya, Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona.
La Justicia española hizo un uso intensivo del principio los últimos años para juzgar o investigar también a responsables de las dictaduras de Argentina o Guatemala o presuntos crímenes de Israel contra los palestinos o de China contra el Tíbet.
El Gobierno del conservador Mariano Rajoy (2011-2018) introdujo importantes restricciones a la justicia universal en 2014 aprovechando la mayoría de su Partido Popular (PP). El nuevo Ejecutivo de su sucesor, el socialista Pedro Sánchez, trabaja ahora para revertirlas.
Entre esos crímenes se incluyen el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada, según la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), firme impulsora de la jurisdicción universal.
Su funcionamiento se articula en tribunales nacionales, la Corte Penal Internacional (CPI) creada para investigar y juzgar crímenes de derecho internacional en 1998 y otros tribunales especiales establecidos para situaciones concretas como las de Camboya, Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona.
La Justicia española hizo un uso intensivo del principio los últimos años para juzgar o investigar también a responsables de las dictaduras de Argentina o Guatemala o presuntos crímenes de Israel contra los palestinos o de China contra el Tíbet.
El Gobierno del conservador Mariano Rajoy (2011-2018) introdujo importantes restricciones a la justicia universal en 2014 aprovechando la mayoría de su Partido Popular (PP). El nuevo Ejecutivo de su sucesor, el socialista Pedro Sánchez, trabaja ahora para revertirlas.
Texto: DPA / Foto: Especial
